'Regalito' de Puig si gana Mazón: cuatro impuestos que no se cobran hasta la próxima legislatura

VALÈNCIA.  El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio un golpe de timón tras el verano para acometer una bajada de impuestos que había evitado a lo largo de la legislatura pese a la insistencia de los grupos de la oposición, especialmente con el PPCV de Carlos Mazón a la cabeza. La decisión del jefe del Consell fue cuestionada inicialmente por sus propios compañeros socialistas del Gobierno de España, si bien terminaron también lanzándose a un anuncio de similares características.

Ahora bien, esa bajada por tramos del IRPF o del Impuesto de Sucesiones para la empresa familiar, no tapa otros gravámenes establecidos por el Gobierno de Puig a largo plazo. Y es que existen varios impuestos ya aprobados cuya aplicación se producirá en la próxima legislatura. Es decir, unas medidas con las que, si hay cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, tendrá que lidiar el nuevo Ejecutivo presidido por Carlos Mazón, quien siempre ha manifestado públicamente su intención de bajar impuestos.

En este sentido, hay hasta tres impuestos cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2025, cerca del ecuador de la siguiente legislatura: se trata del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de instalaciones y el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

Estos tres gravámenes estaban incluidos en la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana, que entró en vigor a finales del año pasado pero con los citados impuestos aplazados hasta 2025. 

Con ello, el Consell de Puig evitaba aplicar una medida impopular en un momento de incertidumbre económica y, sobre todo, incertidumbre electoral, ya que las encuestas muestran un resultado muy ajustado entre el bloque de derechas y el del Botànic.

Así, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, gravará dentro de dos años las emisiones que produzcan aquellos vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2023.

El impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas, tendrá como finalidad reducir la emisión de gases contaminantes incentivando la adopción de medidas que optimicen el desempeño medioambiental de los procesos, así como la mejora de la calidad del aire. Eso sí, se aplicarán deducciones, que van del 15% hasta el 100 %, para aquellas empresas que hagan inversiones para mitigar las emisiones,  una medida especialmente pensada para el sector azulejero y que fue objeto de intenso debate entre las fuerzas del Botànic.

Por otro lado, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales gravará la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos con fines comerciales, de ocio, hostelería o espectáculos como consecuencia de estar implantados en grandes superficies que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento de vehículos. En concreto, afectará a los grandes establecimientos comerciales territoriales, tanto individuales como colectivos, que dispongan de una superficie comercial igual o superior a 2.500 metros cuadrados.

El primero en aplicarse, la tasa turística

Menos margen tendrá un hipotético gobierno del PP a la hora de enfrentarse a otro gravamen de aplicación aplazada. La llamada tasa turística, que también generó un fuerte debate interno entre PSPV -en contra- y Compromís y Unides Podem -a favor-, se aprobó finalmente con la condición de que entraría en vigor el 19 de diciembre de 2023.

El impuesto será de carácter municipal y voluntario, oscilará entre 0,5 y 2 euros por día en función de la categoría de cada alojamiento. Además, cada ayuntamiento podrá decidir si establecer un recargo y para cobrar más.

El PPCV, con Carlos Mazón a la cabeza, siempre se ha mostrado en contra de esta medida, alineándose con los postulados de la patronal hotelera Hosbec. Es más, el líder de los populares valencianos ha reiterado públicamente que la derogará si gobierna.