El alcalde, el 'popular' Luis Barcala, estrecha la mano al portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, en el salón de plenos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los seis contratos menores adjudicados de manera directa a la socia de uno de los asesores del PP, cesado después de que se constatase que su participación en una licitación pública pudo haber incurrido en una supuesto de incompatibilidad desde su puesto como trabajador municipal eventual, suscitan dudas e interrogantes entre tres de los cuatro grupos políticos que ejercen labores de oposición en el Ayuntamiento de Alicante. PSOE, Guanyar y Compromís, coincidieron este lunes en reclamar explicaciones al equipo de Gobierno que coordina el popular Luis Barcala, a la vista de la información publicada por Alicante Plaza. Se trata de seis encargos directos (sin concurso público) por un importe global de 9.667 euros por el desempeño de los servicios de coordinación de seguridad y salud de diversas obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público desarrollados en varios barrios.
En primer término, el grupo municipal socialista solicitó por registro que se le facilitasen los expedientes completos relacionados con esas contrataciones para poder comprobar si existen tres presupuestos diferentes en los procesos de adjudicación de trabajos a la socia del asesor que trabajó para Barcala hasta que se demostró que incumplía la legislación por su participación en una empresa adjudicataria del Ayuntamiento". Según el PSOE, es lo que el PP ha venido exigiendo en los tres años en los que ha permanecido en la oposición desde 2015. "Es curioso que, como informa un medio de comunicación, el señor Barcala adjudicase a dedo seis contratos a la que era socia de su asesor", explicó la portavoz socialista, Eva Montesinos, a través de un comunicado.
En esa misma nota pública, se insiste en que "la fecha de adjudicación de cinco contratos, según el portal de transparencia municipal, es el 17 de julio, fecha en la que todavía cobraba, como asesor de Barcala, el socio de la persona adjudicataria. Crespo dimitió el día 26 de julio al descubrirse que era socio de una empresa que optaba a un contrato mayor de 40.000 euros", concretó el PSOE, al referirse al concurso por el servicio de mantenimiento de zonas verdes de las escuelas infantiles municipales, en el que una de las empresas participadas por Crespo (Avanza Serveis Integrals de la Terreta) había resultado preadjudicataria, tras recabar la mayor puntuación técnica.
El PSOE recordó que "el límite legal de participación en empresas privadas del personal vinculado al Ayuntamiento de Alicante en el cargo de asesor para no incurrir en incompatibilidad está fijado en el 10%, mientras que Crespo poseía el 25% de la empresa". Y añadió: "Una vez más, como sucede desde la llegada de Barcala a la Alcaldía, la sombra de la sospecha se extiende sobre el Ayuntamiento. Los socialistas vamos a exigir que se entregue toda la documentación que justifique estas adjudicaciones", advirtió Montesinos.
El PSOE recalcó que, de momento, "Barcala tampoco ha entregado los informes, solicitados por registro, que, según las propias palabras del primer edil, fueron elaborados por el asesor afín a Nerea Belmonte durante su época en la Concejalía de Infraestructuras". "A día de hoy no tenemos ninguna prueba del supuesto trabajo realizado por el señor Redondo mientras cobraba dinero público", señaló Montesinos. Los socialistas lamentaron que "este tipo de situaciones pongan de manifiesto la doble vara de medir del señor Barcala. Llegó a alcalde exigiendo a los demás lo que él no esta dispuesto a cumplir".
PSOE y Compromís reclaman copias de los expedientes para comprobar si se solicitaron varios presupuestos y la documentación que justifique las adjudicaciones directas
En segundo lugar, el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, apuntó que, en un primer análisis, la información relacionada con esos seis encargos directos publicada por este diario "no suena bien". "Que todos esos contratos se hayan adjudicado desde la Concejalía de Infraestructuras a una misma persona con los antecedentes que todos sabemos... Es algo que se debía haber evitado al menos por un tema de ética y de estética; la misma que el PP reclama con tanta contundencia a otros". Así, señaló que "probablemente tengan que asumir algún tipo de responsabilidad política", en relación a esos hechos, en la misma línea en la que el grupo municipal de Guanyar se vio forzado a actuar en otros casos polémicos como el de la edil Nerea Belmonte (ahora no adscrita) o el de Víctor Domínguez (que dimitió el pasado mayo), y en la misma línea en la que, dijo, "también debería asumir responsabilidades políticas el grupo municipal de Compromís" por los acuerdos alcanzados con Escola Valenciana, en la que trabaja su vicesecretario general y pareja de una de sus ediles, Ismael Vicedo. "No sé en qué tienen que consistir esas responsabilidades, pero sería conveniente que se aplicasen la misma vara de medir", añadió Pavón. Todo, eso sí, después de lamentar "que esos acuerdos se traten de usar de forma demagógica mezclando la promoción del valenciano con el independentismo catalán".
