El secretario general del PSPV, Ximo Puig, junto a la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, en Alicante. Foto: EFE/MORELL ALICANTE. El PSPV lanza su última llamada para la renuncia voluntaria de Gabriel Echávarri a la Alcaldía de Alicante. Salvo cambio improbable, el máximo órgano de dirección del partido -el secretariado de la Comisión Ejecutiva- debatirá al mediodía de este viernes los términos de una resolución que pueda forzar formalmente su dimisión con el propósito de dar una salida a la crisis institucional por la que atraviesa el Ayuntamiento de Alicante; una crisis agravada este miércoles, tras la confirmación de un segundo auto judicial de procesamiento contra el primer edil por el despido supuestamente irregular de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.
El aviso sobre esa determinación de ofrecerle "una salida digna" se hizo público este jueves desde la misma cúpula regional antes de que el secretario general, Ximo Puig, tuviese que comparecer en público durante un acto de su agenda institucional como jefe del Consell. En ese momento, Puig dijo sin decir. Primero, insistió en defender que la situación a la que se enfrenta Echávarri no es comparable con la de los exalcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, puesto que ninguno de los dos casos por los que se expone a juicio "es corrupción". Pero, en segundo lugar, indicó que se debían "asumir responsabilidades políticas"; que "hay que buscar una solución" para lo que "queda poco tiempo" y que se convocaría una reunión del secretariado para "tomar decisiones". A la pregunta de si esas decisiones incluían la exigencia de salida de Echávarri, Puig se limitó a añadir un "creo que he sido bastante explícito".
El líder de los socialistas argumentó por qué era necesario dar una solución a la situación actual. Subrayó que había que ser leales a la ciudadanía que en 2015 votó por el cambio; remarcó que se debía devolver la estabilidad al gobierno de Alicante para "dar continuidad a las políticas positivas del mandato, que están tapadas por esta inestabilidad o crisis" y lamentó que las "averías" que se han desencadenado a lo largo de estos dos años y medio puedan ocultar "el enorme esfuerzo que está haciendo la Generalitat con Alicante y con toda la provincia". Al parecer, esa sería la clave que habría precipitado la petición de renuncia ahora, sin esperar a que se dicte un auto de apertura de juicio oral firme, como se había establecido y convenido con el propio alcalde hasta ahora, y sin tener garantizada la mayoría absoluta (15 votos) que resulta necesaria para asegurar la investidura de Eva Montesinos (número 2 de la lista socialista) como sustituta de Echávarri.
De hecho, el proceso en busca de la salida del alcalde podría haberse acelerado por la confluencia de esas dos circunstancias. En primer término, el ruido generado en torno a los dos procesos abiertos contra el primer edil (los llamados caso Comercio y caso despido) habría disparado las alarmas en el partido en la medida en que, además de poner en peligro el relato del cambio, estaría eclipsando buena parte de la gestión. Y en segundo lugar, visto el plante taxativo de Ciudadanos (Cs) a confirmar un posible respaldo a Montesinos, se habría considerado que la posible negociación había encallado, que la búsqueda de una mayoría holgada para no depender de los votos de los ediles no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) ha desembocado en un callejón sin salida. La conclusión a la que se habría llegado es que, en último término, la solución a la crisis requiere responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas, no sólo movimientos por parte del PSPV. Así lo remarcó el propio Puig, al sostener que "ya no depende sólo de nosotros", tras ser preguntado, precisamente, sobre la falta de apoyos para que Montesinos pueda ser la nueva alcaldesa de Alicante.
En esta línea, el PSPV apostaría por forzar a todos los grupos políticos con representación en el pleno de Alicante, y especialmente a Cs, a retratarse y posicionarse. Es decir, trasladar al partido de Albert Rivera el peso de la decisión sobre el signo de la Alcaldía: en el caso de que Echávarri dimita, los votos de sus cinco concejales pueden mantener un alcalde del bloque progresista como se eligió en 2015 o permitir que el poder vuelva a manos del PP. Como mínimo, es lo que indican los números, ya que tanto Guanyar (cinco concejales) como Compromís (tres) ya han anunciado públicamente que apoyarán a un alcalde socialista. Junto a los ediles del PSOE, se sumarían 14 votos. Así que la estrategia consistiría en asumir el riesgo y comprobar si en Cs están dispuestos a asumir el hipotético coste electoral que podría ocasionarles que los votantes les identificasen con el regreso del PP. Es cierto que esa hipótesis puede llevar al PSPV a perder la Alcaldía, pero también es cierto que la continuidad de Echávarri en su situación actual hasta 2019 puede generar un desgaste político difícilmente asumible.
Por lo pronto, los populares persisten en su intención de registrar ante notario su propuesta de moción de censura contra Echávarri este mismo viernes, con un acta abierta para que puedan sumarse los grupos de la oposición que lo consideren.
Lo cierto es que, a lo largo de toda la jornada del jueves, hubo contactos entre la cúpula regional del PSPV y el entorno de Echávarri para darle traslado de la petición de su renuncia. Sin embargo, pese a "las presiones" ejercidas en esa dirección, el primer edil seguiría abogando por la continuidad al mantener que su marcha, en estos momentos, supone entregar la Alcaldía al PP "y eso es algo a lo que nadie en el PSPV puede estar dispuesto".
Su círculo de confianza insistió este jueves en que las decisiones sobre el gobierno de la segunda ciudad de la Comunitat requieren "tranquilidad". "Se sabía que esta situación podía llegar desde hace meses y se trazó una hoja de ruta: el alcalde dijo que se apartaría a un lado si, cuando se dictase un auto de apertura de juicio, existían 15 votos para su relevo y hasta ahora no se ha dado ninguno de los dos supuestos", insistieron sus colaboradores.
"Hasta ahora, el Ayuntamiento funciona; no hay ni parálisis ni bloqueo: se dan licencias y se prestan los servicios que requieren los ciudadanos", abundaron. "Lo que no es de recibo es que cunda el nerviosismo por una dinámica de noticias y por un linchamiento que no se ha dado con otros políticos investigados por casos más graves: ni con Castedo, ni con Ripoll, ni con Fabra, ni con Camps, ni con nadie", añadieron las mismas fuentes. "Veremos qué se decide este viernes, porque en el PSPV hay muchos PSPVs", apostillaron.
