El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, en imagen de archivo.ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), da un primer paso en firme con la intención de cumplir uno de los compromisos alcanzados en su acuerdo de gobierno: el impulso de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ese avance se materializará el próximo 4 de octubre, cuando se produzca la incorporación de la arquitecta Leticia Martín como nueva directora de la Oficina del PGOU: el departamento creado durante el pasado mandato para abordar el diseño de ese nuevo planeamiento.
Martín ocupará, así, el puesto que permanece vacante desde la jubilación de quien habría sido su último responsable, el también arquitecto Manuel Beltrá. Lo hará en régimen de comisión de servicios con una duración de un año ampliable en otro año adicional, después de haber ejercido como arquitecta municipal en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig al menos durante los últimos nueve años, según confirmaron fuentes consultadas.
El proceso para cubrir la plaza quedó convocado de manera oficial el pasado mes de mayo, como informó este diario. Y ha sido ahora cuando se ha podido culminar con éxito, tras obtener todos los parabienes administrativos tanto en el Ayuntamiento de San Vicente (en el que se debe acordar otra convocatoria paralela para proveer un sustituto de modo temporal), como en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, según fuentes conocedoras de los dos procesos.
La incorporación de Martin supone, así, un requisito clave para que se pueda poner en marcha la redacción de ese futuro PGOU: un proyecto llamado a suplir al que se aprobó en 1987, nada menos que 34 años después. Con ese objetivo, la tarea esencial que se pretende encomendar a la nueva directora de la Oficina del PGOU será la de elaborar los pliegos para externalizar su redacción, después de que PP y Cs hayan concluido que la Concejalía de Urbanismo que dirige el edil Adrián Santos Pérez (Cs) no dispone de la plantilla necesaria para asumir esa tarea de manera directa.
De hecho, el equipo de gobierno habilitó una partida superior a los 400.000 euros en el presupuesto municipal de este año para licitar ese contrato, que se deberá complementar en las cuentas del próximo año con la dotación de una cifra similar. Así, según fuentes del bipartito, se aspira a que el concurso para la redacción de ese PGOU pueda quedar aprobado en el plazo de los tres próximos meses. Es decir, antes de que finalice el año en curso.
Por el momento, en las filas del bipartito se mantiene la confianza en que, como mínimo, se pueda contar con el Plan General Estructural finalizado antes de que concluya el mandato actual, en 2023, de modo que se deje el desarrollo de su definición (la ordenación pormenorizada) para la próxima corporación. Así lo ratificó, incluso, el propio alcalde, Luis Barcala, en la entrevista concedida a Alicante Plaza tras cumplirse dos años desde la celebración de las municipales de 2019. Lo cierto es que la tramitación de ese nuevo PGOU es uno de los objetivos centrales comprometidos por los dos socios de gobierno, hasta el punto de que se ha venido reiterando como promesa fundamental en los debates sobre el estado de la ciudad que se han celebrado en los dos últimos años.
En este nuevo intento, se prevé aprovechar los trabajos de confección de planos y de tramitación previa ya elaborados por el arquitecto Jesús Quesada, responsable de Laboratorio de Proyectos, después de que se liquidasen los pagos pendientes por la propuesta de PGOU impulsado por el PP entre los años 2008 y 2015; propuesta de la que el equipo de gobierno del PP acabó desistiendo en enero de ese último año, tras la dimisión de Sonia Castedo. La renuncia a dicho plan se adoptó en pleno proceso de instrucción de la causa sobre el supuesto amaño de esa planificación urbanística, investigada en el marco del caso Brugal, que la Audiencia Provincial ha dado por descartado en la sentencia dada a conocer el pasado mes de julio.
En dicha resolución -todavía sujeta a previsibles recursos ante el Tribunal Supremo, y a las aclaraciones solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción-, el tribunal decidió absolver a todos los procesados al considerar que en la redacción de ese PGOU no existió trato de favor para primar los intereses del empresario Enrique Ortiz a cambio de la entrega de supuestas dádivas. Así, el tribunal solo condenó al constructor y al exalcalde Luis Díaz Alperi por sendos delitos de cohecho impropio que, para las magistradas que lo conformaron, no estaban vinculados de manera directa a la redacción del planeamiento de la ciudad.
De igual modo, ahora, en el impulso de esa nueva tentativa de PGOU, también se prevé aprovechar el trabajo que resulte recuperable desarrollado bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En esencia, lo que respecta a la definición de sus fases previas, en un proceso hasta cierto punto similar al seguido para la elaboración del catálogo de protecciones, ahora pendiente de la emisión de informes de evaluación sectoriales, como el que ya ha emitido la Dirección General de Cultura y Patrimonio con una resolución desfavorable, supeditada a la introducción de correcciones. Por el momento, se desconoce qué otro tipo de progresos concretos (al margen de la liquidación del contrato de redacción precedente) se han producido en la preparación del nuevo PGOU desde que se inició el mandato actual.
