Un operario de la concesionaria de limpieza, UTE Alicante, en plena jornada de trabajo. Foto: PEPE OLIVARES El tripartito retendrá las certificaciones mensuales si la concesionaria no aporta los estadillos con las bajas de los operarios. Limpieza renegocia el sistema de control de calidad incluido en el pliego para evaluar la prestación real, sin ventajismos
ALICANTE. El tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) aprieta las tuercas a su principal contratista: UTE Alicante, participada por el empresario Enrique Ortiz. La Concejalía de Limpieza ha abierto un periodo de negociaciones con la concesionaria del servicio para garantizar el cumplimiento estricto del pliego de condiciones; un pliego heredado de la etapa de Gobierno del PP, con el que el ayuntamiento debe lidiar nada menos que hasta el año 2021, y que se estaría obviando en la prestación diaria.
Esa constatación, derivada de la labor de vigilancia de los inspectores municipales (y de la crítica de la oposición o de diversos colectivos vecinales), es la que ha llevado al departamento que coordina Víctor Domínguez (Guanyar) a exigir en primer lugar el aspecto más básico: que el número de operarios comprometidos por contrato para llevar a cabo tareas de limpieza y recogida de residuos estén efectivamente en su puesto de trabajo. La concejalía viene reclamando desde hace meses que la UTE aporte con una periodicidad diaria los estadillos en los que se refleje, por ejemplo, las bajas por enfermedad registradas en la plantilla para tener un control real de la cifra de operarios que se encuentra en la calle. Sin embargo, según fuentes municipales, la UTE estaría negándose a aportar esa información o la estaría facilitando con retraso.
La nula o deficiente respuesta es la que ha llevado a adoptar ahora una determinación tajante. Limpieza retendrá la emisión de los certificados mensuales de pago en el caso de que la concesionaria no haya aportado esa información. Es decir, la empresa no cobrará si no precisa cuántos trabajadores están en sus puestos, si no justifica adecuadamente las posibles bajas y, por descontado, si no se garantizan los comprometidos por contrato.
La retención de pagos no será la única medida para incrementar la vigilancia sobre el servicio. Además del refuerzo de la labor inspectora (han pasado de 8 a 16) y de la redistribución de rutas y turnos, Limpieza también prevé ajustar el sistema de control de calidad que forma parte del propio pliego y que, según fuentes municipales, no permite que los inspectores lleven a cabo un seguimiento eficaz.
El sistema actual se basa en la cumplimentación de las denominadas fichas de observación: una especie de formularios o test que los inspectores deben cumplimentar a partir de unos indicadores "excesivamente básicos", según fuentes municipales, que colocan a la UTE en una posición "demasiado ventajosa". Por el cumplimiento de cada uno de esos indicadores se asigna una puntuación determinada que, en definitiva, permite que la UTE acabe aprobando o superando con holgura la inspección y, por tanto, que esquive posibles penalizaciones.
El sistema actual puntúa por la corrección formal de los equipos, al margen de cuál sea su rendimiento
En esas fichas, se valora por ejemplo, la conformidad de las características de cada equipo (estado del vehículo o si el personal dispone de la uniformidad y de las herramientas correspondientes) o la conformidad de situación en ruta (que el equipo se encuentre en el lugar que le corresponda y a la hora prevista). Es decir, se valora simplemente el hecho de que los equipos de limpieza se presenten a trabajar con las condiciones reglamentarias sin llegar a poner el acento en el trabajo que se realiza.
El objetivo de Limpieza es darle la vuelta a esos indicadores para que en las evaluaciones se prime realmente la eficiencia de la prestación, en lugar de simples cuestiones formales, como si las ruedas de la maquinaria están deshinchadas o que los operarios porten o no su uniforme completo.
Dos trabajadoras de la UTE, en pleno barrido. Foto: P. OLIVARES La negociación se antoja compleja, ya que UTE Alicante siempre puede alegar que se le concedió la contrata en base a esas condiciones y que el acuerdo sigue en vigor. Con todo, lo cierto es que la UTE se habría avenido a dialogar para cambiar algunas rutinas y que, al menos con los datos en la mano, las incidencias detectadas durante la temporada alta se habrían reducido respecto al mismo periodo del año anterior (entre el 1 de julio al 1 de septiembre de 2015 se registraron 1.015; en ese plazo de 2016, 707).
La contrata de Limpieza es la de mayor importe adjudicada por el Ayuntamiento. Asciende a 309 millones de euros (32 anuales, más IVA) por ocho años de duración, aunque el precio podría ser todavía superior, ya que se contemplan dos posibilidades de prórroga de dos años cada una. Su proceso de licitación fue polémico desde el inicio. Pese a su elevado importe, sólo la UTE participada por Ortiz presentó sus credenciales para hacerse con el servicio.
El PSOE, entonces en la oposición, presentó un contencioso contra el proceso que acabó desestimándose. Su líder municipal y actual alcalde, Gabriel Echávarri, viene manteniendo en sus últimas manifestaciones públicas que él no puede defender el pliego porque lo impugnó. Sin embargo, como el mismo edil de Limpieza, sí ha advertido que desde el ayuntamiento se estaría vigilante en su aplicación y que se tomaría nota de los incumplimientos para estudiar una posible resolución.
