Hoy es 20 de julio

sin permisos en 506 inmuebles hasta la aprobación definitiva del catálogo de protecciones 

Alicante emplaza al Consell a extender la suspensión de licencias en los edificios protegibles

26/03/2024 - 

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante vuelve a caminar sobre sus propios pasos para mantener el blindaje de sus edificios en trámite de catalogación con una solicitud de suspensión de licencias, aprobada este martes en el pleno ordinario de marzo para que queda sancionada por la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. La propuesta ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), así como la de los concejales del PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, mientras que los representantes de Vox han votado en contra.

El acuerdo incluye la particularidad de que, en esta ocasión, se plantea que se mantenga la vigencia del bloqueo en la concesión de permisos de obra hasta que se produzca la entrada en vigor definitiva del catálogo, sin que quede ligada a una duración de dos años, como ha sucedido en las dos ocasiones previas en las que se ha adoptado el mismo acuerdo de suspensión de licencias con anterioridad. Además, el acuerdo añade la solicitud adicional de que se establezca un régimen especial de protección respecto al listado de 506 inmuebles en trámite de catalogación que podrían quedar en riesgo de desprotección a partir del mes de julio: la fecha en la que decae la suspensión de licencias vigente en la actualidad.

La edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha detallado, al justificar la necesidad de la renovación de esa suspensión de permisos, que el acuerdo de la comisión de evaluación ambiental en el que se avala la continuidad del procedimiento administrativo para la aprobación definitiva del catálogo se produjo a finales del pasado mes de febrero. Así, ha planteado que el acuerdo permitirá mantener la protección de los inmuebles incluidos en ese documento hasta que se aporte la documentación adicional requerida por la comisión de evaluación ambiental para que pueda completarse la propuesta de catálogo de protecciones y se despeje su aprobación definitiva, cuando han transcurrido más de tres años y medio desde su aprobación inicial, en septiembre de 2020. 

En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha denunciado el "caos" que, a su juicio, existiría en la gestión urbanística de la ciudad y ha lamentado el retraso en la tramitación del catálogo, que, según ha indicado, permanece pendiente de aprobación definitiva desde hace seis años, "el tiempo transcurrido desde que se produjo la toma de posesión de Luis Barcala como alcalde".

La edil de Compromís, Sara Llobell, ha coincidido en la argumentación con Copé al incidir en la falta de gestión del equipo de gobierno tras señalar que el informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura en el que se reclamaban correcciones a la propuesta de catálogo se evacuó en junio de 2021 "y no se ha hecho nada desde entonces". 

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha confirmado su voto en contra de la propuesta, como ya sucedió en 2020 en el trámite de aprobación inicial del catálogo, al argumentar que no se había facilitado "los informes que solicitamos en los que se justificase la decisión que afecta a la propiedad privada". 

La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha insistido en los argumentos expuestos por Copé y Llobell para insistir en el retraso y el desinterés del equipo de gobierno por la protección del patrimonio. "Están dilapidando el apoyo del PSOE en esta cuestión" tras advertir al PP de la posible falta de votos a la que pueden tener que enfrentarse para que el catálogo de protecciones quede aprobado de forma definitiva. "Ya han visto cuál es la posición de Vox", ha incidido. En esta línea, ha remarcado lo que ha considerado falta de gestión en la conservación de los elementos patrimoniales de la ciudad al referirse a ejemplos concretos como la solución trazada para el BIC de Torre Placia, pendiente de traslado a otro emplazamiento después de que el TSJCV dictaminase que la licencia concedida para la construcción de una urbanización anexa invadía su entorno de protección. En cualquier caso, Amorós ha asegurado que el PSOE votaría a favor al ajustarse a su compromiso por la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

En el turno de réplica, Gómez se ha referido a las críticas realizadas por los representantes de los tres grupos del eje progresista respecto al retraso en la aprobación definitiva del catálogo para señalar que el informe de la comisión de evaluación ambiental de la Generalitat "no ha llegado hasta ahora, después de los últimos cuatro años de gestión del Botànic". Y, de nuevo, ha reiterado la necesidad de que pueda mantenerse la suspensión de licencias durante el tiempo en el que se prolonga la elaboración de los nuevos informes adicionales requeridos ahora para que el catálogo pueda entrar en vigor. Además, ha señalado, respecto al cumplimiento de los requerimientos formulados por la Dirección General de Patrimonio en 2021, que "no podía destinarse los recursos necesarios para incorporar esas modificaciones que ahora se ha demostrado que eran incompletas". A la postre, en el turno de votación, el acuerdo ha quedado validado con 25 votos a favor y los únicos tres votos en contra de tres de los cuatro concejales de Vox, ante la ausencia del edil Óscar Castillo, en situación de baja médica.

A lo largo de la sesión, también se ha aprobado una declaración institucional promovida por el PP por la que se expresa el rechazo a la "discriminación" del Gobierno central en inversiones para la provincia y se exige el inicio de los trámites necesarios para la ampliación del aeropuerto de El Altet mediante la construcción de una segunda pista en el plazo de dos años. Además, entre otras decisiones, se ha descartado la propuesta planteada por Compromís para que se crease una comisión encargada de fiscalizar los contratos de adquisición de material sanitario formalizados durante la pandemia para descartar toda posibilidad de fraude, en línea de la posición mantenida por el Consell compuesto por PP y Vox después de que trascendiese la trama del caso Koldo.

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