Una máquina barrendera en el paseo de Niza de Playa de San Juan.ALICANTE. El futuro del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante comienza a despejarse bajo la gestión de FCC y PreZero: la alianza empresarial que se perfila como preadjudicataria de la prestación, según la clasificación de ofertas planteada este miércoles por la Mesa de Contratación municipal. El acuerdo de concesión del contrato debe aprobarse todavía en una próxima Junta de Gobierno, en cuanto se certifique que la UTE aporta toda la documentación requerida para la formalización de la adjudicación. A partir de ahí, se concertará una fecha para la firma del contrato y se procederá a desarrollar los trabajos previos para que pueda producirse el traspaso en la gestión del servicio por parte de la concesionaria actual (UTE Alicante) al nuevo conglomerado empresarial que le tomará el relevo.
En principio, no debería producirse una transición problemática, ya que FCC ya forma parte de la concesionaria actual (junto a Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) y PreZero vendría a ser heredera de Ferrovial al haber adquirido su división de medio ambiente y limpieza con la compra de Cespa. Ahora bien, no es un trabajo menor, ya que se debe elaborar un inventario sobre maquinaria y el resto de medios materiales asociados al servicio que se deben poner a disposición de los nuevos responsables.
Después, se producirá la firma del acta de inicio del contrato. Así que, salvo que pueda producirse alguna incidencia inesperada (como una hipotética impugnación administrativa respecto a la adjudicación), todo parece indicar que la entrada en servicio de los nuevos gestores podría esperarse para principios de 2023. Es decir, dentro del plazo previsto en la primera prórroga de dos años de duración prevista en el contrato de 2013 que se concedió a la concesionaria actual, en agosto del año pasado, pese a que tanto los dos partidos que conforman el equipo de gobierno (PP y Cs) como el resto de formaciones que concurrieron en las municipales de 2019 se comprometieron a licitar con antelación la renovación del servicio sin tener que conceder esa ampliación.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Limpieza, Manuel Villar, comprueban parte de la última maquinaria incorporada al servicio.La incorporación de FCC y PreZero conllevará la introducción de las mejoras previstas en el pliego de condiciones y las incluidas en la propia propuesta de la UTE. Entre ellas, figuraría la provisión de un compactador y una suerte de planta de transferencia propia para los envases en las instalaciones de la UTE, de modo que se pueda reducir el número de desplazamientos hasta la planta de transferencia de residuos de Vaersa en Benidorm. También se incluye la retirada de esa fracción de desechos una vez cada dos días, el refuerzo de la plantilla de barrenderos o la introducción del sistema de baldeo dual, entre otros puntos.
Eso sí, toda esa programación se llevará a cabo de manera gradual, como contempla el propio pliego de condiciones del concurso, en la medida en que parte de ellas requiere de la incorporación de nueva maquinaria para la que se contempla un periodo de adquisición y puesta en funcionamiento. Ese cronograma por fases también afecta a la implantación de la recogida selectiva para el residuos orgánico, que requiere de la distribución previa de los contenedores específicos, de color marrón, en las distintas rutas incluidas en la planificación. Así, su puesta en marcha también será progresiva, al ritmo en que se pueda posicionar esos nuevos contenedores, sobre los que ya se ha adjudicado su compra y suministro de las primeras 2.000 unidades a la empresa Contenur por un importe de más de 1,7 millones.
Al margen de ello, todavía quedarían al menos dos cuestiones relacionadas con la prestación de ese doble servicio pendientes de desbloqueo. La primera es el futuro del subparque previsto en el contrato de 2013 en el distrito de Playa de San Juan con el propósito de evitar el desplazamiento de la maquinaria de limpieza de la arena desde las instalaciones centrales del servicio, ubicadas en el polígono del Pla de la Vallonga. Su construcción no ha llegado a ejecutarse nueve años después, pese a que se ha ido abonando unos 800.000 euros en pagos por anticipado a través de las certificaciones mensuales, a la espera de que la Concejalía de Urbanismo pueda conceder licencia solicitada desde el año 2014 para situarlo en el emplazamiento propuesto por la UTE: una parcela situada en La Condomina, a espaldas del club Montemar.
La segunda cuestión tiene que ver con la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, cuya gestión sigue pendiente de licitación (después de que se decidiese separar de la limpieza y de la recogida de residuos con un contrato independiente), sin que haya trascendido que la Conselleria de Transición Ecológica haya validado todavía su proyecto de gestión. El concurso sobre su explotación queda asociado a la introducción de mejoras en sus líneas de tratamiento con inversiones que se han llegado a cifrar en 70 millones. A priori, todo parece indicar que el concurso podría acabar convocándose entre finales de este año y principios de 2023. Entre tanto, su funcionamiento seguirá a cargo de UTE Alicante.
