ALICANTE. La ampliación de superficie apta para la implantación de empresas en el área industrial de Las Atalayas de Alicante se atasca entre trámites administrativos. La modificación puntual número 43 del PGOU promovida por el Ayuntamiento con la que se pretendía ganar cerca de 650.000 metros cuadrados en los bordes del actual recinto del polígono queda sujeta ahora a una nueva fase de recopilación de informes entre administraciones afectadas por dicha propuesta, después de que se haya adaptado el planteamiento inicial para solventar los requerimientos de subsanación planteados por la Conselleria de Medio Ambiente.
En concreto, esas correcciones tratan de introducir garantías frente al riesgo de inundabilidad advertido tanto por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como por el departamento autonómico de Planificación Territorial, a partir de las delimitaciones recogidas en el Plan de Actuación Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), en la medida en que parte de la propuesta de ampliación original afectaba a una zona de rambla, en el entorno del cauce del Barranco de las Ovejas, de modo que se había llegado a solicitar la planificación de un muro de contención que evitase posibles avenidas en caso de lluvias persistentes.
La Concejalía de Urbanismo ya ha adaptado la propuesta de cambio de planeamiento tras ajustar el ámbito de la ampliación planteada, en el que quedaría excluido el extremo expuesto a ese mayor riesgo potencial de inundabilidad, al descartarse la incorporación del suelo situado en el entorno de las actuales instalaciones de Sprinter, toda vez que la compañía habría postergado sus planes de crecimiento (sin renunciar a ellos) e, incluso, podría optar por canalizar su expansión entre los límites de su parcela actual. Además, se habrían introducido todas las medidas correctoras planteadas por el departamento autonómico. Así que la propuesta queda pendiente de que se emita el informe de evaluación ambiental favorable para que pueda desarrollarse, con la generación de unos 300.000 metros cuadrados netos, una vez descontada la superficie de viales, en los que se incluye un nuevo acceso al polígono para facilitar su enlace con la A-31 y con la A-7, así como la construcción de una nueva rotonda diseñada con el objetivo de mejorar la organización de la distribución de los tráficos.
Medio Ambiente analiza ahora esa nueva propuesta municipal para supervisar la idoneidad de las correcciones introducidas y volverá a abrir un nuevo periodo de consultas a las administraciones públicas implicadas antes de que pueda ponerse fin a esa evaluación y, en su caso, dictarse una resolución favorable, según precisan fuentes del departamento autonómico. Por el momento, se desconoce qué plazo podría resultar necesario para que se cubra la que debería ser la última fase de la tramitación del cambio urbanístico propuesto, que se registró formalmente en el año 2022. Con todo, lo cierto es que viene planificándose al menos desde el mandato 2015-2019, cuando se iniciaron conversaciones con la entidad pública empresarial SEPES (propietaria de la mayor parte de los terrenos del entorno del polígono) con el fin de abordar su crecimiento.
El equipo de gobierno persiste en sus planes para generar 3 millones de metros de suelo apto para la instalación de empresas en este mandato
Esos contactos se concertaron ante la evidencia de que el área empresarial se encontraba ya entonces prácticamente al límite de su capacidad para acoger la implantación de nuevas compañías, toda vez que se habría agotado la disponibilidad de parcelas del tamaño requerido para que pudiese promoverse la construcción de nuevas naves. Esa situación también estaría lastrando los planes de algunas compañías preexistentes para ampliar sus instalaciones actuales, como sucede en el caso de Jimten (Aliaxis), por ejemplo.
Entre tanto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), sigue manteniendo que la creación de suelo industrial es uno de los objetivos principales de este mandato con la previsión de que pueda habilitarse la generación de hasta tres millones de metros cuadrados para la instalación de empresas. En ese objetivo se incluiría la superficie destinada a la expansión del parque científico de la Universidad de Alicante (UA), como defendió el mismo alcalde, Luis Barcala, durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad, el pasado lunes.