La síndica del PSPV, Ana Barceló. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Ana Barceló (Sax, 1959) dejó la Conselleria de Sanidad el pasado mes de mayo para tomar las riendas del grupo parlamentario Socialista. El movimiento fue consecuencia de la salida de Manolo Mata, que eligió seguir con la defensa del cabecilla de Azud, Jaime Febrer, a mantener la sindicatura del PSPV en Les Corts.
Desde entonces ha tenido que lidiar con diferentes negociaciones en las que los grupos del Botànic han mantenido abiertas discrepancias: tasa turística, la reforma del Impuesto de Sucesiones, la Ley de Cambio Climático, y ahora recientemente, el despliegue de las renovables en la Comunitat Valenciana que ha generado un enfrentamiento notorio entre PSPV y Compromís la afectación que su implantación tiene en el territorio. Valencia Plaza se reúne con ella para hablar de estas y otras cuestiones que deben zanjarse antes de que la legislatura finalice.
-En las últimas semanas el Botànic ha sacado a relucir sus diferencias en casi cualquier debate. ¿Cree que hubiera ocurrido lo mismo o la situación sería la misma si las elecciones no fueran en 6 meses?
-La valoración la puedo hacer desde los últimos meses porque el resto de la legislatura he estado en otras responsabilidades. Pero creo que siempre es bueno que haya diálogo, y más en un gobierno como este que está formado por distintas miradas y ha sido capaz de superar todas las crisis. Sacar adelante políticas que han beneficiado a la sociedad denotan que detrás hay un diálogo.
-Pero a lo largo del mandato ha habido también diferencias y se han llevado de una manera mucho más discreta. En este tramo final de la legislatura está siendo distinto...
-Realmente creo que las diferencias se abordan internamente. Es verdad que luego se explicitan cuando se nos pregunta, pero tampoco veo que esto sea algo negativo porque al final termina habiendo un acuerdo fruto de una negociación.
-En estos presupuestos, los últimos antes de elecciones, ustedes han logrado aprobar una reforma del Impuesto de Sucesiones con el apoyo de la oposición. ¿Por qué en esta ocasión se decidió seguir adelante con esta modificación a pesar de la ruptura que suponía con sus socios y en 2019, cuando la división era la misma, se decidió no romper y recular con esta iniciativa?
-Desconozco en aquel momento cuáles eran los términos de los acuerdos que se alcanzaron. Seguramente no era el momento. Yo creo que ahora sí lo es. Las empresas familiares han tenido un papel relevante y activo en la Comunitat Valenciana. Han sorteado todo tipo de dificultades teniendo en cuenta que han tenido que evitar que sus empresas pasen a manos de grandes multinacionales o tengan que ser vendidas porque han hecho una transición familiar ordenada. Y esto era importante reconocerlo y bonificarles 4 puntos como ya se hace con otro tipo de empresas. Creo que es bueno para la economía valenciana.
-¿Y cómo de decisivas han sido las elecciones en este tema? Muchos, incluidos sus socios, leen esta maniobra en clave electoral...
-Yo creo que no. El president Puig ya se había pronunciado en este sentido hace tres años y ahora había que cumplir ese compromiso adquirido. Además no tiene efectos importantes sobre los ingresos presupuestarios porque estamos hablando de 400.000 euros más o menos, por tanto no se está poniendo en peligro absolutamente nada. Al contrario. Estamos trasladando la idea de que es importante que el tejido industrial de la empresa familiar siga en manos de sus fundadores y puedan seguir llevando a cabo esa transición para que sigan en manos valencianas.
-Respecto a lo que decía de
que no iba a tener una repercusión importante en los ingresos presupuestarios. Compromís justificó su rechazo a esta enmienda porque a su juicio, ponía en riesgo el Estado Bienestar... ¿Cree entonces por lo que está diciendo que el discurso de sus socios es artificial?
-Creo que desde luego no responde a las políticas que ha llevado a cabo este gobierno, que ha ido con el paso del tiempo creando un escudo social muy robusto. Creo que este gobierno ha sabido hacer una lectura adecuada de las crisis y hemos estado siempre al lado de las personas que más lo necesitaban. Es un discurso que desde luego no afecta a los derechos que quedan protegidos de los presupuestos de la Generalitat para 2023.
"Creo que el acuerdo del Botanic no recogía en ningún momento este blindaje. Hay un exceso a la hora de trasladar que con esta reforma fiscal se está poniendo en riesgo lo que hemos conseguido"
-Papi Robles, la síndica de Compromís, advirtió a Puig que esto era un "gran error que rompía los acuerdos del Botanic". ¿Lo comparte? ¿Por qué?
-No lo comparto. Creo que el acuerdo del Botanic no recogía en ningún momento este blindaje. Pero vuelvo a insistir en que este Gobierno es el que más ayuda social ha generado y ha robustecido el Estado de Bienestar. Hay un exceso a la hora de trasladar que con esta reforma fiscal se está poniendo en riesgo lo que hemos conseguido.
