ALICANTE. Ya hay encargo oficioso (a expensas de que se ratifique en Junta de Gobierno) para redactar el estudio de asistencia técnica que resulta necesario para que el Ayuntamiento de Alicante pueda licitar el servicio de transporte público en autobús. Se trata del servicio que ahora presta Masatusa, del Grupo Vectalia (antes Subús), a través de un contrato que vence en junio de este año, tras un periodo de 50 años de explotación.
La Mesa de Contratación ha aprobado, este miércoles, el acuerdo de adjudicación para la redacción de ese estudio previo a la UTE compuesta por Broseta abogados S.L.P-Ingartek Consulting S.L. que presentó la segunda mejor oferta, después de que los técnicos municipales hayan considerado válida la justificación del precio de su plica, que se había considerado baja temeraria. El concurso se había convocado por un importe de 121.000 euros y su oferta ascendía a 76.230 euros. Según han precisado fuentes municipales, los jefes de los servicios de Economía y Hacienda y de Transportes han certificado la validez de la documentación acreditativa que explicaría ese precio.
En segundo término, también se habría descartado la existencia de una posible vinculación societaria entre los componentes de dicha UTE y las empresas del Grupo Vectalia. Según las fuentes consultadas, los representantes de la UTE sí habrían informado de que, en el pasado, sí existió una relación mercantil (la realización de trabajos) con las empresas de ese grupo, sin que eso represente ningún obstáculo para asumir el contrato municipal.
Como informó Alicante Plaza, la primera propuesta que consiguió una mayor puntuación en la valoración técnica fue la presentada por otra UTE integrada por cinco gabinetes distintos: Cinesi, Sistema de Optimización de Recursos Tecnológicos, Century Auditores, Agustí & Asociados Consultores y Artnet Sistemes Informàtics. Dicha UTE renunció a la adjudicación tras informar sobre la existencia de algún grado de vinculación societaria con las empresas del Grupo Vectalia.
Una vez que la adjudicación quede formalizada en Junta de Gobierno, comenzarán a correr los plazos para que dicha UTE entregue sus trabajos. En principio, dispondría de un plazo de entre cuatro y seis meses para hacerlo.
Con ese calendario, todo parece indicar que la licitación del contrato de prestación llegará después del verano, por lo que quedará bajo responsabilidad de la nueva corporación que resulte elegida tras las municipales de mayo.