Ortiz niega haber tenido información privilegiada en el juicio del amaño del PGOU de 'Brugal' 

ALICANTE. El juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, se ha reanudado este miércoles, con la declaración de los acusados, tras las sesiones iniciales para el planteamiento de las cuestiones previas celebradas entre los meses de junio y julio. En contra de lo previsto, como ha informado Alicante Plaza, el primero en comparecer ha sido el promotor ilicitano Ramón Salvador, quien suscribió un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el resto de las acusaciones, ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU), el pasado mes de febrero. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha explicado que la alteración del orden de las declaraciones obedece a la voluntad de que Salvador pudiese ratificarse en su conformidad. En esta línea, Salvador ha confirmado que se atenía a lo previsto en ese acuerdo por el que declaraba su culpabilidad y se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas que le pudiesen formular los abogados de las defensas.

El segundo en comparecer ha sido el promotor Enrique Ortiz. El constructor sí ha confirmado su intención de responder a las preguntas de la Fiscalía. En primer término, Ortiz ha asegurado que su relación con la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo se limitaba a las derivadas de la prestación de varios servicios municipales, como la limpieza viaria y recogida de la basura o el mantenimiento de la vía pública, además de por el desarrollo de varios proyectos urbanísticos de la ciudad, como el APA-9 o el Plan Rabasa, por ejemplo. En todo caso, ha señalado que no tenía ninguna relación familiar con ella, aunque sí ha admitido que había realizado algún viaje junto a la expolítica y otras personas. También ha admitido que el marido de Castedo trabajaba en sus empresas antes de que ella fuese edil. En esta línea, también ha apuntado que sí ha visitado en alguna ocasión el domicilio de Castedo y que ella también ha estado en su propia casa, "como otros alcaldes que también han venido a comer a mi casa y hemos hablado de varios proyectos, como suele ser normal".

Lo mismo ha declarado sobre Luis Díaz Alperi, sobre quien ha relatado que su relación con él se inició tras las lluvias torrenciales que causaron graves inundaciones en la ciudad de Alicante, en 1997. Según Ortiz, sus empresas se ocuparon de efectuar las reparaciones lo que permitió "ganarme la confianza del Ayuntamiento". Ortiz también ha confirmado que Díaz Alperi le llamó para comunicarle su intención de dimitir como, según ha dicho, también hizo con el resto de empresarios de la ciudad.

Ortiz, eso sí, se ha negado a responder sobre el contenido de las conversaciones al señalar que se trataba de audios registrados hace 12 años sin conocer si su contenido estaba completo o si se había extractado. La Fiscalía ha elevado su protesta al respecto al considerar que había condicionado su interrogatorio, puesto que estaba basado en gran medida en el contenido de esas conversaciones. No obstante, la presidenta del tribunal, Monserrat Navarro, ha sostenido que Ortiz estaba en su derecho de no declarar o de responder solo a las cuestiones que quisiese.

En todo caso, Briones ha proseguido su interrogatorio para cuestionar a Ortiz sobre si había celebrado reuniones con Castedo y Alperi fuera del Ayuntamiento. Ortiz ha respondido que no lo recordaba pero ha apuntado que "seguramente sí". Respecto a los supuestos "apaños" de sectores urbanísticos como el APA 9 o el plan del Rico Pérez recogidos en conversaciones captadas por la Policía, Ortiz ha negado que nadie "me apañase nada", puesto que se trataba de actuaciones ya previstas. Por lo que concierne al estadio, Ortiz ha explicado que todo comenzó con su subasta, a la que "solo nos presentamos nosotros, el Hércules, a través de Aligestión". En ese momento, según ha explicado, existía el compromiso de acometer obras por 4 millones "porque el estadio estaba que se caía, pero entonces vimos que esa cantidad era insuficiente". De ahí que, según haya explicado, se hiciese un proyecto en el que se invitó a participar a reconocidos arquitectos "y entonces se nos dijo que era un plan muy importante que tenía que meterse en el Plan General". "Después llegaron informes técnicos y se lo cargaron", ha explicado. Según ha dicho, "sacaron el proyecto del PGOU y el PRI se quedó muerto".