-¿Qué consecuencias cree que puede tener estas declaraciones a corto-medio plazo? ¿Cree que las tendrá?
-Bueno, yo no valoro esas declaraciones porque entiendo que tiene todo el derecho a expresar su opinión y la de su grupo. Igual que el grupo socialista está totalmente de acuerdo y alineado con la decisión que ha adoptado para modificar Sucesiones. Por eso lo llevamos mediante enmienda y seguimos adelante con ella.
-Usted dijo que apoyar los cambios que planteaban Compromís y Podem en renovables suponía cambiar las reglas del juego, algo que ellos rebaten. Dicen que los cambios afectarían a expedientes nuevos y no a los que están en tramitación. ¿Por qué entonces se niegan a respaldar un cambio que no afectaría a proyectos en marcha?
-No es realmente lo que se expresan en las enmiendas. Las enmiendas lo que vienen a decir es que aquellas modificaciones que se introduzcan tendrán que aplicarse a los expedientes que estuvieran en tramitación, y por tanto las empresas tendrían dos meses para adaptarse a ellas. Cuando llegaron aquí los dos decretos ley, el de 2020 y 2022, llegó con el consenso del Consell. Por tanto, aquí entró con un consenso total de todo el Gobierno. Los grupos parlamentarios podemos enriquecer, pero lo que no podemos es quebrar ese acuerdo que había dentro del Gobierno con un cambio de reglas del juego a mitad de un proceso. Porque cuando entra en vigor el decreto en 2022 que agiliza la tramitación para la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se puedan poner en marcha los proyectos de energía renovable, no podemos en ese momento irrumpir y cambiar algunas de las cuestiones que afectan a esa tramitación.
"El PSPV ha cumplido el acuerdo de renovables con la Ley de Cambio Climático o la de Economía Circular"
-Se aprueba ese decreto, pero de forma paralela se firmó además un acuerdo entre los grupos parlamentarios por el cual se comprometieron a instar al Consell a realizar ciertos cambios... Si el Gobierno, del que el PSPV forma parte, no lo hizo. ¿En qué queda el acuerdo?
-Hemos estado siempre de acuerdo en el fondo, en la necesidad de agilizar las energías renovables. El grupo socialista ha cumplido todos los puntos de ese acuerdo, que por cierto no era el texto definitivo que tenía que incorporarse a la ley sino que recogía el espíritu de lo que tenía que hacerse. Ese espíritu es el que se ha ido recogiendo en la Ley de Cambio Climático, ya aprobada, en la Ley de Economía Circular... Por tanto, esos cambios ya se fueron incorporando en la tramitación de otras leyes. Hemos cumplido totalmente ese acuerdo, otra cuestión distinta es que se quiera plasmar en un texto particular concreto y en él tengamos ciertas discrepancias.
-¿Dais por tanto por cumplido ese acuerdo firmado en mayo?
-Totalmente. Lo que hemos hecho ha sido ir introduciendo en la tramitación de diferentes leyes el espíritu de esos acuerdos recogidos, menos el de la Agencia.
"El paro de los diputados y el despido de personal son temas que deben abordarse al inicio de una legislatura"
-Uno de los temas que se deben resolver antes de finalizar el año es cómo pagar los despidos al personal de los grupos parlamentarios… Sin embargo, usted ha asegurado que no va a sentarse a debatir del tema. ¿Qué pasará si no lo resuelven?
-No es que el grupo socialista se niegue a hablar de esta cuestión. Es que no ha habido consenso por parte de todos los grupos. Son cambios que no solamente implican se rescindan los contratos, sino que también hay que resolver qué pasa en la siguiente legislatura. Estos son temas que deben abordarse al inicio de una legislatura, donde creo que tendríamos tiempo suficiente para decidir sobre cuestiones que afecten el régimen interno de Les Corts. No ha habido durante todo este tiempo un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios... No es que nos hayamos negado. Es que no había forma de avanzar en ellos.
-El acuerdo que se publicó en el BOCV recogía una serie de obligaciones: despedir a los trabajadores al fin de la legislatura, abonarles su indemnización, constituir en la siguiente cada grupo con un NIF propio, que cada uno tuviera una cuenta asociada a la Seguridad Social... ¿Se va a incumplir entonces?
-Yo no participé en aquel acuerdo. Imagino que cuando se aprobó había tiempo suficiente para haber adecuado la normativa, porque esto implicaba también que se hicieran cambios legislativos para poder llevarlo a cabo. Por tanto, también hay que escuchar al cuerpo de letrados de Les Corts. Entiendo que cuando se aprobó aquel acuerdo pensarían que había tiempo suficiente para que tuviera firmeza. Pero no ha sido así, seguramente no ha habido tiempo suficiente para reflexionar cómo llevarlo a cabo.
