El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, tras alcanzar el acuerdo de respaldo a los presupuestos municipales de 2024.ALICANTE. Vox da un paso al frente y reivindica el acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), que facilitó la aprobación de las cuentas municipales de este ejercicio para reclamar su cuota de participación en las normas que regirán el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). De hecho, los ediles del partido de Santiago Abascal prevén instar al PP a mantener una primera reunión de la comisión de seguimiento de ese pacto, una vez transcurrida la Semana Santa, con la intención de conocer el cumplimiento de los acuerdos establecidos en esa negociación, a principios del pasado mes de enero, entre los que se incluía el compromiso de consenso respecto a la aplicación de la ZBE.
Así lo concretó este miércoles la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, a consulta de Alicante Plaza al señalar que, entre otros puntos, ese compromiso se extiende sobre la misma redacción de la ordenanza reguladora de las condiciones de funcionamiento de esa ZBE -que se pretende acelerar, precisamente, después de Pascua- con la puesta en marcha de su proceso consultivo, como avanzó este diario.
El vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, se refirió a ese proceso este miércoles, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno, al señalar que ese trámite consultivo se canalizaría mediante la presentación de aportaciones y sugerencias a través de una dirección de correo electrónico habilitada expresamente para su registro, en lugar de optar por el sistema de resolución de un formulario como el que se ha utilizado para la elaboración de otras ordenanzas reguladoras. Entre ellas, la de la limpieza, pendiente de los últimos informes para que pueda someterse a aprobación en Junta de Gobierno antes de que se dé inicio a su tramitación política.
Villar apuntó, eso sí, que la elaboración de la ordenanza reguladora sobre el funcionamiento de la ZBE requeriría de entre tres y cinco meses de tramitación, a pesar de que ya se dispondría de un borrador en el que se concretarían sus bases esenciales. En todo caso, a consulta de este diario, señaló que esa normativa municipal deberá estar aprobada antes de que finalice 2024, en función de los plazos establecidos por la Unión Europea (UE), aunque inicialmente apuntase dudas sobre el cumplimiento de esas fechas por los tiempos que conlleva la aprobación y exposición al público de toda ordenanza.
Por lo pronto, la mayor parte las obras de transformación de la trama urbana y calmado del tráfico previstas en el proyecto (las remodelaciones del Paseo de los Mártires de la Libertad y del eje Marvá-Gadea), así como la implantación de la red de control de esa ZBE mediante la instalación de cámaras y estaciones de medición, ya están finalizadas hasta el punto de que se ha iniciado su fase de pruebas, como también informó este diario.
Y el desarrollo de la ZBE también quedará implementado por lo que respecta a la sostenibilidad del servicio de transporte público en autobús desde finales de este mes de marzo con la puesta en servicio de hasta 16 nuevos vehículos 100% eléctricos, incorporados al proyecto, junto a su estación de carga en las cocheras del servicio (ahora ya adscritas al patrimonio municipal, en función del acuerdo ratificado este miércoles en Junta de Gobierno), con una subvención de 2,5 millones en fondos europeos.
Sea como fuere, la posición de Vox respecto al desarrollo de la ZBE y a su ordenanza reguladora sigue basándose en las dos premisas dadas a conocer desde el pasado mandato: la ausencia de restricciones a la movilidad y, como derivada, la ausencia de posibles sanciones en caso de incumplimiento de tales límites. Los ediles del grupo que coordina Robledillo mantendrán esas dos exigencias en el momento en el que se pueda fijar el desarrollo de esa comisión de seguimiento sobre el acuerdo presupuestario y se comience a tratar sobre el funcionamiento de la ZBE en base al consenso comprometido.
Esas dos condiciones se mantendrán, al menos por ahora, a la vista de que la Unión Europea habría delimitado un margen temporal que se extendería incluso hasta 2050 para aplicar ese régimen sancionador, que, no obstante, sí debería contemplarse en la ordenanza aunque su eficacia quede demorada a futuro. En todo caso, el equipo de gobierno también viene manifestando al respecto que las restricciones y las consiguientes sanciones solo se activarían en el supuesto de que las mediciones de la red de control de la ZBE determinasen episodios de contaminación que requiriesen de su aplicación.
