Las terrazas de los locales hosteleros del entorno de la calle Castaños, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), implantará medidas para limitar las molestias del ruido asociado a la actividad del ocio y la hostelería en la calle Castaños, como establece la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3, en la que se estima la demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por dos vecinos a título particular y se conmina a la administración local a aplicar una Zona Acústica Saturada (ZAS). Pero no solo eso. El objetivo de los populares es extender esas medidas tendentes a la reducción de las molestias al conjunto de vías del perímetro de la calle Castaños -y no solo a esa vía concreta como establece la sentencia-, mediante la elaboración de un plan de ordenación, según ha anticipado este martes el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
Villar ha señalado que la implantación de esas medidas para favorecer el descanso vecinal se desarrollarán al margen de que pueda plantearse la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como ya sucedió en 2019, cuando se conoció la primera sentencia favorable a los vecinos (en aquel momento, en un procedimiento iniciado por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional). Por lo pronto, la intención del equipo de gobierno es estudiar ese posible recurso al no compartir parte de las apreciaciones recogidas en la sentencia, como el hecho de que se considere que el Ayuntamiento no haya actuado para tratar de solucionar el problema a pesar de las quejas reiteradas manifestadas por los vecinos y de la existencia de varios informes previos.
La tesis que defiende el equipo de gobierno es justo la contraria: que sí se ha intervenido para encontrar fórmulas que permitiesen conciliar el derecho al descanso con el desarrollo de la actividad hostelera desde que, en diciembre de 2019, se incoó el expediente para tramitar la declaración de la ZAS. En esta línea, Villar ha señalado que, tres meses después, llegaron las restricciones sobre el sector de la hostelería como consecuencia de la irrupción de la pandemia, por lo que el expediente quedó paralizado. Según ha explicado, el trabajo se retomó cuando decayeron las limitaciones, mediante el encargo de un trabajo de consultoría para disponer de mediciones actualizadas y el incremento de los controles policiales sobre el cumplimiento de los horarios. Villar ha señalado que, fruto de esa labor, se pudo concluir que "no se trata de un problema de incumplimiento de horarios porque, de hecho, no se han impuesto prácticamente sanciones por ese tema".
Sea como fuere, ha apuntado que los servicios jurídicos municipales ya habían registrado un escrito de solicitud de aclaración de sentencia ante el jugado para que se disipasen aparentes contradicciones en cuanto a su contenido. En primer término, en lo que respecta a la estimación íntegra de la demanda vecinal, que se establece en la sentencia, a pesar de que, a la postre, acaba limitándose la obligación de aplicar una ZAS a la calle Castaños, y no al conjunto de calles de su entorno, como solicitaban los vecinos demandantes. Y en segundo lugar, en lo que atañe, precisamente, a la supuesta inacción municipal también señalada en la sentencia, toda vez que en el procedimiento constaría que sí se incoó el expediente para declarar la ZAS en 2019.
A partir de ahí, se valorará si, en último término, se opta por presentar un recurso de apelación para que el alto tribunal autonómico se pronuncie sobre aspectos como la vulneración de los derechos fundamentales apuntados en la sentencia, en un apreciación que el equipo de gobierno no compartiría. En cualquier caso, la interposición de ese hipotético recurso no impedirá que se adopten las medidas de limitación de ruido que conlleva una ZAS, entre las que "se incluirán todas las que se contemplan en ese tipo de figura", según ha apuntado Villar. En ese ámbito, cabría desde la reducción de horarios hasta la posibilidad de acordar cierres de negocios, como ya se anticipó en diciembre de 2021, aunque el edil de Medio Ambiente no ha llegado a concretar qué tipo de decisiones se prevé adoptar hasta que no esté completado el trabajo de planificación con una propuesta definitiva. "El margen que implica una ZAS es el que es", se ha limitado a anticipar Villar.
Lo cierto es que la misma ordenanza frente a la contaminación acústica que se aprobó de forma inicial hace un año, y que sigue pendiente de la resolución de las alegaciones presentadas para que pueda ratificarse en pleno, ya contemplaba los supuestos en los que el Ayuntamiento iniciaría el procedimiento para declarar una ZAS: que se superase "dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo de treinta y cinco días naturales" con un exceso de 20 decibelios (dB) respecto al umbral máximo permitido para zona residencial.
En el supuesto de Castaños, el juzgado impone la aplicación de esa figura que permite adoptar límites a la actividad del ocio y la hostelería sin necesidad de que rija esa determinación. Todo, eso sí, a la espera de que la sentencia pueda adquirir firmeza, ya que la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) ya ha anticipado, también este martes, su intención de preparar recurso de apelación tras mostrar su disconformidad con el contenido de la sentencia.