-Compromís y PP proponían que se utilizara el remanente de 2022, puesto que no se ha reservado ninguna partida en 2023. Si no se ha encontrado ninguna fórmula como usted dice, ¿qué va a pasar con ese acuerdo que está publicado en un Boletín Oficial? ¿No se va a cumplir?
-No puedo ahora pronunciarme sobre si se va a cumplir o no. Desde luego está finalizando el año, pero se trata de finalizar la legislatura. Vuelvo a insistir en que requiere consenso y hay que definir qué pasa en la siguiente legislatura, y es donde hay evidentemente todavía que introducir cambios y modificaciones por parte de Les Corts.
-Sí, pero aunque la legislatura finalice más tarde, en el Presupuesto de 2023 no hay ninguna partida para cubrir estos gastos. Mientras en el de 2022 se podría utilizar el remanente, como era la intención de los partidos que le comentaba...
-Hay cuestiones que vienen desde hace muchísimo tiempo. Como por ejemplo el paro de los diputados. Todas esas cuestiones hay que plantearlas siempre al inicio de una legislatura, que es cuando todos estamos en condiciones de no utilizar cualquier tipo de reforma con un sentido que no sea con el de la finalidad que tiene. Creo que esto terminará planteándose en el arranque del siguiente curso político.
"Estoy de acuerdo con que los diputados que no continúen en la siguiente legislatura cobren una indemnización"
-Usted es partidaria de que los diputados que no continúen en la siguiente legislatura cobren una indemnización?
-Sí. Al final sino tendremos unas Cortes de tecnócratas, de funcionarios que puedan pedirse una excedencia. Les Corts tienen que enriquecerse con la sociedad y si no hay una seguridad de que terminado tu mandato, si no continúas, vas a poder disponer como cualquier trabajador para poder buscar un empleo... Esto ya se ha resuelto en otras Comunidades Autónomas y tenemos que romper ese tabú de no hablar de la vida real.
-¿Por qué no se resuelve esta cuestión? Porque paro como tal ya no da tiempo a habilitarlo, pero sí una indemnización...
-Que se tuviera que habilitar una indemnización yo creo que va ligado al paro, porque parece que una indemnización es como un derecho extra que se le da a un diputado. Y a un diputado con el paro se le sitúa como al resto de la sociedad.
-El PP ha propuesto resolver todos los órganos salvo el Consell Jurídic Consultiu, que es el único donde no hay acuerdo… ¿Por qué no se hace esto para garantizar al menos resolver 5 de los 6 en funciones?
-En política la mejor manera de trasladar que hay un acuerdo es participando en el acuerdo. Se convocó una reunión para que los síndicos de los grupos pusiéramos sobre la mesa los nombramientos con los currículums para poder presentarlos en el registro. Y aquí hubo una síndica, María José Catalá (PPCV), que no vino a esa reunión. Una cita que se había pospuesto precisamente porque el Partido Popular tenía alguna dificultad para encontrar candidatos para algunos de los órganos.
-El PP dijo que el problema en el reparto de nombramientos en el Jurídic era que se iba a nombrar a un candidato de consenso por parte de Les Corts y esa designación después pasó a ser de Compromís. Incluso se deslizó algún problema de comunicación entre PSPV y Compromís...
-Aquí no ha habido una falta de comunicación. Con Papi Robles he estado en contacto siempre sobre este tema. Y han estado muy claros los criterios de cómo debían ser los nombramientos de los órganos estatutarios. Por tanto, es una cuestión que dependía del Partido Popular, que no ha tenido voluntad. La única voluntad que ha mostrado el Partido Popular es la del bloqueo, pero no la ha tenido para llevar a cabo estos nombramientos. De haberla tenido, lo lógico es que la síndica se hubiera sentado a explicar porqué adoptaba esa decisión. Pero no acudió a esa cita.
-Después de toda esta polémica y las enmiendas a la Ley de Acompañamiento, Compromís, Unides Podem y PP la señalaron como autora del bloqueo de todas las negociaciones. Dijeron que no existían foros de diálogo con el PSPV, que la relación es menos fluida que con su predecesor…
-Siempre hemos hablado de cualquier cuestión. Otra cosa es que se pueda alcanzar un acuerdo con todos los matices que queremos todas las partes. Pero el PSPV se ha sentado a hablar siempre y ha hablado de todo. No comparto en absoluto esa afirmación. La aprobación en Les Corts de las leyes aprobadas hasta ahora demuestran que hemos sido capaces de hablar y acordar sobre todos los temas.
-¿Hay ahora una mayor interlocución con el Palau que la que existía cuando Mata era portavoz?
-Yo siempre creo que ha habido diálogo e interlocución. La ha habido dentro del Gobierno, de los grupos parlamentarios... Siempre ha habido interlocución con el Palau.