En tercer término, el propio grupo municipal de Compromís también presentó por registro una petición para que se le facilitasen "todas las facturas y expedientes de las personas y sociedades relacionadas con Jorge Crespo en las fechas en las que todavía era asesor del PP". Su portavoz municipal, Natxo Bellido, exigió explicaciones rápidas y claras sobre esta "trama de facturas y trabajos que se encargaron a Crespo o a empresas relacionadas con el exasesor durante el tiempo que estuvo en el cargo y posteriormente".
El líder de la coalición abundó en que, precisamente, "Crespo tuvo que dimitir por las incompatibilidades entre sus intereses empresariales y su labor como asesor al ser una de las empresas en las que participaba la preadjudicataria del contrato de mantenimiento de las escuelas infantiles municipales". "Ahora, además, nos enteramos de que no se nos había contado todo lo que había pasado y de que antes de dimitir ya había facturado a través de cargos directos en la Concejalía de Infraestructuras", destacó Bellido.
El edil también mostró su preocupación por los diversos contratos "a dedo" realizadas con personas relacionadas con el exasesor del PP y sus empresas en dicha concejalía. En esta línea, añadió que "esta trama se suma a las diversas irregularidades del PP en el poco tiempo que llevan en el Ayuntamiento como la del otro asesor que tuvo que dimitir porque estaba trabajando para la tránsfuga Belmonte, que dio la Alcaldía a Barcala, o cuestiones como el concurso de las VPO, que sigue sin poder resolverse". "En poco más de seis meses de gobierno ya han empezado a salir trapos sucios del minigobierno del PP. Lo que queremos es que nos cuenten qué ha pasado, que procedimientos se han seguido y que nos den explicaciones de estas facturas lo antes posible para una vez tengamos la información podamos hacer valoraciones", recalcó Bellido.
Por último, instó al equipo de Gobierno a responder todos "los interrogantes que se plantean en relación a estos seis encargos directos, como por qué motivo la socia de Crespo factura al ayuntamiento con su propio CIF, y no a través de una de sus empresas de consultoría; o por qué no se convocó un único concurso para contratar los seis servicios de seguridad y salud, en lugar de optar por adjudicaciones directas". Además, incidió en que, cuando la portavoz del PP y presidenta del patronato de Escuelas Infantiles, Mari Carmen de España, explicó los motivos del cese, señaló que "la posible incompatibilidad" no sólo afectaba a Crespo "sino también a la empresa con la que había optado al concurso, de modo que señaló que se debía revisar su participación en el concurso para evaluar su anulación". Así, insistió en que, en aquel momento, "el ayuntamiento estaba contratando con el Grupo Ireco, también participada por Crespo, el estudio de seguridad y salud de las obras del Parque de Bomberos Ildefonso Prats". "¿Se tiene que revisar también esa contratación?", se preguntó.
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs), por su parte, eludió formular ninguna valoración sobre las contrataciones hasta poder recopilar mayor información. En todo caso, sus representantes también expresaron dudas sobre por qué motivo no se decidió agrupar la contratación de los seis estudios en la convocatoria de un concurso único.
Fuentes del equipo de Gobierno rehusaron realizar ninguna valoración adicional sobre las contrataciones, más allá de las ya recogidas por Alicante Plaza. Las mismas fuentes insistieron en que todo el procedimiento fue legal y que no existe ningún conflicto de tipo ético en la medida en que Crespo no tuvo ninguna intervención en esas contrataciones. Como también recogió este diario, el ya exasesor señaló que las empresas en las que participa vienen desempeñando trabajos para la Administración desde 2011 sin que en eso hubiese influido su contratación como asesor, el pasado abril.