En todo caso, ha negado que quisiese construir ni llevar a cabo "una operación especulativa", sino invertir las plusvalías que se generasen en "un estadio de cinco estrellas", como en otras grandes ciudades, entre las que ha citado Valencia o Elche. Así, ha recordado que el proyecto del estadio se realizó a través de Aligestión. En esta línea, ha explicado que en la reforma del inmueble se había llegado a invertir hasta 8 millones de euros, en lugar de los 4 previstos en las bases de la subasta. Ha señalado que esa obra se hizo "a fondo perdido". "Para mí el Hércules es un tema social; lo compré y lo sigo manteniendo después de que me he gastado más de 60 millones... y no me gusta el fútbol", ha asegurado.

Además, ha sostenido que nunca había propuesto trasladar el estadio a otro emplazamiento. "Si muevo el estadio me matan", ha dicho. Además, ha apuntado que la inclusión de una zona comercial que se había previsto en el proyecto de rehabilitación del estadio fue la que motivó su paralización por la protesta de los comerciantes de la ciudad.

A preguntas de Briones, Ortiz también ha señalado que "nunca nadie me dio un plano sobre el Plan General" y ha sostenido que los conocimientos que tenía sobre el planeamiento era los que "me afectaban como urbanizador". "Cualquier tramitación que afecte a nuestras zonas, tengo que estar al corriente; si tenemos Rabasa, el polígono de Coca-Cola, el APA 9, el PAU 3, el PAU 1 y teníamos presentado un proyecto de tres millones de metros en Torres de la Huerta, así que yo pedía y exigía lo que me afectaba, pero nunca me han dado nada", ha relatado. Entre otras cosas, ha dicho, "porque Urbanismo es un desastre". "Allí falta mucha gente, falta personal, y nunca nos daban nada de información”, ha explicado. 

En esta línea, también ha señalado que no tenía relación con el arquitecto urbanista Jesús Quesada, segundo redactor del PGOU, aunque ha señalado que lo había conocido antes a partir de su participación en el Plan Armanello de Benidorm. También ha apuntado que tuvo algunas reuniones con él en relación a la posibilidad de incrementar la densidad de algunos sectores, que finalmente no prosperó por el rechazo del resto de los propietarios del suelo. El constructor también ha reconocido que había llamado a la exalcaldesa en alguna ocasión para tratar de que se atendiese a las peticiones que formulaban los arquitectos redactores del PRI del Rico Pérez, pero que eso fue cuando el proyecto ya era público. Y ha incidido en que la respuesta fue "que se cargaron el PRI con informes en contra". "No ha habido proyecto más público en la historia de esta ciudad que el del Rico Pérez", ha enfatizado. 

Asegura que fue él quien trató de entregar planos a Alperi y Castedo para que se incluyesen terrenos para accesos en el sector de Rabasa pero que no lo consiguió

Tras la insistencia del fiscal, Ortiz ha negado que recibiese planos de Díaz Alperi o de Castedo y solo ha señalado que entregó al exalcalde "un plano con tres fincas nuestras en Rabasa para que se metieran en el Plan de Rabasa para construir los accesos que Carreteras nos había exigido". Además, ha señalado que ese plano también se lo había facilitado a Castedo, cuando era concejal de Urbanismo. "Les pedí que me lo pintasen de azul, como expresión coloquial, pero no nos lo metieron", ha dicho. "Ahí no hay delito, pedimos pero no nos lo concedieron", ha recalcado. De hecho, ha señalado que presentaron alegaciones.

