ALICANTE. La continuidad en la prestación del servicio de transporte público en autobús de Alicante se enfrenta a su examen definitivo. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, ha perfilado ya la propuesta de acuerdo para conceder una segunda prórroga extraordinaria de la concesión a la empresa Masatusa, del grupo Vectalia, ante el vencimiento de la que se acordó en el mes de julio de 2019. Aquel acuerdo se adoptó por dos años de duración sin que se haya podido aprobar la convocatoria del nuevo concurso hasta ahora.
La segunda prórroga (después de un contrato de 50 años de duración) queda sujeta ahora al visto bueno del departamento de Intervención, que dispone de la propuesta desde el pasado 30 de junio para que pueda someterla a fiscalización, según precisaron fuentes municipales. En principio, el departamento dispondría de un plazo de diez días para emitir su informe, autorizando la adopción del acuerdo, o solicitando posibles subsanaciones en el caso de que resultase necesario.
Hasta el momento, no ha trascendido ni la duración concreta de la prolongación del contrato, ni el importe específico al que el Ayuntamiento debería hacer cargo. Por lo pronto, lo cierto es que el calendario que maneja la Concejalía de Transportes es que se pueda contar con un nuevo concesionario en el margen de un año, ya que todavía no se ha dado por cerrado el pliego de condiciones de la convocatoria. Esas bases permanecen a la espera de que pueda aprobarse el Proyecto de Servicio Público (PSP) de forma definitiva, tras la resolución de las 34 alegaciones presentadas por entidades sociales y formaciones políticas.
En principio, todo parece indicar que el concurso podría lanzarse entre los meses de septiembre y octubre. No obstante, ese proceso de licitación queda sujeto a la publicación en boletines europeos, lo que conlleva plazos más extensos para la admisión de ofertas por parte de los licitadores interesados. Entre ellos, se da por seguro que Masatusa concurrirá al proceso para tratar de renovar la concesión. En todo caso, esa circunstancia es la que lleva a estimar que el nuevo adjudicatario no podrá incorporarse hasta el verano de 2022, siempre que no se registren posibles recursos que puedan bloquear la resolución del concurso.
Respecto a los costes que pueda conllevar esa prórroga, serán proporcionales a su duración, sobre la base del importe anual que conlleva la prestación. Así se procedió, cuando menos, en el acuerdo alcanzado en 2019, cuando se concertó un precio de 23,9 millones por los dos años de prolongación. En principio, el precio definitivo que se determine sería el equivalente al que se abonaría en la hipótesis de que el servicio se abonase mensualmente mediante la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito: una fórmula que el bipartito trata de dar por descartada para procurar la máxima seguridad jurídica en el funcionamiento del servicio, que no puede dejar de prestarse pese al vencimiento del contrato y de su primera prórroga, al tratarse de un servicio esencial.
Sea como fuere, ese precio anual se incrementará con la nueva contrata hasta oscilar entre los 16 y los 17,8 millones al final de los diez años de duración previstos para la nueva concesión. El aumento del precio deriva de la incorporación de nuevos servicios como el refuerzo de las conexiones con los polígonos con una línea específica, la creación del sistema de transporte a demanda que conectará las partidas rurales con el centro de Alicante, las lanzaderas para subir al Castillo de Santa Bárbara o el servicio de Turibús, entre otras.
