El Síndic de Comptes reprende a Alicante por los pagos sin contrato: 43 millones en 2015 y 2016

ALICANTE. La gestión contable desplegada en el Ayuntamiento de Alicante vuelve a quedar en entredicho en otro informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, tras el emitido sobre el ejercicio 2011 (el último estudio evacuado hasta ahora). En esta ocasión, el análisis de la institución autonómica se centra en los años 2015 y 2016, en los que se recoge parte de la acción de gobierno del PP (entre enero y junio de 2015) y del ya extinto tripartito (desde junio de 2015 y durante todo el 2016; el tripartito quedó disuelto en noviembre de 2017, tras la confirmación del procesamiento del exalcalde socialista Gabriel Echávarri por el caso Comercio y el caso despido). 

Con todo, en sentido estricto, las conclusiones a las que se llega en el dictamen derivan de decisiones y situaciones que se arrastran en gran parte de los años precedentes, bajo los distintos mandatos del PP (los populares gobernaron desde 1995 a 2015) a las que PSOE, Guanyar y Compromís y toda la estructura administrativa del Ayuntamiento (con una plantilla de 2.000 funcionarios) tampoco llegaron a dar solución. Al menos, no de manera completa.     

Entre esas conclusiones, se incluyen reproches de pura operativa contable -aunque no por ello menos preocupantes- como el hecho de no haberse aplicado obligaciones pendientes por un importe de 18,8 milllones en el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015. De ellos, 18,4 corresponden a la compensación a Hansa Urbana por la sentencia que anuló el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial La Condomina).

Sin embargo, la anomalía que podría considerarse de mayor envergadura afecta a los pagos ejecutados sin el preceptivo respaldo legal de un contrato en vigor y, por tanto, sin que estuviesen contabilizados previamente en el presupuesto. Se trata de las facturas abonadas bajo la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito. 

El informe de la Sindicatura subraya que entre los años 2015 y 2016 se aprobaron expedientes de esas características por una suma global de 43,1 millones. Hasta 21,9 de ellos corresponden "en su mayor parte a gastos de ejercicios anteriores" a 2015. Es decir, que bien el PP bajo la Alcaldía de Miguel Valor, o bien el tripartito durante el mandato del socialista Gabriel Echávarri, se limitaron a tener que aprobar esos pagos pendientes de facturas guardadas en el cajón pese a no haber sido contraídos bajo sus respectivas etapas.   

Además, en 2015 se aprobaron otros 24 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito "para gastos del propio ejercicio que carecían de cobertura contractual" por una suma de 5,6 millones. Y ese mismo proceder se repitió en 2016, con otros 64 expedientes por un importe total de 15,5. La cifra global de los dos años es la ya citada: 43,1 millones. Es decir, que a lo largo de ese periodo (2015 y 2016), el Ayuntamiento pagó sin cobertura legal el equivalente al 17,9% de su presupuesto para 2015, que ascendía a 240 millones.

El informe señala la consecuencia que esa práctica debería haber tenido en la contabilidad municipal al apuntar que "la imputación de los gastos por expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito" (es decir, los citados pagos sin contrato) "al ejercicio de devengo" (el año en el realmente fueron generados) "reducirían el resultado presupuestario en 16.115.311 euros" en el año 2015. O lo que es lo mismo, que al no llegar a reflejarse esos gastos en el momento debido, el presupuesto de ese año no ofrecía una imagen real de la situación económica del Ayuntamiento.

¿Cuáles fueron esos pagos acordados sin que existiese un contrato? ¿De qué conceptos derivaron esos gastos? Según el informe de la Sindicatura, "de la muestra de expedientes revisados, se ha detectado que, al menos, durante los ejercicios 2015 y 2016, se han realizado los siguientes servicios sin que existiera un contrato en vigor: trabajos de jardinería, suministro de carburante de vehículos, servicio de infraestructuras en actividades festivas y culturales, servicio de prevención de riesgos, servicio de alumbrado, mantenimiento y conservación de la red semafórica de la ciudad, servicio de limpieza y mantenimiento del cementerio, limpieza de centros escolares y dependencias municipales, suministro de energía eléctrica en las instalaciones del Ayuntamiento, suministro de energía eléctrica del alumbrado público". 

El informe de la Sindicatura de 2011 ya alertaba de la existencia de esta "práctica repetitiva de carácter irregular" que se ha reiterado "sin que el Ayuntamiento haya puesto los medios necesarios para evitarla"

En su mayor parte, se trata de servicios que se siguieron prestando pese a "no estar vigente el correspondiente contrato" después de que su vigencia expirase antes de 2015. Eso sí, el informe no entra en el detalle de las cuantías abonadas por cada uno de esos contratos y tampoco llega a referirse a la existencia de otra práctica habitual, que ya venían denunciando en pasados mandatos los grupos políticos de la oposición: pagos fuera de contrato por servicios extraordinarios en la contrata de limpieza y recogida de residuos, en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, de Enrique Ortiz).

Lo que sí remarca el dictamen es que "esta situación pone de manifiesto la existencia de una práctica repetitiva de carácter irregular ya señalada en el Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económica- financiera del Ayuntamiento de Alicante del ejercicio de 2011, que se ha reiterado en los ejercicios de 2015 y 2016, sin que el Ayuntamiento haya puesto los medios necesarios para evitarla". O lo que es lo mismo, que después de la advertencia de 2011, el equipo de Gobierno entonces presidido por la popular Sonia Castedo, y todos los que le sucedieron -los dirigidos por Valor y Echávarri- no solventaron un problema que exponía al Ayuntamiento a pagar por servicios necesarios pero que se prestaron sin garantías, en muchos casos sujetos a encargos directos, sin que se abriese a la pública concurrencia de empresas con posibles rebajas de costes.

¿Cuál es la situación actual de los servicios citados por la Sindicatura? Al menos parte de ellos se licitaron en 2016 y 2017 y se han adjudicado entre ese último año y este 2018. Se trata, por ejemplo, del suministro de energía, ahora en manos de Nexus; del servicio de limpieza y mantenimiento del cementerio, adjudicado a Ferrovial; el servicio de limpieza de centros escolares y dependencias municipales, operado por la UTE Clece-Fissa; y del servicio de infraestructuras en actividades festivas y culturales, asumido recientemente por una UTE liderada por Sit Down MM.