Eduardo Dolón y César Sánchez, en un pleno de la Diputación. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dos agentes de la policía judicial se han personado en la mañana de este martes en en la Diputación de Alicante, según un comunicado de la institución provincial, para solicitar información respecto al caso relacionado con los contratos de gestión policial, y que se ha saldado con registros en numerosos ayuntamientos de España y una quincena de detenciones. "En ningún caso se trata de un registro, sino de una petición de información", señala la nota.
La Diputación de Alicante asegura que no ha adjudicado ningún contrato a la empresa que aparece en la investigación, y sobre la que se ha solicitado información a la administración provincial. No obstante, Gespol SL sí opta (junto a una segunda empresa) a un contrato que está licitando en estos momentos la institución, pero que aún no se ha resuelto. Se trata de la compra de un software, a través de la central de compras de la Diputación, para que los ayuntamientos adheridos coordinen la acción de sus respectivas policías locales.
El vicepresidente primero del Gobierno Provincial, Eduardo Dolón, defiende en el comunicado que "se trata simplemente de un requerimiento de información y no de registro alguno ni de ninguna otra medida excepcional". Además, Dolón ha avanzado que "los Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante están preparando un expediente en el que se informará detalladamente de la documentación que se nos ha solicitado que es un procedimiento que entra dentro de la normalidad institucional e interadministrativa y que no implica ninguna otra acción posterior".
Finalmente, el vicepresidente ha insistido en que dentro de esta operación llevada a cabo por la UDEF ha habido registros en algunos ayuntamientos españoles, "pero no es el caso de la Diputación de Alicante, donde solo se ha procedido a solicitar información. Hay que ser prudentes y no aventurar titulares ni hechos que no se han producido. Hay que dejar actuar a la justicia, ser cautelosos y mantener la tranquilidad", ha apostillado.
Como ha publicado Alicante Plaza, entre los ayuntamientos investigados en la macrooperación policial denominada Operación Enredadera se cuentan cuatro de la Comunitat: San Vicente del Raspeig, la Diputación, Gandia y El Puig. El juez de Badalona que dirige la investigación trata de determinar si se han producido amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico. Así, ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. En el caso de la Comunitat, se ha tratado de requerimientos de información, y de momento no hay detenidos.