Además, ha apuntado que él encargó un informe sobre las consecuencias del plan de compensaciones de metro por metro sobre suelos protegidos "porque no estaba de acuerdo con los parques naturales; pedí que me hiciesen el plano del avance del PGOU, ubicando las zonas prioritarias para esos parques, que no era necesario que estuviesen en Alicante". "A mí ese plan de parques me causaba pérdidas de 100 millones de euros", ha dicho. Ha señalado que esa ley que obligaba habilitar parques naturales acabó siendo anulada "porque era un disparate". 

"Encargué un plano que se redacta en la empresa pintando los parques naturales que marca prioritarios la Generalitat Valenciana; con la finalidad de hacer un estudio para saber dónde están por si me afecta alguno o no, pero no para comprar, yo era el enemigo número uno del plan este del cambio de metro por metro porque eso nos arruinaba", ha dicho. "Esos informes eran la antesala para impugnar ese PGOU", ha añadido. "Como era una ley imprecisa y mal creada, la quitaron al poco tiempo", ha dicho. "Ese informe quise dárselo a Díaz Alperi y me dijo que él no podía tramitarlo y que eso tenía que hacerlo a través de Provía", ha explicado. "No recuerdo si se hizo llegar al responsable autonómico", ha dicho. 

En este sentido, Ortiz ha asegurado que él solo conocía las zonas protegidas que se había delimitado en el avance del PGOU, pero no los parques naturales que promovía la legislación autonómica. Después, ha apuntado que sí conocía el despacho de abogados Salvetti "porque es un despacho prestigioso". Ha añadido que conocía a uno de sus titulares, Javier Gutiérrez, desde su etapa de concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante y ha apuntado que tenía un trato cordial con él. Con todo, ha señalado que él no había efectuado ningún pago a ese despacho y que tampoco tenía constancia de que el bufete fuese a percibir ningún ingreso por la resolución de alegaciones del PGOU.

A preguntas sobre el proyecto de construcción de la llamada Ciudad de la Economía en el entorno de Aguamarga, Ortiz ha relatado que compró suelo por valor de 8 millones de euros y que el proyecto no se llegó a desarrollar. Ante la insistencia de Briones, ha señalado que no tenía ningún tipo de información privilegiada sobre el planeamiento del sector porque era pública. "Teníamos una especie de avance del proyecto que había elaborado Alfonso Vegara pero al final no se llevó a cabo porque el Ayuntamiento lo incluyó en el PGOU", ha dicho. De igual modo, ha sostenido que él tuvo conocimiento de que el suelo de ese sector se iba a recalificar a partir de la información recogida en el Plan de Acción Territorial del área Metropolitana de Alicante y Elche (PATEMAE).

Respecto al sector de La Condomina, Ortiz ha señalado que "quien podía dar información privilegiada era yo, que llevaba trabajando seis años en un proyecto para esa zona, con tres millones de metros", por lo que ha negado que recibiese ningún tipo de información por parte del ayuntamiento. De esos tres millones de metros, según ha dicho, él es propietario de 700.000 metros. En esta línea, ha recalcado que "el señor Díaz Alperi nunca me dio ninguna ficha del Plan General". "El Plan General define y califica los suelos, nosotros cuando compramos un suelo, sabemos lo que compramos y lo que vendemos; nosotros no hemos comprado nunca ni un metro antes del avance del Plan General", ha explicado. "Nos hemos gastado casi 200 millones de euros porque ya estaba aprobado en el avance del Plan General; el urbanismo es complicado pero esto creo que está claro", ha insistido. 

Rechaza haber entregado regalos a los dos expolíticos, aunque admite viajes compartidos y haber ayudado a los hijos del exalcalde

"Nosotros tenemos más información que el Ayuntamiento, no necesitaba ningún dato del Ayuntamiento, vamos por delante, tomamos las iniciativas; me refiero al proyecto de Torres de la Huerta" en La Condomina "que se presentó en 2006". "El Ayuntamiento no tiene personal suficiente", ha dicho.

