ALICANTE. La planta solar de 8,6 megawatios promovida por Besolar Energy SL -una de las filiales españolas de la multinacional suiza especializada en energías renovables y telecomunicaciones, EBL-, no podrá desarrollarse en la partida de Fontcalent de Alicante por su potencial impacto sobre suelo forestal de dicho ámbito. Esa es, cuando menos, la justificación conferida por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Transición Ecológica en los informes en los que se deniega la autorización solicitada -anticipados parcialmente por colectivos ecologistas que alegaron en su contra-, al considerar que el desarrollo de la instalación fotovoltaica podría acelerar la erosión de los terrenos y, por tanto, su tendencia a la desertificación.
En concreto, dichos informes -emitidos el 1 de junio y el 22 de julio- concluyen que "las ubicaciones donde se pretende realizar las obras de la planta solar fotovoltaica están ubicados íntegramente sobre terreno forestal, en zona de clima semiárido" que presentan "un riesgo de erosión potencial > 10 tm/ha/año (entre 15 y 40 tm/ha/año)". Y añaden que, "a causa de la escasa productividad bioclimática, estos terrenos presentan una gran dificultad para la presencia de verdaderos bosques de forma estable, incluso en algunos casos ni siquiera de formaciones frutescentes de talla menor, constituyendo verdaderos subdesiertos".
En este sentido, dichos estudios resaltan que esas zonas "se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad frente a desestabilizaciones que, aunque no sean especialmente intensas, pueden ser suficientes para desencadenar la pérdida irreversible de las formaciones vegetales existentes, siendo además muy costosa su restauración o recuperación".
Por ello, dichos informes señalan que "la gestión forestal de estos ecosistemas enfocada a la maximización de la infiltración, en detrimento de la escorrentía, y la mejora de la cubierta vegetal de las zonas con erosión alta o muy alta (>50 t/ha/año), aumentando la cobertura vegetal por encima del 40%, será fundamental para mejorar el servicio de regulación de avenidas, especialmente en las áreas detectadas de mayor necesidad. Así como una gestión orientada a mantener la estabilidad de las masas en las zonas donde actualmente la cobertura de vegetación es suficiente. Por lo tanto, se considera que estas zonas deben ser gestionadas y mantenidas en su carácter forestal para mantenimiento de los servicios ambientales que proporcionan, tales como: lucha contra la desertificación, conservación de suelos, su importancia paisajística, etc".
El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos, remitió dichos estudios a la empresa promotora de la instalación con el fin de que formulara alegaciones. Pero, tras su estudio, quedaron desestimadas, por lo que se confirmó la denegación del permiso solicitado, en una resolución fechada el 13 de octubre a la que ahora se da carta de naturaleza tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). Su difusión llega en plena controversia política en el seno del Consell del Botànic sobre el desarrollo de proyectos para la implantación de energías renovables y el cumplimiento de los objetivos de generación establecidos por la Unión Europea (UE), como ha informado este diario.
No obstante, lo cierto es que la resolución denegatoria todavía no pone fin al proceso administrativo, en la medida en que cabe la posibilidad de que se interponga un recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Y, después, quedará abierta la vía del recurso contencioso en el que la compañía podría tratar de que fuese el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) quien revirtiese el acuerdo. Hasta ahora, no ha trascendido si Besolar Energy ha emprendido ya el camino del recurso de alzada para defender la viabilidad de su iniciativa, como parece probable. En todo caso, en esa hipótesis, todo parece indicar que el proyecto también debería superar el filtro de la suspensión de licencias promovida por el Ayuntamiento de Alicante, con el fin de regular el desarrollo de plantas solares a través de una modificación puntual del PGOU vigente.
Su propuesta planteaba una inversión de 6,4 millones para desarrollar un campo generador de 14.560 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de 14,6 hectáreas situadas en el entorno del saladar de Fontcalent, según concretaron colectivos ecologistas como Amigos de los Humedales del Sur (AHSA) y Ecologistas en Acción que formularon alegaciones contra la instalación.
