El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz y el portavoz adjunto de Vox, Carmen Robledillo y Mario Ortolá.ALICANTE. Impulso, freno, matizaciones y conformidad como voto de confianza. Esa ha sido, hasta ahora, la evolución de la propuesta promovida por el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante con la que pretendía instar a la Generalitat a que se modificase la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià -aprobada en 1983 y en vigor tras los sucesivos gobiernos encabezados por PSPV-PSOE y PP-, para que la ciudad de Alicante dejase de considerarse de predominio lingüístico valenciano y quedase encuadrada como de predominio lingüístico castellano.
Cuando menos, la de la conformidad y la espera sería ahora la posición asumida por Vox en base a una supuesta promesa de modificación de la Ley 4/2018, conocida como Ley del Plurilingüismo, con el fin de que se garantice la libertad de elección de lengua en los centros educativos de la ciudad, según precisaron fuentes consultadas. Y ese sería el objetivo que, según recalcó este viernes la presidenta de les Corts, Llanos Massó, de Vox, estaría garantizado "porque se ha llegado a un acuerdo" en el seno del Consell, ahora compuesto por PP y Vox, "y por fin, después de muchos años, se va a respetar al libertad lingüística en todos nuestros municipios", aseguró.
Eso sí, en paralelo, la portavoz del Consell, Ruth Merino, también había asegurado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión del pleno del ejecutivo autonómico, que "no se va a tocar" el tema de los usos lingüísticos referentes a la ciudad de Alicante, y que "no hay ninguna intención de revertir nada que no sea lo habitual sobre las lenguas que se hablan en cada zona". "Lo que sé a día de hoy es lo que consta en el anteproyecto de la ley de acompañamiento [de los presupuestos de la Generalitat], que es respeto a la libertad de las personas cuando les ampara una norma para utilizar, aprender, hablar y comunicarse en la lengua que decidan porque tenemos dos lenguas cooficiales", afirmó.
En todo caso, la posición sostenida por Vox a partir del acuerdo reafirmado por Massó -que se habría trasladado el jueves a sus representantes en el ayuntamiento-, es que el fin pretendido quedaría cubierto: que se facilite la libertad lingüística con la capacidad de elegir entre una línea en valenciano y una línea en castellano, según apuntaron fuentes consultadas. De ahí que se optase por la retirada de la propuesta en el pleno y que, por el momento, no se pretenda reactivar para no exponer al PP a tener que posicionarse sobre la cuestión. Con ello se evita, además, el traslado de un debate controvertido hasta el Consell.
Como ha venido informando este diario, el ciclo respecto a la iniciativa y el reposicionamiento de Vox se inició hace dos semanas, con el registro de la propuesta objeto de la polémica bajo el formato de declaración institucional: es decir, un acuerdo de contenido político, con resultados ejecutivos limitados, con el que se traslada una demanda en nombre de la corporación municipal al mismo ayuntamiento o a otra administración pública.
Era la cuarta ocasión en la que la propuesta se elevaba a pleno desde 2019, sin que los tres intentos previos llegasen a prosperar. En esos tres precedentes, Vox recabó el apoyo de los concejales del PP. Pero la unión de sus fuerzas no sumó mayoría absoluta: Ciudadanos (Cs) se distanció de sus socios del PP y votó junto a la bancada progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) para frustrar los objetivos del partido de Santiago Abascal.
A priori, el escenario en este cuarto intento se presumía diferente. PP y Vox superan de forma holgada en número de concejales a PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem tras las elecciones del pasado mayo, hasta arrojar un tanteo de 18 a 11 votos. Sin embargo, en esta ocasión -con PP y Vox como socios en el Consell- no hubo lugar a que la votación se reprodujese, ya que Vox optó por renunciar a que se debatiese.
