Un importe que el Ejecutivo estima en 2.000 millones, pero que el sector eleva a hasta 5.000
ALICANTE. El 'rescate' de la segunda circunvalación de Alicante, la prolongación de la AP-7 construida y explotada hasta 2018 por Ciralsa (participada por (ACS, Abertis y Globalvía), le costará de momento a las arcas públicas 307 millones de euros, como ha venido contando este diario. Una cantidad de la que el mayor 'bocado', más de 276 millones de euros, se corresponde con la ejecución de la obra a cargo de la antigua concesionaria. La cifra se completa con el importe de las expropiaciones, se revisa al alza con los intereses de demora y se minora mínimamente por el valor final de las citadas expropiaciones.
La 'factura' por la quiebra de Ciralsa en 2017 ha cobrado carta de naturaleza este viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, que aprueba la resolución para liquidar el contrato y determinar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), al no haber compensado la concesionaria la inversión realizada con la explotación de la infraestructura. La RPA final asciende en realidad a 320 millones de euros, según la resolución, pero el Estado retiene "provisionalmente" 13,9 millones de euros "hasta la liquidación de situaciones pendientes".
Esta cifra sale de sumar los citados 276,6 millones de euros de RPA por la ejecución de las obras, otros 77,8 millones por las expropiaciones necesarias para realizarlas (en total, la inversión asciende a 336,4 millones), y minorarla en 15,57 millones por las expropiaciones. A este importe, tal como señala la citada resolución, "debe sumarse el interés por el retraso en la determinación de la RPA", devengado una vez transcurridos dos meses desde que se acordó la resolución del contrato (abril de 2018) hasta el día en que el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo. Es decir, más de cuatro años y medio. En este sentido, el tipo de interés será del 8%, tal como establece la ley de medidas contra la morosidad de 2004.
Publicado el acuerdo en el BOE este viernes, se abre un plazo de sesenta días para que el Estado abone los 306,9 millones de euros a una Ciralsa en liquidación, de la que ACS posee el 50%, Abertis un 25% y Globalvia el otro 25%. Nuevamente, el acuerdo señala que transcurrido ese plazo que comienza a contar este viernes, se volverá a aplicar un 8% de interés de demora adicional al que ya se ha devengado por el retraso en determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración (que quedó establecida definitivamente en sentencia del Tribunal Supremo junto con la del resto de autopistas rescatadas.
Ciralsa se creó en 2004 (con Abertis, Caja Madrid y Dragados como fundadores) para asumir la construcción y explotación de la circunvalación de peaje de Alicante. En 2013, con una intensidad media diaria muy por debajo de lo esperado (solo se alcanzan los 11.000 vehículos diarios previstos en los dos meses de verano) y tras varios años de crisis, la concesionaria se declaró en concurso, y en 2017 se abrió la fase de liquidación. El Estado se hizo cargo de la infraestructura en abril de 2018 y, pese a que valoró volverla a licitar y luego retirar los peajes al mismo tiempo que en la AP-7 (enero de 2020), finalmente mantiene la explotación en los mismos términos.