Ribera Salud pide una prórroga de la concesión ante una reversión "precipitada"

VALÈNCIA (EFE). El director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Javier Palau, ve "precipitada" e "ideológica" la decisión de la Generalitat de revertir la concesión sanitaria y cree que sería "muy inteligente" que Ribera Salud pudiera optar tanto a prorrogar o modificar el contrato como a una nueva licitación.

A poco más de seis meses para el 1 de abril de 2018, cuando ese Departamento de Salud pasará a ser de gestión directa tras haber sido gestionada durante dieciocho años de forma privada, Palau asegura en una entrevista con EFE que aún confía en que "impere la cordura" y no se lleve a cabo la finalización del contrato.

"Queremos seguir gestionando la salud de La Ribera porque creo que lo estamos haciendo muy bien, y si dejamos de hacerlo seguramente no se va a hacer tan bien", indica para añadir que Ribera Salud merece "una prórroga" del contrato de cinco años, algo que está incluido en el contrato de gestión de servicio.

Recuerda que han reclamado judicialmente que se revise la decisión de la Conselleria de Sanidad de revertir la concesión y confía en que antes de que finalice el plazo la Justicia les dará la razón.

Palau, que dirige el Departamento de la Ribera desde 2016 y antes fue director médico del Hospital La Fe de València, opina que el modelo de gestión de las concesiones sanitarias "permite más rapidez y flexibilidad que la gestión directa".

Considera "ideológica" y "política" la decisión del Consell de revertir la concesión, pese a tener un informe de la Sindicatura de Comptes según el cual es un modelo más eficaz y eficiente y satisface a la población.

"El Consell está perdiendo una oportunidad muy importante en una comunidad en la que tenemos dos modelos, uno que se ocupa del 20 % de la población y otra, del 80 % restante", asegura a EFE para añadir que ahora se podría estar hablando de "modificar el modelo o hacer algún tipo de contrato diferente y mucho más moderno".

Señala que ha habido "poca comunicación" con Sanidad, que a su juicio ha "ninguneado permanentemente" y "dejado de lado" a las concesiones sanitarias y ha "despreciado" su manera de funcionar, "algo sorprendente cuando, en el caso de Alzira, representamos a 250.000 ciudadanos y a más de 2.000 trabajadores que merecen respeto", defiende.

Las normas de reversión remitidas por Sanidad al departamento de salud de Alzira son "muy excesivas y con unos plazos muy rígidos, que hablan de la intervención a un año vista", afirma Palau, quien añade que estas les han supuesto muchos problemas en el área de recursos humanos: "No nos permiten contratar a nadie con carácter indefinido más allá del 31 de marzo de 2018".

"Tenemos un convenio colectivo, aprobado por unanimidad, que contempla que los empleados pasen de ser temporales a indefinidos en una proporción del 95 % en 2018 y las normas impuestas por Sanidad nos impide cumplirlo", subraya para afirmar que el departamento cumple todos los requerimientos de la Administración.

Entre los casi 1.900 trabajadores del departamento, unos 300 de ellos estatutarios y el resto personal laboral, hay "incertidumbre" por su futuro y considera "feo" que la conocida como ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos para 2018 los califique como "personal a extinguir".

"Entre los trabajadores hay quien está indignado y quien está un poco estupefacto, pero prácticamente todos tienen incertidumbre", afirma.

El personal laboral, ahora en situación de indefinido fijo, pasará a ser indefinido no fijo cuando acabe la concesión, una figura que, según Palau, ha sido definida por los jueces en algunos casos "pero jamás para un colectivo de 1.600 personas".

También explica que el personal de La Ribera gana "más dinero" que el de otros departamentos, tanto como por sueldo base como por incentivos, y si tras la reversión tienen que equipararse al resto de profesionales de la Comunitat "será un problema con el que no se ha contado bien".

"En este momento podríamos estar tratando de ver cómo mejoramos el Departamento en lugar de ver cómo lo desmantelamos", insiste para preguntarse cuánto le costará este proceso a Sanidad y considerar que con la gestión directa será difícil mantener toda la cartera de servicios.

La Ribera prepara un Plan Estratégico 2018-2028, que calcula unas inversiones de al menos 40 millones de euros para sus necesidades de los próximos diez años tras haberse invertido hasta ahora unos 140 millones.

Preguntado por qué pasará el 1 de abril de 2018, Domingo de Resurrección, Palau afirma que seguirán trabajando pero advierte de que poco después "habrá que hacer un seguimiento de cómo evoluciona la gestión".