ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado este lunes que acudirá el miércoles 11 a Madrid para participar en la concentración convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura frente al Ministerio para la Transición Ecológica en defensa del trasvase, "una infraestructura vital para garantizar el desarrollo y el futuro de la agricultura y otros sectores productivos de nuestra provincia", según ha considerado, a través de un comunicado.
"El agua para la ciudad de Alicante y toda la provincia es absolutamente vital. No tiene ningún sentido el castigo sistemático al que nos somete el Gobierno de Sánchez con este nuevo hachazo al trasvase", ha destacado Barcala. "Y por ello estaremos este miércoles en Madrid con los agricultores y con los sectores productivos de la provincia", ha añadido.
El primer edil ha insistido en la necesidad de defender el trasvase Tajo-Segura para velar por "la igualdad y la justicia en la distribución y el acceso a los recursos hídricos en España", al tiempo que ha rechazado los recortes contemplados en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, "que tienen un carácter político y son contrarios a la propuesta técnica".
"No podemos dar la espalda a nuestros regantes, agricultores y ciudadanos en general ante una nueva agresión a los intereses generales de esta provincia; y por todo ello es necesario alzar la voz este miércoles en Madrid", ha recalcado el primer edil.
El pleno del Ayuntamiento de Alicante expresó el pasado 22 de diciembre su rechazo a la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura y emplazó al Consell de la Generalitat y a su presidente Ximo Puig a emprender todas las acciones necesarias para revertir esta situación y a reclamar la "deuda hídrica generada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la presente legislatura".
En una declaración institucional presentada por el equipo de Gobierno, el Pleno municipal exigió al Ejecutivo central que derogue el Real Decreto de julio del año pasado que recorta el agua del trasvase para consumo humano y de riego en la provincia de Alicante y que recupere la vigencia de las reglas de explotación del acueducto aprobadas inicialmente en 2014.
Según el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, ese recorte se cuantifica en 147,3 hectómetros cúbicos y ha supuesto unas pérdidas de 590 millones de euros para las cuencas receptoras, de los que 190 millones corresponden a la provincia de Alicante.