La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha desestimados el recurso de reposición interpuesto por el agente urbanizador del PAU - 1 Murtal, Prometosa Construcciones. Como ya explicara Alicante Plaza, iba contra el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local del pasado 2 de octubre, en el que se le daba 10 días para que presentara los justificantes del abono o consignación de las indemnizaciones a los acreedores netos. Se trataría de un pago a cuatro acreedores que asciende en total a 62.575,01 euros.
Al parecer, esta deuda no es la primera vez que le requieren para que la abone. El origen está en que hay propietarios que con el suelo que tienen, no completan una parcela entera, por lo que se les tiene que compensar.
Según pone en el escrito desestimatorio de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, firmado el 6 de febrero, es de vital importancia para que se lleve a cabo la inscripción de la "reparcelación en el Registro de la Propiedad y la continuación del programa".
Todo ello lo hacen basándose en un informe jurídico fechado el 26 de enero de 2018. Éste rechaza uno por uno los fundamentos de la empresa. En primer lugar, niega que el acuerdo produzca ningún daño "ni perjuicio irreparable a la mercantil recurrente", como así aseguraba esta última. En este sentido, indica que este pago era conocido por Prometosa.
Además, indican que este cobro en su caso podrían girarse a los propietarios que pagan en metálico. No obstante, el informe indica que "hasta la fecha el urbanizador no ha realizado ante el Ayuntamiento ni una sola gestión tendente a que se pueda girar a los propietarios".
El informe es claro: Lo que "impide la continuación del procedimiento" no es, "como pretende la mercantil, que pague las indemnizaciones de los acreedores netos, sino justo lo contrario, es decir que no las pague. Mientras no se paguen las indemnizaciones que corresponde cobrar a los acreedores netos no se puede inscribir", afirman, "por tanto no puede comenzar la obra de urbanización". Es más, indica que "la negativa al pago de las indemnizaciones supone un pulso al Ayuntamiento en la medida en que el urbanizador está manteniendo bloqueada la ejecución del PAI y está poniendo en riesgo su propia viabilidad".
Asimismo, el abogado que firma el escrito considera que el recurso de la empresa puede ser una "burla" hacia el Ayuntamiento o "denotaría una evidente incapacidad del urbanizador para asumir la ejecución del PAI". Éste se basa en que alega supuestos "perjuicios irreparables" para la empresa. Para ello, recuerda que el total de la urbanización llegaría a los casi 12 millones de euros, una cantidad superior si se tiene en cuenta que se les reclama el adelanto de 62.000 euros. El segundo supuesto sería que el agente urbanizador no podría asumir estas obras, por lo que aconseja al Ayuntamiento que haga un "estricto control de la actividad de ejecución del PAI".
En su segunda consideración ponen de manifiesto que el agente urbanizador sabía que tenía que hacerse cargo de este pago. En la tercera reconocen el derecho de incautar el aval si no cumple con el programa y en su cuarto fundamento defienden que este pago es legal y está conforme a derecho.
