El bipartito de Alicante y Vox rechazan crear comisiones sobre el bus interurbano y vivienda

ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves la propuesta planteada por Unides Podem EU por la que se trataba de promover la constitución de una comisión para abordar la situación del transporte interurbano operado en la actualidad por la empresa La Alcoyana, del grupo Vectalia, ante las reivindicaciones planteadas por sus empleados sobre sus condiciones laborales, relacionadas con su jornada de trabajo, que ha motivado el desarrollo de una huelga en la prestación durante el servicio nocturno desde el pasado verano, ahora provisionalmente desconvocada ante el anuncio de una próxima renegociación.

En la defensa de la propuesta, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha señalado que "la ciudad de Alicante es la principal beneficiaria de ese servicio" en la medida en que las líneas del servicio interurbano conectan los municipios del área metropolitana con la capital, por lo que ha emplazado al conjunto de los grupos políticos municipales, y en especial, a los partidos que conforman el equipo de gobierno (PP y Cs) a implicarse en la búsqueda de soluciones, "sin esconderse" ni negarse a "mejorar un servicio que se une al viejo nuevo servicio de transporte urbano, que está suscitando más quejas que felicitaciones y que nos cuesta más caro que el anterior", según ha expuesto.

En el turno de intervenciones, el edil de Vox, José Bonet, ha considerado que el conflicto desencadenado en la prestación del servicio -con un protesta a cargo de los trabajadores que afecta a la prestación del servicio en horario nocturno- debe quedar solucionada cuanto antes, aunque ha señalado que una comisión no es el cauce adecuado para encontrar esa salida. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha expresado su apoyo a la iniciativa, aunque ha considerado que una posible solución para "este problema enquistado" sería la formación de una "entidad metropolitana de transportes" encargada de coordinar el servicio. 

Por el PSOE, el edil Manuel Martínez, ha señalado que "los trabajadores de La Alcoyana están sufriendo una discriminación respecto a otros que prestan un servicio original". Así, ha señalado que "están pidiendo unos baños portátiles", ha apuntado. Además, ha insistido en que "la ciudadanía de Alicante utiliza el servicio interurbano". Y ha señalado que "el Consell aún no ha sacado a licitación las dos líneas que dependen porque no se están cumpliendo compromisos previos", ha señalado.

Por el equipo de gobierno, el edil de Transportes, Manuel Villar, ha considerado que "la iniciativa no engaña a nadie; lo que usted intenta es salvar la cara a la conselleria por el conflicto laboral que afecta a La Alcoyana". Además, ha señalado que la constitución de un ente metropolitano "no compete al Ayuntamiento" y se ha felicitado de que, en este mandato, se haya conseguido firmar el nuevo convenio del TAM. En esta línea, ha insistido en que "esto es un conflicto laboral" y que "quien tiene la capacidad de mediar", en alusión a la Generalitat, "nos ha dicho ya que no va a intervenir". "Hagan la presión donde hay que hacerla", ha señalado. "Nosotros sí hemos negociado con los trabajadores de Masatusa, que prestan un servicio que sí es de nuestra competencia", ha considerado. 

De igual modo, ha señalado que crear una comisión "a dos meses de elecciones no tiene sentido" y se ha preguntado "si han preguntado si el resto de ayuntamientos" en los que se presta el servicio interurbano "están de acuerdo con esta comisión y si formarían parte de ella". Por último, se ha preguntado en qué situación queda la Mesa de Transportes para sostener si debería formar parte de la comisión y ha señalado que "la conselleria ya nos ha informado de que están trabajando en la constitución de un ente metropolitano de transporte para el eje Alicante-Elche" por lo que ha reprochado a Unides Podem EU su desconocimiento sobre la materia.

En la réplica, Ortolá ha repetido los mismos argumentos al insistir en que se trata de un conflicto laboral y que quien debe intervenir es la Generalitat. Bellido ha abundado en la necesidad de la constitución de ese ente metropolitano y ha emplazado al alcalde, Luis Barcala, a decidir "si se tiene que hacer algo o no" y a concretar "si va a mantenerse al margen". En esta línea, López ha considerado que "el primer edil se pone de perfil" ante el problema que afecta "a miles de personas en esta ciudad que usan ese servicio para desplazarse". "No puede hacer uno como si no existieran los conflictos", ha señalado. Además, ha señalado que "alcaldes y concejales del PP se hicieron una foto pidiendo soluciones al respecto" y ha apuntado que el propio bipartito "trajo aquí una iniciativa que no decía nada en el pleno de enero". "Estamos para traer soluciones y es lo que hemos intentado aquí", ha señalado.

Martínez ha señalado que "el servicio interurbano viene a suplir las carencias del servicio urbano" para incidir en que un alto porcentaje de los usuarios del servicio interurbano son de la ciudad de Alicante. Además, ha emplazado a Barcala a reunir a todos los alcaldes del área metropolitana para mantener un encuentro con la conselleria para constituir ese ente metropolitano. Por último, Villar ha insistido en que "la conselleria nos dijo el pasado viernes que ellos no van a intervenir porque es un conflicto laboral". Así, ha concluido señalando que "a quien se debe presionar es a la conselleria".

En el turno de votación, la propuesta ha reunido cuatro votos a favor (Unides Podem EU y Compromís), los 16 votos en contra de PP, Cs y Vox y la abstención de los nueve representantes del PSOE.

