ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante persiste en su labor de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022 para exigir nuevas aclaraciones. En concreto, su portavoz, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que aclare "desde cuándo conocía la vinculación de su concejala de Urbanismo con la cooperativa Les Naus y la ha acusado de tratar de cerrar en falso el expediente municipal cuando todavía existen numerosos interrogantes". "Barcala no puede limitarse a decir que no hay nada más que investigar mientras siguen apareciendo datos que contradicen esa versión", ha señalado, a través de un comunicado.

Las mismas fuentes apuntan que, según la documentación a la que ha tenido acceso el PSOE, la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, "firmó su contrato de adhesión a la cooperativa el 8 de marzo de 2022 y realizó un pago de 67.650 euros. El pago de la concejala se produjo antes de que la junta local de gobierno aprobara la adjudicación de la parcela a la cooperativa (22 marzo de 2022). Este ingreso se produjo también antes de que la Generalitat Valenciana concediera a Les Naus la calificación provisional como vivienda de protección pública, que no llegó hasta el 9 de septiembre de 2023.  Además, no fue hasta el 9 de febrero de 2024 cuando la Generalitat autorizó formalmente a la cooperativa a percibir cantidades a cuenta de los adjudicatarios", detalla la nota pública.

"Posteriormente, el 25 de junio de 2024, la edil firmó un nuevo contrato de adhesión, aparentemente para corregir la entrega a cuenta realizada en 2022. Cabe recordar que el cobro de cantidades anticipadas sin contar con la preceptiva calificación provisional puede constituir una infracción muy grave en materia de vivienda protegida", añade el PSOE. En este sentido, la portavoz socialista ha subrayado que "los pagos se realizaron antes de que existiera autorización para percibir cantidades a cuenta y eso es un hecho objetivo que el alcalde no puede obviar", ha apuntado.

Barceló ha señalado que el alcalde no puede dar por cerrado el expediente interno "cuando la propia documentación municipal evidencia que los pagos se realizaron antes de la autorización autonómica". Además, en el expediente de averiguación interna impulsado por Barcala "no consta que se haya requerido formalmente a la ahora exconcejala para que aportara toda la documentación relativa a esos pagos a la cooperativa. Por tanto, siguen existiendo dudas razonables sobre cuándo tuvo conocimiento Barcala de todo este asunto".

La portavoz socialista ha cuestionado especialmente la decisión de Barcala de cesar a Rocío Gómez como responsable de Patrimonio "apenas quince días antes de que formalizara esa segunda adhesión a la cooperativa". A juicio del PSOE, "resulta inevitable preguntarse si el alcalde ya tenía conocimiento previo de la situación cuando adoptó esa decisión y si ese fue el verdadero motivo del relevo".

Barceló ha subrayado que "no se trata de una concejala cualquiera, sino de una persona de la máxima confianza del alcalde, con una relación previa a su etapa institucional, lo que hace aún más necesario que explique con claridad qué sabía y desde cuándo lo sabía". "Resulta difícil creer que el alcalde desconociera una situación que afectaba a una persona de su máxima confianza". A su juicio, "la decisión de apartarla de Patrimonio pocos días antes de la segunda adhesión no puede desligarse del contexto en el que se produce".

Asimismo, el PSOE considera imprescindible esclarecer si en la segunda adhesión se cumplían todos los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida, especialmente en lo relativo a la titularidad de otros inmuebles y a los límites de ingresos de la unidad familiar. "El alcalde no puede precipitar el cierre de una investigación interna mientras sigan existiendo dudas razonables sobre su grado de conocimiento. La transparencia no consiste en proteger a los suyos, sino en explicar toda la verdad". Finalmente, la portavoz ha insistido en que "la transparencia no consiste en dar carpetazo, sino en explicar con claridad qué sabía el alcalde y desde cuándo lo sabía" y ha añadido que "si no tiene nada que ocultar, lo que corresponde es ofrecer todas las explicaciones y no cerrar el expediente en falso", ha concluido.

Barcala: "Sin novedades"

Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, se ha limitado a asegurar, también este lunes, en una comparecencia pública tras mantener un encuentro de trabajo con la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, que no había ninguna novedad adicional relacionada con el papel del Ayuntamiento a la hora de esclarecer las supuestas anomalías relacionadas con los expedientes de gestión y compra de las VPP de la controversia. Al respecto, a preguntas de los medios respecto a si se había producido la dimisión efectiva de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, ha apuntado que sí, puesto que ya ha regresado a su plaza original como jefa del área de Contratación.

En esta línea, el primer edil ha incidido en que no se había producido avances respecto a la situación comunicada el pasado viernes, por lo que no se habrían producido avances en la resolución de los tres expedientes de averiguación abiertos en relación a esos pisos, ni sobre la fecha para la constitución de la comisión municipal relacionada con Residencial Les Naus.