Al hilo de las preguntas de Briones, Ortiz también ha señalado que conocía a Julia Castelló, una persona de la confianza de Castedo supuesta receptora de sus dádivas, por haber trabajado en sus empresas. También ha apuntado que se enteró de que Castedo la había contratado después. Y respecto al supuesto regalo del coche, que se recoge en el sumario como una de las supuestas prebendas ofrecidas a Castedo por parte del constructor, ha explicado que "en una cena, salió a la conversación que le había comprado un coche a mi hijo y que tenía un Mini de segunda mano para vender; en esa cena, me dijo el marido de Julia que a lo mejor se lo regalaba a ella. Después me llamó Castedo y me dijo que querían regalárselo para su cumpleaños". Así, ha apuntado que "el marido de Julia lo compró en cuatro o cinco plazos", ha relatado. "De ninguna manera" fue un regalo para congratularse con Castedo, ha dicho.

Respecto a la contratación de determinadas personas, ha señalado que "nosotros hemos contratado a muchas personas necesitadas". "Desde pequeño, por los valores que he tenido, he llegado a contratar a gente que estaba en los semáforos vendiendo pañuelos; es un tema social como el del Hércules que he comentado", ha defendido. Sobre la contratación de personas recomendadas por Castedo, ha dicho que "yo he contratado a gente recomendada por mucha gente, por todos los partidos políticos, gente necesitada", ha explicado.

Igualmente, Briones le ha cuestionado sobre uno de los viajes realizados a Andorra incluido en el sumario como parte de las presuntas prebendas con las que obsequió a los expolíticos. En esta línea, Ortiz ha señalado que no hizo ninguna gestión para facilitar el viaje de Castedo y de su familia. "La única gestión que hice fue decirles en el hotel en el que estábamos; no coincidíamos solo que en el momento de las cenas porque estábamos todo el día esquiando", ha detallado. Además, ha apuntado que "ese viaje no era caro", aunque no recordaba cuál había sido el método de pago empleado. También ha señalado que no recordaba haber cedido un vehículo a Castedo. El fiscal también ha cuestionado sobre el viaje en yate a Ibiza compartido con Castedo, según el sumario. Ortiz ha explicado que se trata de un barco "de charter" contratado a nombre de una de sus empresas. "Los gastos son los mismos los utilice una o 16 personas; creo que en ese viaje estuvimos cuatro días", en alusión a Castedo y su familia. Ha sostenido que en ese viaje "les invité a las comidas en el barco". Además ha señalado que el barco podía tener un precio de nueve millones de euros y que suele alquilarlo en cuanto tiene demanda.

Respecto a la cesión de plazas de estacionamiento en los aparcamientos municipales que gestiona en régimen de concesión, como el de Alfonso el Sabio, ha explicado que "se ceden unas tarjetas al ayuntamiento por contrato o por costumbre".

Briones también le ha cuestionado sobre los pisos de los hijos de Díaz Alperi, otro de los supuestos obsequios reflejados por los investigadores. Ortiz ha señalado que "nunca me han pedido nada sobre eso". "Alperi me pidió el favor de ver si podía colocar a su hijo, que estaba en una situación muy complicada desde que él había dejado de ser alcalde, y entonces hablé con Oto", ha explicado. En esta línea, ha explicado que "lo metimos" en una sociedad para gestionar los alquileres de suelo de los mupis y vayas publicitarias y que "no cobró ni un euro" por trabajos que no hubiese realizado.

En la misma línea, Ortiz también ha negado que pagase los gastos del viaje de Díaz Alperi a Creta en jet privado. "Yo lo que le hice fue el favor de llamar a un amigo mío, Vicente Cotino, para decirle que se portase bien con él y que no le metiese el clavo, porque esos vuelos no son baratos, pero solo intervine para que le trataran bien". "Luego no voló con ese avión, voló con el avión de un amigo de él (en alusión a Cotino) y lo pagó, y luego me veo yo metido en ese lío", ha explicado.