De igual modo, el pleno también ha rechazado la segunda moción promovida por el grupo municipal de Unides Podem EU con el fin de crear una comisión que impulse un Plan Local de Vivienda y Emergencia Habitacional ante el incremento de los desahucios registrados en la ciudad en los últimos meses como consecuencia de la presión de "los fondos buitre", según ha defendido el portavoz municipal de la confluencia, Xavier López, después de la intervención de una afectada por uno de los últimos desahucios llevados a cabo en el barrio de Carolinas.

En esta línea, López ha recriminado la ausencia de gestión por parte del Ayuntamiento de Alicante en materia de vivienda y de protección social de las personas en situación de vulnerabilidad y ha emplazado al alcalde, Luis Barcala, a cesar a la edil de Acción Social, Julia Llopis, a quien ha responsabilizado de esa situación. Con todo, ha augurado que "no lo hará" porque, según ha señalado, "no tendría alternativa" tras recriminar la gestión llevada a cabo por cada uno de ellos. "Esto es un equipo de gobierno fallido; ustedes no harán ese plan de vivienda, nosotros sí", ha concluido.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha tildado de "estafa" a Unides Podem EU al sostener que "la Generalitat, que es quien tiene las competencias en materia de Vivienda, no ha construido ni una sola vivienda social en Alicante después de ocho años de mandato". Por Compromís, Rafa Mas ha insistido en la ausencia de alternativas de alquiler en la ciudad, mientras sigue proliferando la autorización de apartamentos turísticos, según ha insistido. Además, ha recriminado que no se haya construido ni una vivienda social por parte del Ayuntamiento; ha lamentado la falta de coordinación con la Conselleria de Vivienda y ha acusado al equipo de gobierno de "bloquear la firma de certificados de vulnerabilidad" en lo que ha calificado de "violencia política". 

En contraposición, ha defendido la actuación de la Generalitat al enumerar las actuaciones que se habrían puesto en marcha, como la reciente compra de 500 viviendas en manos de la Sareb o la firma de un convenio para las viviendas intergeneracionales de Benalúa "pendiente del proyecto municipal", entre otros ejemplos. Esa es la misma línea de argumentación que ha seguido la edil socialista Lola Vílchez, quien también se ha referido a las ayudas al alquiler para jóvenes o la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, por ejemplo.

Por el equipo de gobierno, ha intervenido el edil de Vivienda, José Ramón González, quien ha apuntado que "desde que ustedes gobiernan se ha reducido el parque público de viviendas y existen más de 2.000 por rehabilitar". Además, ha insistido en que "desde que gobierna el Botànic no se ha construido ni una sola vivienda social y se han apuntado 15.000 familias a las listas de espera". En contraposición, ha señalado que Alicante es la ciudad con el mayor parque de vivienda social y que el ayuntamiento dispone de proyectos para la construcción de nuevos edificios de vivienda destinados al alquiler sobre los que se ha solicitado financiación a la Generalitat que habría quedado comprometida pero no se habría materializado. "Ustedes están engañando a los alicantinos, la responsabilidad es de ustedes", ha señalado. "Exijan a sus compañeros a que cumplan con Alicante, porque nos tienen abandonados", ha insistido.

En la réplica, Ortolá ha considerado que "la izquierda está tratando de desviar el tiro en materia de vivienda" y se ha referido a los datos de ejecución presupuestaria de la Generalitat en esa materia, de "66 millones", según ha dicho. Mas ha cuestionado al alcalde si se va a constituir una Mesa de Vivienda para tratar de evitar los desahucios y si se va a construir alguna vivienda social por parte del Ayuntamiento de Alicante "tras cinco años de Barcala", tras asegurar que solo se ha destinado un millón "para terminar las viviendas de El Portón y la empresa se ha dado a la fuga". Por último, ha pedido al Gobierno de España que "apruebe la ley de Vivienda para evitar esta situación". 

Por Unides Podem EU, López ha lamentado que "no exista algo de autocrítica por parte del equipo de gobierno porque no están firmando los informes de emergencia habitacional y la Generalitat está remitiendo constantemente requerimientos para que firmen esos informes", ha dicho. Además, se ha referido a la ordenanza de convivencia cívica para insistir en que, además, "criminalizan a la gente que pueda ser desahuciada y que no puede dormir en la calle". De igual modo, ha señalado que "tienen 100 millones de euros en los bancos" por lo que se ha preguntado "cómo es posible que no se invierta en vivienda". Y la socialista Vílchez ha señalado que "debería habilitarse un nuevo mecanismo para facilitar la firma de esos certificados de emergencia". 

El turno de intervenciones lo ha cerrado la edil de Acción Social, Julia Llopis, quien ha ofrecido explicaciones sobre uno de los últimos desahucios registrados en el barrio de Carolinas. Así, ha señalado que "en lo que llevamos de año, se han elevado 18 informes en los que se planteaba la necesidad de una vivienda de emergencia y no se ha concedido ninguna por parte de la Generalitat". No obstante, el alcalde, Luis Barcala, ha tomado la palabra para apostillar, además, que el certificado correspondiente al caso concreto de la familia de Carolinas está sobre la mesa de la Entidad Valenciana de Vivienda (EVha) desde el lunes y ha lamentado que "la respuesta a una situación de emergencia sea la de pedir papeles". "Lamento que no le hayan dado una solución ya cuando podían haberlo hecho", ha concluido.

Por último, en el turno de la votación, la moción ha quedado rechazada con los 16 votos en contra de PP, Cs y Vox y el voto favorable de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.