Cunden las subidas del IBI y de la tasa de residuos: los alcaldes necesitan 'cash' y cubrir costes 

ALICANTE. Las subidas del Impuestos de Bienes Inmuebles y de la tasa de recogida de basuras comienzan a cundir en los ayuntamientos de la provincia de Alicante. Da igual que los ciudadanos votaran el pasado 28M y se prometieran rebajas fiscales. Por razones diferentes, pero ya son unos cuantos consistorios que están actualizando estos días -con dos meses de antelación de aprobar los presupuestos- sus ordenanzas fiscales para que puedan entrar en vigor en el presupuesto de 2024. Por una parte, los ayuntamientos suben el IBI porque es un impuesto que genera ingresos liquidos a las arcas municipales, y por otra, suben la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, con otra finalidad. En algunos casos, por un aumento del canon de los vertederos; en otros, porque deben cumplir con la normativa europea y estatal. Y esta obliga a que el servicio se cubra con los recibos, sin aportaciones de los ayuntamientos, lo que augura nuevas subidas ante de 2025, cuando entrará en vigor.

De momento, la subida de la presión fiscal no entiende de siglas: la están aplicando PP, PSPV o Compromís, sin distinción. Por el norte, Dénia, Ondara, Gata, Benissa, Altea, La Nucía, l'Alfàs o Benidorm. Pilar de la Horadada, Redován, Rojales o Guardamar del Segura. Esta semana lo hará Santa Pola. Por citar algunos ejemplos. Si los alcaldes quieren disponer de esos ingresos extra deben hacerlo con tiempo para exponer las ordenanzas fiscales, estudiar alegaciones y lograr que las subidas sean firmes y formen parte del presupuesto de 2024. En esta oleada de incrementos también se incluyen otros tributos, como el de vehículos tracción mecánica, plusvalías o tasas municipales por el uso de instalaciones públicas. 

La subida del IBI supone ingresos para tener más margen de maniobra en las cuentas de 2024. Detrás de estas decisiones hay muchos argumentos. Por ejemplo, los consistorios tienen que hacer frente a las subidas salariales de los funcionarios aprobadas en el Congreso de los Diputados; los aumentos de los costes energéticos o la necesidad de financiar inversiones o mantener la oferta y calidad de servicios municipales. Estos es lo que ha defendido los alcaldes impulsores de la medida. Quizás la más elevada fue la de Benidorm, del 23%. Santa Pola ultima una subida del 28%, según ha denunciado este lunes la oposición. 

La tasa de basuras tiene más aristas: antes de 2025, hay que cubrir el coste con el recibo

Si el Impuesto de Bienes Inmuebles y otros impuestos se suben para generar cash en las arcas municipales, lo de la tasa de residuos tiene varias derivadas. Por una parte, están las subidas que han aprobado los ayuntamientos de la Marina Baixa y Alta para al nuevo canon del vertedero comarcal, ubicado en El Campello, derivado de la entrada en vigor de la nueva ley. Casi todas los incrementos rondan el 20%, aunque algunos como Benidorm, Altea o La Nucía superan esta cifra de manera holgada. En Novelda, la subida ha sido del 98%.

Y es que todos los ayuntamientos deberán costear el servicio de la recogida de residuos con el recibo que se pasa al ciudadanos, sin aportaciones de las cuentas municipales.  Y lo deberán hacer antes de 2025, como establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central.   

Este texto normativo concede ahora una moratoria de tres años para repercutir el coste del servicio de recogida íntegramente en el recibo del ciudadano. Es decir que los ayuntamaientos que no lo ajusten ahora, lo deberán hacer en 2024 para que entre en vigor  en 205.

Esa nueva ley establece un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Ese impuesto es de 30 euros por tonelada valorizada en un vertedero autorizado y debe ser asumido por los propios ayuntamientos. Es decir, el coste de la recogida será asumido íntegramente por el ciudadano, incluida la tasa de tratamiento del residuos, a 30 euros por tonelada tratada en el vertedero. 

La ley, en su artículo 11, apartado tres, dice:  "Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía".

Así que los ayuntamientos que ahora ha aplicado ese aumento de la tasa de residuos habrán incluido posiblemente el nuevo impuesto por tratamiento de tonelada valorizada, pero si no han incluido todo el coste, deberán hacerlo antes de 2025, como establece la ley estatal, autonómica y europea. Y los que no han aplicado ningún aumento ahora, a lo mejor lo debem revisar el próximo año.