El bipartito de Alicante recortará gasto corriente y subvenciones tras la suspensión de la plusvalía 

ALICANTE. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el método de cálculo del impuesto de las plusvalías municipales genera un contratiempo inesperado en la elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante de 2022 cuando, según fuentes municipales, se encontraba en su última fase de elaboración interna por parte del equipo de gobierno. No obstante, según las mismas fuentes, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ya estaría tratando de buscar soluciones, a la espera de que el Ministerio de Hacienda concrete un nuevo sistema para su baremación en una situación que afecta al conjunto de los ayuntamientos de España.

En esta línea, fuentes municipales han incidido en que la suspensión de la recaudación de ese tributo ha forzado al bipartito a plantear un "plan B" para la confección de las próximas cuentas, en las que se recoja la merma de 15 millones en ingresos: la recaudación habitual obtenida a través de ese impuesto que representa el 5% del presupuesto global. ¿En qué consiste ese plan alternativo? Según las mismas fuentes, con el capítulo de inversiones comprometido por la ejecución de proyectos plurianuales, no quedaría otra opción que aplicar recortes en los apartados de gasto corriente y en las subvenciones. Es decir, en los proyectos de las áreas que no son inversiones. 

Eso sí, según las mismas fuentes, "en ningún caso el Ayuntamiento de Alicante aplicará reducciones en los servicios públicos (limpieza, recogida de residuos,...), ni en el apartado de personal" del que se nutre el pago de las nóminas de la plantilla de trabajadores municipales (más de 2.000). Así, según las mismas fuentes, la Oficina Presupuestaria de la Concejalía de Hacienda, trabaja desde este miércoles en la elaboración de esa propuesta de planificación económica alternativa con el propósito de no demorar la tramitación del presupuesto.

Con todo, las mismas fuentes han apremiado al Ejecutivo central a actuar con rapidez para evitar "retrasos y recortes que sufrirían todos los ciudadanos", tras considerar que resulta "lamentable que con este Gobierno vivamos en un permanente estado de incertidumbre".

La modificación del proyecto presupuestario forzada por la sentencia del TC se produce en un contexto en el que PP y Cs todavía debían celebrar una nueva ronda de encuentros para ajustar las previsiones económicas, después de que varias de las áreas municipales hubiesen presentado un exceso de peticiones de gasto, según fuentes consultadas. De este modo, todavía no existía una fecha concreta para que la propuesta pudiese iniciar su tramitación administrativa, en la que debería abrirse un periodo de negociación con los grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox). 

En todo caso, las mismas fuentes incidieron en que se mantiene el objetivo de que el presupuesto pueda superar su aprobación inicial antes de que concluya 2021 con la intención de que pueda comenzar a ejecutarse como muy tarde entre los meses de enero y febrero. Será entonces cuando se acometa una primera modificación de crédito para incorporar el remanente de crédito del ejercicio actual con el fin de poder planificar nuevas inversiones para 2022, al margen de las ya previstas a través de la planificación plurianual aprobada este año.