Vehículos del servicio público de transporte en autobús de Alicante.ALICANTE. La convocatoria del concurso sobre el servicio de transporte público en autobús de Alicante no podrá cumplir, finalmente, con el primer plazo establecido por el Ministerio de Transición Ecológica para los proyectos subvencionados con fondos europeos. Las bases de la licitación siguen pendientes del visto bueno del departamento de Intervención, por lo que no se han podido aprobar en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario, este mismo miércoles, como barajaba el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
En principio, se estima que la convocatoria -que parte con un presupuesto de licitación de 186 millones por un periodo de diez años- pueda quedar validada en el margen de los próximos dos o tres días, en cuanto concluya la supervisión técnica del área de Intervención, que habría requerido de un tiempo adicional para revisar las condiciones de un contrato complejo, al que se añade la dificultad de encontrar encaje para las aportaciones europeas preconcedidas en el marco del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) planteado por el Ayuntamiento.
En concreto, en ese proyecto se incluye la adquisición de autobuses eléctricos que se incorporarán a la futura flota del servicio, con una asignación de 2,5 millones, y la instalación de un punto de carga eléctrica para esos vehículos en las cocheras adscritas al servicio, por otros 1,5 millones. Además, en ese proyecto también se contempla la digitalización del transporte público con pago y sistema de asistencia a la explotación (SAE) vinculado a la iniciativa Alicante Se Mueve, con otros 1,7 millones. Fuentes del bipartito consultadas precisan que los concursos para esos tres proyectos se aprobarán de forma paralela, en los próximos días. Bien en una Junta de Gobierno extraordinaria, antes de que concluya esta semana, o bien en la semana próxima.
Para entonces, también debería aprobarse la licitación de otro concurso vinculado al de la operativa del servicio: el que atañe a la venta de los títulos (bonos) que, por primera vez, se pretende encomendar de forma separada, con un presupuesto de partida de 2,3 millones.
¿Qué incidencia puede tener el incumplimiento de ese plazo inicial habilitado por el Ministerio de Transición Ecológica en la concesión de los fondos europeos preconcedidos para el desarrollo de esa ZBE? Por ahora se desconoce. La previsión con la que trabaja el equipo de gobierno es que no llegue a establecerse ninguna penalidad, en forma de minoración en esa subvención, puesto que el ministerio se habría decantado ya por ampliar ese plazo inicial hasta el 15 de julio, toda vez que la mayoría de los ayuntamientos beneficiarios de esa subvenciones no se habría podido ajustar a los tiempos establecidos en la convocatoria.
Así, salvo contratiempo adicional inesperado, el bipartito contaría con la posibilidad de aprobar la convocatoria de los tres concursos antes de que venza ese segundo plazo, todavía no comunicado de forma oficial. En todo caso, la penalización prevista sería del 5% por cada mes de retraso en ese plazo, según explicó este martes el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral, en la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno celebrada este martes.
Además, fuentes del equipo de gobierno han recalcado que se habría conseguido licitar 9 de los 12 proyectos incluidos en la propuesta de ZBE, con lo que se alcanzaría "el 80% de todos los aprobados, que es el mínimo exigido". Así, las mismas fuentes han incidido en que "se espera que pueda haber una prórroga y que puedan entrar" los tres proyectos pendientes. "Esta misma situación la están viviendo el resto de ayuntamientos, que ya pidieron a través de la FEMP dicha ampliación de plazos", han proseguido las mismas fuentes, que han remarcado que, en realidad, es el "30 de junio cuando se cumple el plazo para presentar la documentación administrativa, aunque hoy era el límite para sacar a concurso los proyectos".
Sea como fuere, la constatación de ese retraso respecto al plazo previsto inicialmente ha motivado ya las primeras reacciones políticas por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición. Así, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "como temíamos, no se ha llegado a licitar los contratos y proyectos relacionados con la renovación del servicio urbano de autobuses, lo que significa poner en riesgo parte del dinero financiación europea que se esperaba tener. Es un fracaso más a acumular en la cuenta de la pésima gestión de Barcala y su bipartito". En esta línea, ha señalado que "ahora, se tendrá que pedir prorrogas al ministerio para no perder financiación de los fondos europeos, pero, de momento el bipartito vuelve a no llegar a tiempo a cumplir con los plazos y compromisos marcados".
Lo cierto es que el concurso sobre la prestación del servicio de transporte ya sufre un retraso acumulado que obligó al actual equipo de gobierno a conceder una prórroga extraordinaria a su operador (Masatusa, del grupo Vectalia) por dos años de duración, en julio de 2019, y una segunda prórroga forzosa hasta que se consiga disponer de un nuevo adjudicatario, aprobada en julio de 2021.
