Los representantes municipales en el Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo.ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante le toma el gusto al género epistolar en su particular trato con el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace). El Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local, presidido por el edil de Fomento y Empleo, Carlos Castillo, acordó este viernes volver a solicitar una prórroga para la ejecución de los proyectos de mejora en cuatro áreas industriales de la ciudad subvencionados por el organismo autonómico con una ayuda de 760.860 euros.
¿El motivo? Justo el mismo que ya se alegó el pasado 24 de julio en una primera comunicación con el mismo sentido: la imposibilidad de cumplir el plazo previsto en las bases de la convocatoria, en las que se establecía que el 45% de los proyectos de mejora debían estar ejecutados y justificados a 31 de diciembre de 2018. Y esa imposibilidad deriva de que parte de esos proyectos (básicamente, los que dependen de los departamentos municipales de Modernización y de Movilidad) están todavía en fase de redacción, por lo que, según se argumenta, resulta materialmente imposible que pueda cumplimentarse su aprobación, licitación y ejecución antes de que acabe el año.
El objetivo del equipo de Gobierno, según concretó el propio Castillo a través de un comunicado, es que el Ivace sea flexible en el cumplimiento de los plazos, de modo que se pueda justificar el 100% de la ejecución de los proyectos a cierre de 2019 (es decir, que se conceda un plazo de un año más). Según Castillo, se trataría de una solución que ya habría solicitado la propia Federación Valenciana de Polígonos Industriales y que podría tener encaje en la línea de ayudas, ya que tienen un carácter bianual. Esa propuesta, según las mismas fuentes, contó con el respaldo de las entidades empresariales y los sindicatos que forman parte del Consejo Rector, pero no con el apoyo de los representantes de PSOE y Compromís.
Lo cierto es que el Ivace ya rechazó la concesión de la primera petición de prórroga en una carta recibida el 1 de octubre. En esa comunicación, según las fuentes consultadas, se detallaba que las bases de la convocatoria eran conocidas de antemano y que eran iguales para todos los ayuntamientos. De ahí que algunos de los representantes políticos de ese consejo, como el socialista Carlos Giménez (antecesor de Castillo al frente de la Agencia de Desarrollo) apremiasen al equipo de Gobierno a poner en marcha otras iniciativas distintas (como una reunión institucional con responsables de la Conselleria de Economía) ante el riesgo de poder perder la subvención, ya que, una vez obtenida una primera respuesta del Ivace, no había ningún elemento nuevo que llevase a pensar que se iba a obtener ahora una contestación diferente. Máxime, después de no haber procurado que se acelerase la cumplimentación de esos proyectos desde antes de que se confirmase la concesión de las ayudas. Así, recordó que, durante su etapa como edil de Empleo, dejó los anteproyectos redactados para que se elevase la solicitud de subvención al Ivace, el pasado abril, y que el nuevo equipo de Gobierno era quien debía de haberlos completado a partir de entonces.
Castillo, por su parte, concretó -a través de ese mismo comunicado- que, en todo caso, los proyectos de mejora de los polígonos se llevarían "con o sin ayuda del Ivace, ya que tendrían cabida en los presupuestos municipales de 2019". "Pedimos al Ivace y al conseller de Industria, Rafael Climent, (Compromís) un margen para poder desarrollar la inversión prevista pues las administraciones supramunicipales y en este caso la Generalitat debe ayudarnos a cumplir el objetivo, pues de lo contrario podría parecer que están más interesados en retirar la subvención por otro tipo de motivos, que no son precisamente el interés general y el de los alicantinos en particular", manifestó Castillo.
Panorámica del polígono de Las Atalayas.La edil de Compromís, Sonia Tirado (que también ejerció como responsable de Empleo hasta el pasado noviembre), recordó, no obstante, que fue el propio Castillo quien criticó ese plan de ayudas para la modernización de polígonos que ahora trata de defender como único resultado positivo de su política industrial. Único, según Tirado, junto a la ampliación del polígono de Las Atalayas sobre suelo de Sepes, la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, que también se comenzó a negociar durante su etapa en la concejalía.
En el Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo también se informó de la próxima firma del convenio por el que se regulará esa primera ampliación de dicho recinto industrial, sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados. Castillo detalló que el PP tramitaría las modificaciones del Plan General que resultasen necesarias para darles cabida, ya que, como informó Alicante Plaza, existe demanda empresarial acreditada para hacer uso de esas nuevas parcelas que se generarían.
En la reunión del consejo, se puso de manifiesto que existe una propuesta del propio Sepes por la que la entidad estatal estaría dispuesta a ejecutar una ampliación aún mayor, de 260.000 metros cuadrados, sobre suelo de su propiedad. Según las fuentes consultadas, esa posible extensión adicional estaría supeditada a los estudios previos de la Concejalía de Urbanismo.
Igualmente, durante la sesión, los representantes políticos de la oposición cuestionaron a Castillo sobre el estado de desarrollo del proyecto para convertir el antiguo matadero de Alicante en un centro para startups de base tecnológica: el proyecto conocido como Capçalera. Sin embargo, según las mismas fuentes, tampoco hubo una respuesta concreta sobre posibles plazos.
