La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, junto al actual alcalde, Luis Barcala, en una de las sesiones de la comisión. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) pulsa el botón para retomar la comisión de investigación de los contratos bajo sospecha tramitados por la Concejalía de Comercio durante la etapa en la que el ex alcalde socialista Gabriel Echávarri asumía sus competencias, en diciembre de 2016. El partido de Albert Rivera ha sumado las firmas de Guanyar y Compromís que resultan necesarias para que el nuevo equipo de Gobierno, ahora compuesto por 8 ediles en una Corporación de 29, convoque de nuevo esa comisión con el propósito de aprobar las conclusiones alcanzadas en sus sesiones de trabajo. Se trata de un trámite pendiente desde el otoño de 2017, cuando se precipitó la citación de Echávarri para que compareciese en calidad de investigado (la figura que sustituye a la condición de imputado), en unas diligencias que le han abocado a ser juzgado por un supuesto delito de prevaricación, por un presunto fraccionamiento de contratos, en una fecha todavía por señalar por parte de la Audiencia Provincial.
Cuando trascendió esa citación, el PSOE acordó suspender los trabajos de la comisión al considerar que los hechos que ese estaban analizando ya eran objeto de investigación por parte de la Administración de Justicia. En esta línea, señalaron que no tenía sentido seguir debatiendo en sede municipal sobre un asunto que ya estaba en manos de los juzgados. Con ello, los escritos de conclusiones presentados por los grupos de la oposición quedaron sobre la mesa. Entre ellas, las más duras fueron las registradas por el PP y Cs: las dos fuerzas que, en diferentes momentos, llegaron a presentar dos denuncias en Fiscalía por las supuestas irregularidades detectadas en la tramitación de esos contratos.
No obstante, los entonces aliados de Gobierno del PSOE, Guanyar y Compromís, también apuntaron que las anomalías de tipo administrativo parecían evidentes y dejaron la puerta abierta a exigir responsabilidades políticas del alcalde, en el caso de que la justicia advirtiese que existía delito. Esa asunción de responsabilidades ya no es necesaria, en la medida en que la cúpula autonómica del PSPV forzó a Echávarri a presentar su dimisión el pasado 9 de abril, después de que trascendiese su segundo procesamiento por el despido irregular de un trabajadora interina, adscrita a la Concejalía de Cultura, cuñada del actual alcalde, el popular Luis Barcala.
Sea como fuere, el grupo municipal coordinado por Yaneth Giraldo considera que la comisión no puede quedar inconclusa, por lo que instan ahora al propio Barcala a convocar al menos una última sesión de trabajo con el propósito de poner en común las conclusiones particulares que planteó cada grupo político y, así, dar por extinguida formalmente la existencia de esa comisión. La propia Giraldo ha recordado, a través de un comunicado, que la última sesión de la comisión se llevó a cabo en septiembre del año pasado "y luego nunca volvimos a saber del tema a pesar de que los grupos políticos redactaron sus respectivos informes de conclusiones". Para Giraldo, "es importante que se celebre esta sesión para diferenciar la vía del debate político y la vía judicial ya que lo contrario denota una falta de respeto a la propia institución municipal".
Así, ha añadido que "para nuestro grupo municipal es también importante cerrar la comisión y poder adoptar medidas de control en las contrataciones municipales en aras a una mayor transparencia y para evitar que volvieran a ocurrir casos similares". De hecho, como también ha insistido Giraldo, Cs solicitó hace un año en pleno una instrucción reguladora de las llamadas contrataciones menores.
¿Qué recorrido puede tener la petición de Cs secundada por Guanyar y Compromís? Según fuentes municipales, el PP estaría obligado a convocar esa última sesión, en la medida en que ha sido solicitada por tres de los cinco grupos componentes de la comisión. Entre ellos no se encuentra el grupo socialista pese a que Cs también ha llegado a solicitar su adhesión a la iniciativa. Fuentes del PSOE, por su parte, han abundado en la tesis que venían defendiendo hasta ahora para señalar que no tiene sentido que se retome una comisión sobre un asunto que ya está judicializado. "Si la señora Giraldo piensa que está más capacitada que los jueces de la Audiencia Provincial para dirimir sobre el tema, que actúe como considere", han señalado.
Es más, la propia portavoz socialista, Eva Montesinos, ha añadido que "esta es una muestra más de la absoluta desvinculación entre Cs y la realidad, y por tanto el PSOE seguirá trabajando por los temas que preocupan a los alicantinos". En esta línea, ha recordado a Cs que las responsabilidades políticas ya se han adoptado con la dimisión del anterior alcalde, y que es el PP quien gobierna ahora la ciudad "precisamente por el voto de Cs en el pleno de investidura; eso también pueden añadirlo a sus conclusiones", ha apostillado.