Después, también ha respondido sobre su supuesta intervención en una promoción de viviendas desarrollada por uno de los hijos de Díaz Alperi. Ha dicho que "la única intervención es que no tenía ni idea de trámites administrativos y lo único que hicimos fue colocar seis metros de baldosas que le faltaban para que pudiese tener la licencia de ocupación". Ortiz ha respondido también sobre el supuesto regalo de palcos en el Rico Pérez para asegurar que en realidad "no hay palcos". Además, ha dicho que "yo ni pagué nada, ni fue a nada".

Briones también le ha cuestionado a Ortiz sobre la posibilidad de que celebrasen una cena con Alperi y Castedo en su yate con motivo del archivo de la causa que se seguía contra ellos en relación a las supuestas irregularidades en la construcción de tres aparcamientos municipales. El constructor ha señalado que en todo caso fue una cena para ver un partido de la selección española.

Ortiz se ha negado a responder al resto de las acusaciones, pero sí se ha mostrado dispuesto a contestar al resto de las defensas. No obstante, solo ha tenido que responder a una única pregunta formulada por el letrado de Castedo para asegurar que no recordaba quién había pagado el desplazamiento para un viaje hasta el aeródromo de Mutxamel para asistir al funeral del exconseller de Obras Públicas.

El interrogatorio ha quedado suspendido temporalmente antes de que el letrado de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco, interrogase a su defendido. Ya en la reanudación de la vista, el promotor ha aclarado que la primera propuesta sobre el sector de las Torres de la Huerta se había presentado en 2002. También ha señalado que el avance del Plan General se dio a conocer en el año 2001. "Ese es el documento con el que trabajamos todos los empresarios", ha dicho. Así, ha señalado que se trata "del único documento cierto" y que había sido objeto de un concierto previo suscrito con la Generalitat.

Respecto a la contratación de personas, ha sostenido que no se realizaba "porque viniesen de parte de Sonia Castedo, sino de cualquier persona". Igualmente, ha señalado que "nunca" ofreció regalos o dinero a cambio de reclasificaciones. Ni sobre el estadio Rico Pérez, ni en la Ciudad de la Economía. De hecho, ha señalado que ese segundo sector quedó como protegido. "Nunca he dado ni me han pedido nada", ha reiterado ante la insistencia de su letrado. En la misma línea, a colación de un préstamo de 30.000 euros que efectuó a uno de los hijos de Alperi, Ortiz ha señalado que quedó reflejado en la contabilidad de sus empresas y que, además, fue devuelto. De la misma forma, ha sostenido que los trabajos que desempeñó el descendiente del exalcalde en la empresa constituida sobre los alquileres de terrenos de las vayas publicitarias, los cobraba tras la presentación de las correspondientes facturas.

Ruiz Marco también ha cuestionado sobre el viaje a Ibiza, en el verano de 2009. Ortiz ha señalado que "el viaje era de un grupo de amigos y como Turi (el marido de Castedo) era amigo mío, pues le dije que se viniesen". Así, ha vuelto a negar que fuese un regalo a Castedo. En esta línea, ha sostenido que ya no realizaron ningún otro viaje juntos a Ibiza. Respecto a las supuestas entregas en metálico facilitadas a Díaz Alperi a través de su propia esposa (la de Ortiz), el constructor ha señalado que se trataba de un sobre con 60.000 euros "que yo le debía a Antonio Solana (empresario) y que me dijo que se los diese a Luis", de modo que él se los entregó a Solana, según su versión.

También ha descartado que sus empresas hubiesen comprado suelo en Fontcalent, como se sostiene en el sumario. Y ha señalado, respecto a sus conversaciones con el empresario ilicitano Ramón Salvador, que este "le preguntó si tenía información sobre la ficha de sus terrenos” y que él le contestó, marcándose un farol, "que las tenía todas, salvo las suyas".

El proceso se sigue contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de contra el propio Ortiz, como principales procesados. La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos expolíticos del PP facilitaron al promotor información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2008 y 2010, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas. Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y dos meses para Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. En lo que respecta a Ortiz, pide 8 años de prisión al considerarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.