Los ediles que han formado parte de la comisión de fiscalización del contrato de zonas verdes, al término de su última sesión.ALICANTE. Contra casi todos los pronósticos, la comisión de fiscalización sobre el servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante durante el periodo comprendido entre 2012 y 2020 se cierra, no con una, sino con dos dictámenes de conclusiones distintos entre los cinco planteados por el conjunto de partidos que conforman la corporación municipal. Se trata de los propuestos por Vox y por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), que han sumado la mayoría necesaria para considerarse aceptados. Eso sí, con acuerdo mayoritario o no, la determinación de tales conclusiones -que se elevarán al pleno de diciembre para su toma en consideración- no ha evitado el enfrentamiento entre bloques.
Por partes. La propuesta formulada por Vox ha contado con el respaldo de los votos del bipartito y el rechazo de las tres formaciones que conforman el eje progresista: PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Como avanzó este diario, en ese planteamiento, Vox consideraba que -tras los trabajos de la comisión- no había quedado acreditada la falta de personal, el mal estado de los vehículos o la falta de mantenimiento en las zonas verdes de la periferia, como se sostenía en la denuncia pública formulada por los representantes de los trabajadores a cargo del servicio, a través del sindicato SEP. No obstante, sí se estimaba que, a la vista de la documentación analizada, se habría puesto de manifiesto el desarrollo de trabajos ajenos al objeto del contrato, pagados con cargo a las arcas municipales. En este sentido, planteaba que se aportase documentación adicional tras el cierre de la comisión para poder esclarecer ese extremo.
En segundo término, el dictamen planteado por el bipartito también ha quedado aprobada, aunque solo con el respaldo de sus dos componentes y la abstención de Vox. En concreto, en esa propuesta se rechazaba la existencia de anomalías y solo se admitía que el servicio pudo haberse visto mermado como consecuencia de los recortes presupuestarios que tuvieron que aplicarse durante su licitación, por efecto de las recortes impuestas a través del Plan de Ajuste al que el ayuntamiento se encontraba sometido en ese momento (año 2012). Además, en esa propuesta de conclusiones, los dos socios de gobierno atribuían el retraso en la llegada de la nueva contrata al extinto tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, al no iniciar el proceso de licitación en los dos años en los que tuvieron responsabilidad de gobierno.
El edil de Medio Ambiente se compromete a mantener nuevas reuniones para aportar la documentación adicional reclamada por Vox
Es más, en esta línea, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha recriminado este miércoles a los representantes del anterior tripartito "que venciera el anterior contrato de mantenimiento tres meses después de dejar el gobierno municipal -tras tres años en su gestión- sin que hubieran iniciado los trámites para la licitación del nuevo, que ha obligado a mantener el servicio fuera de contrato hasta la adjudicación del actual a finales de 2020". Además, ha apuntado que el PP asumió el gobierno municipal en abril de 2018 "y a los tres meses terminaba este contrato sin que el tripartito en el gobierno municipal durante los tres años anteriores hubieran iniciado trámite alguno para su contratación, ni hubiera mejorado el mismo al no haber presentado ninguna modificación durante su etapa al frente del gobierno municipal", según han apuntado fuentes municipales, a través de un comunicado. "De los seis años del contrato tres lo gestionaron ustedes", ha señalado Villar, al referirse a los ediles de las tres formaciones progresistas.
De igual modo, ha subrayado que la anterior empresa concesionaria (Geamur) "tuvo que hacer frente al mantenimiento de 44 nuevas zonas verdes habilitadas en la ciudad que no estaban en el contrato y que se generaron durante su vigencia, sin que se introdujeran modificaciones para reforzar el servicio". Así, tanto Villar como el portavoz del equipo de gobierno y edil de Cs, Antonio Manresa, han reprochado a la oposición "que se mantuviera esta comisión" después de que la denuncia sindical "fuera retirada", por lo que "el objeto para convocar la comisión quedaba sin efecto; además de recordar que el firmante le pidió expresamente al grupo socialista que la denuncia no fuera utilizada de forma partidista".
De igual modo, según las mismas fuentes, en las conclusiones del equipo de gobierno se señala que "a la vista del desarrollo de las sesiones de la comisión, parece cada día más evidente que la reclamación de un sindicato fue la excusa que necesitaban -en referencia a PSOE, Unidas Podemos y Compromís- para poner en entredicho uno de los principales servicios de la ciudad". "Hay que recordar al grupo proponente, el grupo socialista, que hasta el 16 de noviembre de 2017 ostentaba la delegación de parques y jardines un Concejal de Guanyar Alacant (predecesores de Unidas Podemos) y hasta el día 19 de abril de 2018, un concejal socialista", se precisa en la propuesta de dictamen.
