EL CAMPELLO. El Ayuntamiento de El Campello ha ahorrado 100.000 euros en tres años (2020, 2021 y 2022) desde que regularizó el contrato de la depuradora de Cala Baeza. La Generalitat ha financiado la explotación de los últimos tres años (2020, 2021 y 2022), abonando en cada ejercicio 31.416 euros, ingresando una cantidad trimestre por trimestre. En concreto, de 2022 falta por pagar el último trimestre, lo que suponen 7.854 euros en favor del Ayuntamiento de El Campello para hacer frente al gasto, que es competencia de la Generalitat, mediante la Entitat de Sanejament d'Aigües (Epsar).
También en 2020, el Ayuntamiento solicitó a la Epsar que financiara el mantenimiento de la depuradora desde 2008, cuando empezó a funcionar. Una financiación que llegó solo para estos tres últimos años, ya que anteriormente se estuvo prestando con contratos menores y no con uno adjudicado por licitación durante un tiempo determinado. Esta acción -la de los contratos menores- es la que mantiene a los dos últimos alcaldes, Juanjo Berenguer (PP) y Benjamí Soler (Compromís), en juicios por presunto fraccionamiento de contrato.
Tras financiar la Epsar los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, cuando acabe el año finalizará el acuerdo entre el Ayuntamiento y la entidad de saneamiento, por lo que se tendrá que renovar para que la Generalitat Valenciana siga financiando, a través de la Epsar, el gasto del servicio de la depuradora de Cala Baeza. Según declaró en el pleno de noviembre el concejal responsable, Rafa Galvañ (PP), no sabía en qué situación se encontraba y prometió informarse. Pero documentos a los que ha tenido acceso Alicante Plaza apuntan a que sí se está tramitando un nuevo acuerdo entre el consistorio campellero y la Epsar.
El portavoz de Esquerra Unida (EU), Pedro Mario Pardo -quien denunció los presuntos fraccionamientos de contrato por la depuradora y la fuente del Centenario-, ha calculado que "la merma económica para el municipio ha sido de 450.000 euros por haberse costeado irregularmente la depuradora desde que se puso en funcionamiento en 2007" hasta 2020, cuando se licitó el contrato para prestar el servicio. "Dinero que se podría haber destinado a otras necesidades del municipio", ha señalado.
Pese a las solicitudes de EU para que se regulara el servicio, no fue hasta que la formación presentó la denuncia en el juzgado en 2019 cuando los responsables iniciaron la licitación, como exige la Ley. "Gracias a esta denuncia, esos 100.000 euros se pueden invertir en otras necesidades del municipio. Y esto demuestra cómo, aunque a veces sea duro tomar decisiones tan drásticas, compensa comprobar que mejoramos la gestión de los servicios públicos", ha manifestado Pardo.
En esta línea, el portavoz de la formación de izquierdas ha recordado que "Contratación, Intervención y Secretaría advirtió a los equipos de gobierno actual y pasados de una posible ilegalidad que podría conllevar un supuesto de responsabilidad administrativa de autoridades, responsabilidad penal de autoridades y responsabilidad contable de autoridades, al darse un posible fraccionamiento de contrato. Se trata de una vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato debido ausencia de procedimiento legal de contratación", ha comunicado.
