Fernando Miró en un congresoELCHE. Ante la polémica suscitada por el caso de la ‘Manada’ y su sentencia, en la que uno de los magistrados emitió un voto particular en el que veía abuso y no agresión sexual a la víctima, el Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha organizado para el jueves un seminario extraordinario con el alumnado para abordar la sentencia y todo lo relacionado con ella, ya que el debate se ha extendido también a la necesidad o no de modificar el Código Penal para los delitos sexuales. El seminario, organizado por el director de Crímina y Catedrático en Derecho Penal y Criminología Fernando Miró, contará con un prólogo, un nudo, desenlace y epílogo, en el que intervendrán expertos en la materia.
Como explica Miró, el seminario “será una reflexión sobre la potencial reforma de los delitos de tipo penal de sexual”. Se trata de una clase ad hoc por el interés despertado en las redes sociales. Contará con profesores invitados y abogados en ejercicio para hablar sobre los aspectos esenciales de la sentencia y tener una perspectiva técnico jurídica. Un debate amplio en el que se aprovechará para estimular “un juicio crítico y acertado”. Precisamente sobre la necesidad de estos elementos, Miró entiende la reacción visceral que ha causado la sentencia, aunque “falta perspectiva técnico jurídica en algunos juicios”. En ese sentido, apunta que “la sociedad tiene determinadas concepciones que pueden ser más o menos aceptadas, y es lógico que reaccione, incluso desde un aspecto jurídico hay aspectos criticables".
En cualquier caso, indica que desde el ámbito jurídico todos han de estar acostumbrados a la crítica “jurídica”. No obstante, Miró recuerda que aún no hay sentencia firme, “estamos ante una decisión judicial en una primera instancia”, por lo que considera “excesivo” hacer juicios de valor a estas alturas. Eso sí, recuerda también que han de ser los técnicos y académicos, es decir los expertos en la materia, quienes aplaquen las reacciones: “hablará la última instancia”, que en este caso compete al Tribunal Superior de Justicia. Señala que hay que aguantar los márgenes de discrecionalidad y que es bastante común en Derecho que varios jueces no logren ponerse de acuerdo, “poner esto de manifiesto es uno de los objetivos del seminario”, explica.
Sobre la sentencia en sí, Miró asevera que “es un claro caso límite y complejo; es un supuesto que linda entre dos medios comisivos, como la intimidación para la agresión sexual y el prevalimiento para el abuso, y no es sencillo”. Cree que no se ve muy claro que esté en cualquiera de los dos y que el deslindar esas palabras e interpretaciones es una de las cuestiones que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, Miró contempla que en la futura sentencia se pueda ir más allá de esas tipologías, y cree que la Audiencia Provincial ha sido conservadora —a nivel jurídico, no ideológico— al interpretar la intimidación con el sentir más arraigado que ha asentado el TSJ, y cree que se puede ir hacia un sentido de intimidación más amplio. Por eso piensa que cuando la sentencia llegue a este último, “puede que se atreva a enmendarse a sí mismo porque la sentencia ha seguido su concepto”.
Sobre las palabras del Ministro de Justicia Rafael Catalá, en las que aseveraba que la sentencia “no es un problema del Código Penal, es un problema de la sentencia”, Miró cree que puede ser de las dos cosas. No tiene toda la información que los jueces, pero estima que “la sentencia podría ir más allá. Es un problema de la sentencia, pero también creo que es posible que tengamos que adaptar al Código Penal a una consideración más centrada en el consentimiento de forma nuclear más que en el medio comisivo”. Algo que se podría aplicar también, indica, en casos de abuso sexual con sumisión química o casos de prevalimiento. “Pero lo que no se puede hacer es legislar en caliente”, dice, en referencia a modificar el Código Penal. “Se trata de tener toda la información, análisis empíricos, ver qué se ha hecho en otros países y adaptarse a determinados cambios sociales”, explica, “no sobre la base de un caso”, concluye.
En ese sentido, esgrime que hay que tener cautela, ya que “hablamos de la intervención más violenta del Estado hacia los ciudadanos”. Eso sí, sobre lo de Catalá lo tiene más claro: “su comentario fue desproporcionado hacia el voto particular y todo aquello que afecta a la independencia judicial: las propias instituciones tenemos que ser más respetuosos con las instituciones pública”. Cree que “hay un exceso de populismo”, aunque entiende la indignación. Argumenta que los hechos probados dan por probada la versión de la víctima y “son compatibles las protestas, como que hay que comprender que hay un problema de interpretación técnico jurídica con matices y ante una posible resolución que es posible que cambie. Se está hablando demasiado del Derecho Penal, y como todo es complejo y requiere de más análisis”.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia no va a tener pruebas nuevas; ya tiene las que hay, junto a las declaraciones, “están limitados pero tienen voto particular y unos hechos que son distintos. Sobre esto dictaminarán”. Miró piensa que tienen suficiente capacidad para emitir una sentencia absolutoria como para una inculpatoria, “incrementando significativamente la actual”. Asevera que la sentencia da para muchas posibles interpretaciones porque hay una buena transcripción de los hechos. Asimismo, cree que teniendo en cuenta que no hay lugar a nuevas pruebas, “los testimonios creo que no se trabajaron todo lo que se podrían haber trabajado. Se podrían haber preguntado más cosas para sacar más información y explotar más testimonios contradictorios”. Pero insiste, con esos hechos probados, “se puede todavía condenar por agresión sexual y se puede absolver”.
Por otra parte, sobre la Comisión de Codificación que revisará los delitos sexuales, que ya ha manifestado que fue agresión y no abuso, y que en un momento estaba sólo formada por hombres —ahora se han incluido seis catedráticas—, explica que “está bien la visión de muchas compañeras dentro de esa comisión ya no sólo por un hecho de cuotas, sino porque hay profesionales con formación espléndida y catedráticas de derecho penal”. Piensa que solucionar el tema ahora ad hoc con la inclusión de las mujeres no es la imagen más adecuada. “Habría que meter en la comisión permanente a más mujeres”, indica, y añade que normalmente no se le hace caso a este organismo. Estuvo mucho tiempo sin reunirse y apenas se le presta atención a la academia, por eso incide en que es una buena noticia que se rescate. “Además, ahora cuenta con expertos y expertas en la materia que son catedráticas con experiencia en casos de violencia de género”.
Por último, y sobre la hipotética reforma del Código Penal, cree que hay que acometerla, “pero no es el momento, hay que esperar ya que requiere más análisis de los que pueden hacerse ahora”. Cree que las nomenclaturas actuales utilizadas por la legislación penal de ‘abuso’ y ‘agresión’, no son las más adecuadas: “creo que hay algunas formas comisivas que merecen más tratamiento comisivo que el que tienen”.
