ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante activa la prórroga de la millonaria contrata del transporte público en autobús, avanzada por Alicante Plaza. El bipartito compuesto por 9 ediles del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs) aprobó este lunes, en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario y urgente, la concesión de un plazo adicional de explotación del servicio por dos años más a la empresa Masatusa, del grupo Vectalia, al haberse extinguido la duración del contrato inicial, concedido por una duración de 50 años.
El acuerdo se adoptó justo un día antes de que se produjese el vencimiento de esa contrata, este martes, 16 de julio, con el fin de que la gestión de la red urbana de autobuses no se desarrolle sin las coberturas legales que proporciona un contrato en vigor. El objetivo es que el servicio se continúe prestando y que no se deteriore el equipamiento y el mobiliario asociado a la contrata, que revertirán en el Ayuntamiento para que se pueda poner a disposición del futuro concesionario. Para la prórroga del contrato, se ha previsto un gasto plurianual de 23,9 millones por ese plazo extra de dos años: 12 para el primero y 11 para el segundo. La prórroga cuenta con todos los informes técnicos favorables y mantiene las condiciones contractuales, aunque se contempla la incorporación de avales por montante de 2.080.157,86 uros en cumplimiento de los compromisos de inversión.
Los dos años adicionales de prestación corresponden al tiempo en el que podría producirse la nueva adjudicación del contrato, según precisó el edil de Contratación y Transportes, el popular Manuel Villar, hace dos semanas. El propio Villar ha explicado este lunes que ese plazo de dos años es el máximo que permite la ley y que, en todo caso, podría acortarse en el caso de que se produjese una nueva adjudicación con antelación.
En esta línea, ha apuntado que se llega a esta situación de prórroga "por una situación de retraso" en la puesta en marcha de los trámites necesarios para que se produzca la nueva licitación, que ha atribuido al extinto tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís.
Lo cierto es que por ahora sigue sin convocarse ese nuevo concurso, a la espera de que se disponga del nuevo pliego de bases redactado. El equipo de Gobierno compuesto por el PP en solitario en el pasado mandato adjudicó un estudio de asesoría externa a principios de 2019 para que se determinase qué condiciones debía reunir ese pliego. Villar ha señalado que, hasta ahora, la voluntad del equipo de Gobierno sigue siendo que el servicio quede en manos de un operador privado, por lo que no se contempla la posibilidad de remunicipalizarlo.
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En principio, se prevé que el nuevo contrato pueda estar disponible en un plazo de 21 meses, por lo que, según Villar, "los preparativos previos deberían haberse iniciado hace al menos dos años". Además, ha reconocido que, durante la etapa de gobierno del PP, también se produjo "un problema de incompatibilidad" en una de las empresas que se había preseleccionado para la contratación de ese estudio de asesoría externa, por lo que ha señalado que "cada uno deberá asumir su parte de responsabilidad en ese retraso", según ha recalcado.
El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ya ha reaccionado a la concesión de la prórroga para señalar que "viene obligada a causa de la inacción del PP en su año de minigobierno donde únicamente aprovechó para vivir de rentas de la buena situación económica del Ayuntamiento que heredaron, pero no fueron capaces de impulsar ninguno de los grandes temas que debían resolver". A su juicio, entre ellos figura "la licitación de la contrata del transporte público". "Hay que señalar que no es la primera vez que la derecha llega tarde, y no es capaz de sacar en tiempo y forma la licitación de una gran contrata de la ciudad", ha añadido. "Desde Compromís solicitamos que los dos años de prórroga del servicio, obligados por la incompetencia e incapacidad del PP, sirvan además para establecer qué modelo de gestión es el más eficiente para el futuro de este servicio de transporte público en Alicante", ha concluido.
En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz municipal del PSPV-PSOE, Paco Sanguino, quien ha señalado que "entendemos que el PP habrá decidido realizar una prórroga de dos años a partir de algún informe técnico preceptivo" y ha anunciado su intención de solicitarlo. "Solicitaremos al PP dicho informe o informes donde además se asegure si realmente es prorrogable o no la contrata de transporte. Sin esos informes es completamente arbitraria la decisión de una prórroga de dos años", ha añadido.
En esta línea, ha insistido en que el PSPV-PSOE "exige el cumplimiento del servicio a la ciudadanía sin ningún recorte ni desventaja para los usuarios ni en trayectos ni en costo por servicio. Pediremos información sobre si la prórroga contempla el pago a la empresa por kilometraje como hasta ahora se hacía o se ha convenido en un modelo mixto, como en muchas ciudades españolas, más ventajoso para el Ayuntamiento".
Además, ha recalcado que el PSPV se opone a la privatización del servicio sin el respaldo de una argumentación. "No podemos admitir que se rechace la posible municipalización del servicio de transporte público por defecto y exigimos que se incorpore a los estudios la posibilidad de que este servicio tenga carácter público y municipal. No vamos a permitir que el PP adjudique el servicio público por simple antojo descartando cualquier estudio que contemple la municipalización. El PP tendrá que justificar cualquier modelo ante la sociedad", ha explicado.
Por último, ha señalado que "nos parece vergonzoso que después de un año hayan sido incapaces de conseguir un informe y que hayan ocultado hasta pasadas las elecciones su decisión de prorrogar el servicio. Este es un ejemplo de cómo gestiona el PP el bien público: incumpliendo, engañando y desviando la atención de su falta total de operatividad.
No entendemos cómo Cs no ha exigido responsabilidades a su socio de gobierno al conocer que no se había terminado de manera irresponsable el informe preceptivo y que era preciso prorrogar". A su juicio, "con esta aceptación sin más Cs se hace cómplice de la mala gestión del PP en el último año mientras estaba en la oposición, y demuestra que nos ha engañado durante este tiempo tanto como el PP", ha concluido.
Por lo que respecta a la Junta de Gobierno ordinaria de este martes, se ha acordado requerir a la empresa Aralcayna, del Grupo Cívica, el depósito de la garantía correspondiente al contrato de construcción y explotación de dos aparcamientos públicos, situados en la avenida Catedrático Soler y la calle Hermanos López de Osaba, como también ha avanzado este diario. De acuerdo con la propuesta de acuerdo, ese aval requerido a la empresa a la que se aprobó traspasar la concesión a finales de 2018 asciende a 596.000 euros por dos de los tres aparcamientos adjudicados inicialmente (el tercero, en Padre Esplá, no llegó a construirse).
La portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez, y el edil de Transportes, Manuel Villar. Según ha precisado la portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez, una vez depositado ese aval, se procederá a devolver a la concesionaria original, Ortiz e Hijos, los 718.000 euros, depositados como aval en 2003. En la misma sesión de la Junta también se ha aprobado la licitación de la instalación y montaje del alumbrado ornamental con motivo de las fiestas de Navidad 2019, Carnaval y Hogueras de 2020, en dos lotes, con el propósito de garantizar la antelación necesaria en su contratación. La licitación parte con un presupuesto base de licitación para los dos lotes de 277.521,03 euros.
Entre los asuntos acordados con carácter de urgencia, se ha aprobado la designación de los representantes municipales en organismos supramunicipales de carácter público y privado, entre los que destaca el nombramiento del alcalde, Luis Barcala, y de la propia Sánchez, como miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante.
Así, no se reproducirá la decisión adoptada en el último tramo del mandato precedente, cuando el Ayuntamiento cedió una de las dos plazas que tiene reservadas en ese consejo al todavía presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, después de que el Gobierno central acordase su cese como consejero en representación del Estado.
