Todos los grupos han dejado clara cuál era su posición al respecto en el turno de intervenciones. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en que, a su juicio, la propuesta parte con un error de base: no tener en cuenta la opinión del consejo local de comercio. Además, ha acusado a Cs de no prestar ninguna atención a los intereses del pequeño comercio de la ciudad, que no sería partidario de que se creasen nuevas zonas comerciales alejadas del casco urbano.
El líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha insistido en que la última modificación de ese artículo del PGOU, aprobada por el ya extinto tripartito en julio de 2017, no suponía ningún impedimento para el desarrollo de ese ámbito como zona comercial, ni tampoco para la posible instalación de una tienda de Ikea. Así, ha insistido en que, "como explicaron los técnicos entonces, esa modificación sólo afecta a suelo urbanizable y esa zona no lo es, puesto que sigue siendo suelo rústico".
La portavoz del PSOE, Eva Montesinos, también ha reiterado que el acuerdo adoptado por el tripartito no afectaba a la llegada de Ikea al reafirmar que el suelo de Rabasa sigue siendo rústico. En esta línea, ha reivindicado los beneficios de aquel acuerdo, al manifestar que sirvió para que pudiesen ampliarse otros supermercados en los llamados viales estructurantes y crear empleo. Por ello, ha recriminado a Cs que vuelva a traer una propuesta electoralista que trata de resucitar el debate de Ikea "cuando todo el mundo sabe que todos los que estamos aquí haríamos lo posible para que la multinacional se asentase en la ciudad, con los parámetros que se pactaron en la comisión de Ikea, y sin dar lugar a un macrocentro anexo", que es lo que, ha explicado, parece que sigue condicionando la operación para poder generar la inversión necesaria con la que reordenar y construir nuevos accesos a esa zona.
La edil de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, ha señalado que, al margen de quién promueva la iniciativa, "la vamos a apoyar, ya que fue parte de una de las enmiendas que presentamos en su momento". Además, ha puntualizado que para que se acuerde esa modificación sería necesaria la convocatoria del consejo local de comercio que se reuniría con carácter consultivo. En esta línea, ha recriminado a los socios del extinto tripartito que no tuvieron en cuenta esa condición consultiva del consejo local al plantear sus diversas regulaciones sobre la libertad de horarios comerciales.
En cualquier caso, el resultado de la votación de la propuesta no ha variado. La iniciativa ha quedado rechazada, con reto incluido por parte de PSOE y de Guanyar. La portavoz socialista ha animado a Cs y al PP a consultar a la ciudad si quiere que Ikea se instale con un macrocentro anexo. "Si la ciudad lo quiere, notros lo apoyaríamos", ha dicho Montesinos. Y el portavoz de Guanyar ha invitado al PP a promover una modificación de ese artículo para dar cabida a Ikea con un macrocentro desde la Junta de Gobierno, sin necesidad de parapetarse en una moción en el pleno. "A ver si se atreven", ha espetado Pavón.
Investigación sobre el asfaltado de El Moralet
El pleno sí ha aprobado, no obstante, la constitución de una comisión de investigación para desentrañar las supuestas irregularidades que podrían haberse registrado en la ejecución de las obras de asfaltado de calles de la partida de El Moralet, a propuesta del grupo municipal de Guanyar. En concreto, el objeto de esa comisión debería ser dilucidar si se produjo alguna anomalía o posible indicio de delito en la ampliación de las obras proyectadas por el propio Ayuntamiento, a la vista de que varios de los residentes han alertado de que se les pidió una aportación individual para que se asfaltase los viales de sus propias calles porque no estaban incluidos en las obras iniciales, con un presupuesto de 2,5 millones. Según ha precisado una de las portavoces vecinales durante su intervención en el pleno, la empresa adjudicataria de esos trabajos, del grupo Cívica (del controvertido empresario Enrique Ortiz), había reclamado una aportación mínima de 700 euros a cada vivienda.
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha defendido la propuesta al considerar que debería dilucidarse cómo pudo darse esa situación, en unas obras impulsadas por el ayuntamiento, y no descartó la posibilidad de dar traslado de los hechos a la Fiscalía. En esta línea, ha insistido en que hasta ahora el equipo de Gobierno, del PP, había defendido que era una cuestión entre particulares y la empresa adjudicataria, ya que, al parecer, habían sido los propios vecinos quienes habían pedido que se ejecutasen las tareas de asfaltado, asumiendo su pago.
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, durante su intervención. Foto: RAFA MOLINA
Sin embargo, ha señalado que otros residentes de la partida manifiestan que los cobros partieron de la propia empresa, no de los vecinos, y que la mayoría pagaron las cantidades que se les solicitaban sin tener la información suficiente.
La propuesta de Guanyar ha sido respaldada por PSOE, Compromís y por el edil no adscrito, Fernando Sepulcre, que han coincidido en que las manifestaciones que trasladan los vecinos "resultan preocupantes". La exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, ha señalado que las dudas sobre lo acontecido deberían resolverse de inmediato por lo que ha considerado que una comisión de investigación no sería efectiva, por lo que ha votado en contra. El edil de Ciudadanos, Vicente Buades, también ha considerado que debería de resolverse si se cometió algún tipo de anomalía, aunque ha señalado que el asunto podría abordarse en la comisión de seguimiento de contratos, sin necesidad de constituir una nueva comisión. La edil socialista, Rosana Arques, ha expresado sus dudas al existir opiniones contradictorias entre los propios residentes de la partida rural. Sin embargo, finalmente su grupo ha votado a favor.
El concejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, ha manifestado, por su parte, que existen versiones contradictorias entre los vecinos y que, en todo caso, ya se está analizando si se puede haber ejecutado unas obras no previstas en el proyecto inicial sin la pertinente autorización municipal. El alcalde, Luis Barcala, también ha señalado que ya se estaba tratando de esclarecer lo sucedido y ha ofrecido, también, la posibilidad de que las dudas se resuelvan en la comisión de seguimiento de la contratación.
En el transcurso del pleno también se ha aprobado una propuesta de declaración institucional presentada por Guanyar para instar a la Conselleria de Educación a que delegue las competencias en el Ayuntamiento para que se pueda poner en marcha la construcción del nuevo colegio público de La Cañada.
La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, interviene en el pleno. Foto: RAFA MOLINA