A este respecto, Manresa ha recordado que "el contrato finalizaba en julio de 2018 y que el tripartito tendría que haber iniciado 10 o 12 meses antes la tramitación de uno nuevo para evitar llegar a su término y dejar la prestación del servicio sin contrato". Villar ha añadido también que "la tramitación de la licitación del nuevo contrato la tuvo que iniciar el PP en el último año del pasado mandato, concretamente el 2 de octubre de 2018, partiendo de cero, y que se adjudicó a finales de 2020". "Por tanto, el pecado original en el tardío inicio de la tramitación es, precisamente, de los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron y que no son otros que el extinto tripartito", añade la propuesta de conclusiones de PP y Cs.
Además, el escrito de conclusiones del equipo de gobierno "da cumplida información a las distintas cuestiones planteadas y se incluye también una mención expresa de agradecimiento al anterior contratista por "llegar a todo a pesar de tener que atender 44 zonas verdes no contempladas en el contrato". Por último, el concejal de Medio Ambiente, después de respaldar la propuesta de conclusiones de Vox, se ha comprometido a mantener nuevas reuniones para ofrecer, junto a los técnicos, información con total transparencia sobre cualquier asunto que se considere oportuno.
Como era de esperar, las tres fuerzas opositoras del eje progresista han rechazado las argumentaciones del equipo de gobierno y de Vox para defender sus propios planteamientos. De hecho, sus tres propuestas de conclusiones distintas han recabado respaldos recíprocos con el equivalente, en los tres casos, a la suma de los votos de sus trece concejales. Después, cada uno de ellos ha ofrecido su propia valoración sobre el resultado de la comisión.
En esta línea, el PSOE ha considerado que el conjunto de la izquierda comparte como "acreditados los incumplimientos de la contrata del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes realizada por la empresa Geamur hasta el año 2020" que la propia compañía viene negando desde que se constituyó la comisión.
Así, fuentes del partido han señalado, a través de un comunicado, que en los 26 folios de su propuesta de conclusiones, se refleja que "hubo falta de personal, maquinaria obsoleta, trabajos realizados fuera de contrato y de las funciones de la plantilla, entre otras ‘anomalías’ todas denunciadas por los propios trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Tras estas conclusiones, se certifica que ha habido en este período una alarmante falta de mantenimiento de las zonas verdes de Alicante y que desde el equipo de gobierno de Barcala se ha intentado tapar la mala gestión realizada. Incluso estas presuntas irregularidades ya fueron denunciadas al anterior concejal Israel Cortés (PP) y que, según el jefe de servicio, no se investigó esta segunda denuncia hasta que el PSOE actuó".
Para el PSOE, "son tan evidentes los incumplimientos, que incluso Vox plasma que hubo actuaciones fuera de contrato, y el bipartito ha avalado sus conclusiones", ha afirmado la edil socialista, Llanos Cano. "Nos parece inadmisible que por el PP y Cs se limiten a intentar tapar toda su responsabilidad, hablando del tripartito y atacando a la oposición, faltando a la verdad en su escrito donde se falta a la verdad de manera flagrante y a la coherencia porque no es posible que se diga que no existen incumplimientos pero que simultáneamente se eche la culpa al anterior tripartito de todos los males. No tienen excusa, está demostrado que esta investigación ha servido para destapar una serie de irregularidades a las que tiene que responder Barcala, pero que las tres derechas se cubren y al final no se depurarán responsabilidades ", ha concluido Cano.
Por su parte, la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha señalado que "cerramos otra comisión sin resolver las cuestiones fundamentales de los problemas que arrastran las grandes contratas de nuestra ciudad: falta de fiscalización por la falta de personal de la que adolece el Ayuntamiento de Alicante, malas condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, y pagos millonarios por servicios que resultan insuficientes".
Además, ha apuntado que "hemos puesto sobre la mesa la necesidad de estudio sobre remunicipalización que ayudaría a solventar estos problemas; durante el mandato anterior se llevó a cabo un estudio sobre el contrato de zonas verdes que arrojaba que el Ayuntamiento de Alicante ahorraría 7 millones de euros con la gestión directa del servicio". Romero ha recalcado que "termina la comisión y queda pendiente documentación a aportar, entre otra, la justificación de la duplicidad de facturas de certificaciones en el periodo en que Geamur ha prestado el servicio fuera de contrato, o asuntos sin resolver como el no haber cobrado los trabajos realizados a particulares", ha concluido.
Por último, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en el contenido del dictamen de conclusiones registrado por la coalición para subrayar que el trabajo de la comisión no tenía ningún sentido desde el momento en el que el equipo de gobierno había acordado proceder a la devolución de la fianza depositada por la anterior empresa concesionaria, ya que esa reintegro impedía que se pudiese acordar posibles minoraciones o deducciones en el caso de que se considerase necesario. Además, incidió en que "el Plan de Ajuste ha sido un elemento clave en los incumplimientos registradas en la prestación" y ha subrayado que "no se han llegado a aclarar los trabajos ajenos al objeto del contrato denunciadas por los trabajadores". Y, finalmente, ha incidido en que el servicio se prestó "con el contrato vencido durante 18 meses, con las consecuencias que ello implicaba en detrimento la renovación de maquinaria".
