ALCOY. Importante paso adelante para ejecutar las obras de reposición de los barrancos en la polémica urbanización de Serelles en Alcoy y cumplir una sentencia de 2009, después de que la Mesa de Contratación haya determinado que la mejor de las cuatro ofertas que han pujado es la de SA Agricultores de la Vega de Valencia.

Además de la preadjudicataria han concurrido a la licitación Pavasal Empresa Constructora SAU, Licuas SA y Construcciones Uorconf SL. Se trata del contrato para ejecutar las obras de reposición de un tramo de cauce y de la conectividad ecológica de los barrancos en la polémica urbanización de Serelles en Alcoy, que quedó inacabada tanto en lo que respecta a las viviendas como a las obras públicas, y partía de un presupuesto de 884.729,18 euros, con el IVA incluido. La preadjudicataria presenta un presupuesto de 759.769,18 euros, IVA incluido, que supone una rebaja del 14,12% respecto al de licitación.

Con este proyecto, la administración local asume la obligación de finalizar las obras conforme al ordenamiento jurídico, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2009, en lo referente a la permeabilidad de los barrancos como corredores ecológicos, y confirmada por el Tribunal Supremo, ratificando el acuerdo del Consejo de Ministros que obliga a reposar los terrenos afectados en su estado primitivo.

Recordar que de las 500 viviendas previstas en una primera fase solo finalizaron medio centenar, y también quedaron pendientes actuaciones públicas como la reposición de los barrancos y la construcción de un puente, cuyas obras están suspendidas a la espera de que la adjudicataria presente una modificación del proyecto, tras argumentar diferentes problemas. Ahora estas actuaciones cuentan con el Ayuntamiento como agente urbanizador, después de resolver tal condición a la mercantil Luxender, y es financiada con los avales retenidos en su momento a esta empresa, puesto que las obras públicas eran de su competencia.

En cualquier caso, los avales retenidos no serán suficiente para ejecutar todo lo que quedó pendiente en esta polémica urbanización, ya que suponen 3,7 millones, mientras que las obras del puente que quedó pendiente y la reposición de los barrancos ascenderán a unos 4,5 millones, además de haber pagado una multa de 601.012,10 euros, por la ocupación de un tramo del Barranc del Cint y varios barrancos afluentes sin autorización de la Confederación Hidrográfica.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla diversas actuaciones clave para la restauración ambiental de la zona. Los trabajos principales se centran en el encauzamiento del barranco, que incluye labores de demolición, desmontajes y movimientos de tierras necesarios para recuperar la orografía original. Asimismo, se ejecutará una nueva obra de drenaje proyectada y se llevarán a cabo las reposiciones pertinentes. Una parte fundamental del presupuesto se destina a garantizar la conectividad ecológica de los barrancos, asegurando que estos espacios cumplan su función como corredores naturales, tal y como exige la normativa ambiental y las resoluciones judiciales. También se incluyen partidas específicas para la adecuación de la salida de obras de drenaje existentes , la seguridad y salud durante la obra , y una gestión integral de los residuos de construcción y demolición.

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado la importancia de este paso para cerrar uno de los capítulos urbanísticos más complejos de la ciudad: "El Ayuntamiento tiene que asumir esta responsabilidad para cumplir con la legalidad y acatar las sentencias firmes que obligan a restituir la realidad física de estos terrenos. Esta licitación es la consecuencia directa de la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en su etapa de gobierno, otro desastre heredado que la ciudadanía de Alcoy está pagando años después".

Por otra parte, recordar que el mes pasado se conocía que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante absolvía a los administradores concursales de la promotora inmobiliaria alcoyana Luxender SL de la demanda interpuesta contra ellos por Artemisa Granatensis SL, por la que les reclamaba más de 52,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por supuestos daños y perjuicios económicos derivados de su gestión.