Un autobús de Autocares Ríos, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. El concurso de acreedores de la histórica empresa de transportes alicantina Autocares Ríos, ahora conocida como Wintermere Canal, ha sido calificado como culpable tras acabar la mercantil en liquidación. Como ha venido contando este diario, el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante aprobó el plan de liquidación en febrero, a propuesta del administrador concursal, con polémica sobre la inclusión o no en el inventario de la cochera de la empresa, su principal activo.
Según consta en la resolución judicial publicada en los registros públicos e inscrita esta semana en el Registro Mercantil de Alicante, la sección de calificación del concurso ha considerado culpable el proceso, es decir, que la empresa ha terminado en liquidación porque sus administradores no tomaron las medidas oportunas cuando conocieron de su situación de insolvencia.
Cabe recordar que antes de que entrase en vigor la moratoria concursal (finalizada en junio) por la pandemia del covid, las empresas estaban obligadas a solicitar el concurso voluntario en el plazo de dos meses desde que conocieron la situación de insolvencia, o deberían haberla conocido (es decir, alegar ignorancia respecto a la situación real de las cuentas no exime de cumplir la norma). Al no hacerlo, los administradores de Autocares Ríos agravaron dicha situación, hasta el punto de que cuando fueron a concurso, aunque voluntario, fue directamente para cerrar.
La calificación del concurso como culpable conlleva la inhabilitación de sus administradores, responsables de la situación que ha desembocado en la desaparición de la empresa. Concretamente, de María Ríos Belmar, sucesora como administradora única del antiguo consejo de administración formado por los miembros de la familia y presidido por su padre, Joaquín Ríos Riquelme. La inhabilitación, en todo caso, es de dos años, durante los cuales la afectada no podrá administrar bienes ni empresas, ni para sí ni para terceros.
Autocares Ríos Alicante (distinta de la empresa del mismo nombre con sede en Murcia, aunque en origen tenían el mismo propietario) comunicó a finales de noviembre de 2019 a su plantilla y a sus clientes que cesaba su actividad, tras perder el concurso de transporte escolar, y a finales de enero despidió a casi toda la plantilla. Durante un tiempo intentó colocar sus rutas a otras firmas, en busca de una posibilidad de supervivencia. No obstante, un mes más tarde se abría el concurso de acreedores en el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, que en abril de 2021 desembocó en su liquidación.
La deuda pendiente con los empleados despedidos antes y durante el concurso podría acercarse a los dos millones de euros. El Fogasa se ha subrogado algunos créditos concursales y contra la masa relacionados con las reclamaciones de salario de empleados, al haberles abonado el salario y la indemnización. A fecha de apertura de la fase de liquidación, el crédito contra la masa del Fogasa superaba los 350.000 euros. En total, dicho crédito contra la masa (el generado después de la apertura del concurso, a comienzos de enero) asciende a 1,6 millones de euros, la mayoría por salarios.