El portavoz de la asociación, Javier Galdeano, ha manifestado que existen argumentos sobre los que fundamentar ese recurso como el hecho de que la sentencia de primera instancia haya considerado vulnerados derechos fundamentales de los residentes demandantes sin tener en cuenta que no se ha producido ninguna medición en el interior de sus viviendas, o que las mediciones que se han tomado como base para precisar que se exceden los valores límites previstos en la normativa se han captado en sonómetros instalados en la vía pública y, además, sin la preceptiva calibración, ha añadido. "Ya recurrimos frente a la primera sentencia y tenemos clarísimo que lo vamos a volver a hacer con la confianza en que tenemos argumentos de sobra para oponernos a que se aplique la ZAS", ha añadido.
Está por ver si el Ayuntamiento adopta esa misma posición y opta por interpone su propio recurso. No obstante, Villar ha apuntado que, en ese supuesto, se actuaría "en defensa del interés municipal", sin "ir de la mano" de los empresarios hosteleros, ni tampoco de los residentes que presentaron la demanda, con los que no ha contemplado la posibilidad de celebrar ningún encuentro. En todo caso, ha incidido en que "existe un problema y nuestra obligación es solucionarlo" por lo que ha recalcado que "se tomarán medidas y se aplicará la ZAS" que establece la sentencia "con independencia de si recurrimos o no", ha añadido.
La posición anticipada por el equipo de gobierno no ha evitado que los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición hayan emitido sus propias valoraciones sobre la sentencia. En primer término, el grupo municipal del PSOE ha reclamado la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en la comisión de Servicios para que explique las medidas que se pretende adoptar para el cumplimiento de la ZAS establecida en la sentencia, como ya ha informado este diario.
En segundo término, el portavoz adjunto del grupo municipal de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que la sentencia viene a confirmar que "existe un problema con el ruido" por lo que ha considerado que, al margen de posibles recursos, "el Ayuntamiento debe actuar". "El vicealcalde ha sostenido que se están tomando medidas y que el control de horarios no es el problema, como venimos diciendo, pero sí queremos saber qué medidas se están tomando para evitar las aglomeraciones de personas a las puertas de los locales, porque nos consta que no se está dando instrucciones a la Policía Local para que lo evite", ha manifestado.
En todo caso, también ha abogado por diferenciar situaciones al asegurar que la situación que se da en el entorno de Castaños no es la misma que se registra en el resto de la ciudad y ha incidido en que "la modificación de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública" promovida por el equipo de gobierno "no tiene nada que ver con Castaños". Además, ha insistido en que la declaración de la ZAS "debe pasar por el pleno por lo que veremos qué medidas se tienen en cuenta, porque está claro que el derecho al descanso de los residentes prima sobre el derecho al trabajo, pero no se debe olvidar que los empleados del sector de la hostelería también son vecinos de Alicante", ha apostillado.
En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "llevamos mucho tiempo advirtiéndolo; estamos bajo el mando de un gobierno municipal que es un gobierno peligroso. Que gobierna contra las personas, contra la gente, contra nuestros barrios, nuestro entorno, que vulnera derechos fundamentales". "Hoy hemos conocido un nuevo varapalo judicial contra esta administración local, una sentencia que dice alto y claro que en esta ciudad, este gobierno, está vulnerando derechos fundamentales tan esenciales y recogidos en la Constitución, como el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral a la intimidad a la salud, al descanso, al acceso a una vivienda digna", ha señalado.
"Los vecinos y vecinas del Centro Tradicional, de la calle Castaños y colindantes, y Casco Antiguo tienen razón, no se puede vivir así con tanto ruido y con tanta degradación", ha proseguido. Así, ha planteado tres peticiones concretas al alcalde. "En primer lugar, que dé explicaciones, que no recurra la sentencia, que no se posicione al lado del lobby empresarial y que actúe en favor de los vecinos y vecinas; dos que cese de forma fulminante al concejal del área Manuel Villar, y tres, que aplique el ZAS tal y como marca la sentencia en este plazo de dos meses que obliga a este Ayuntamiento. Urge convocar la Mesa del Ruido y aplicar la ZAS", ha concluido.
Por último, el portavoz del grupo municipal Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha recalcado que "tras una nueva sentencia, ahora toca que Barcala deje de mirar para otro lado, con su mano derecha Villar.
Ya está bien de gobernar beneficiando a un grupo selecto de empresarios en lugar de servir a la ciudadanía que es para lo que está la política". "Lo de las molestias por el ruido es algo que todo el mundo sabía, excepto Barcala, plegado siempre a los intereses del sector empresarial en lugar de al descanso vecinal", ha añadido. En esta línea, ha manifestado que "se está viendo quebrantado el derecho a la salud del vecindario. Pero además han tenido que recurrir a la justicia reiteradamente cuando se sabe de sobra que los niveles de ruido no son aceptables. Es hora de que se haga justicia de una vez por todas, es hora de que se garantice el descanso sin más excusas", ha apostillado.
