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ANÁLISIS AP - DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

PP y Cs tiran de chapa y pintura para coser Alicante (y al bipartito); la oposición ya ve fracaso y ruptura

18/12/2019 - 

ALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) se enfrentaron este martes a su primer debate sobre el estado de Alicante desde que sellaron su alianza al frente del ayuntamiento, hace medio año. Lo hicieron con la maleta cargada de proyectos para renovar la escena urbana de la ciudad como balance provisional y apuesta de futuro de su proyecto político en común. Una batería de propuestas, en las que se volvió a colar el manido compromiso de la redacción de un nuevo Plan General  y el proyecto para construir un centro de congresos polivalente (otro viejo conocido y, también, asignatura pendiente), que deberían funcionar a modo de pegamento para ordenar, planificar y vertebrar la ciudad... Y también para coser la estabilidad del propio bipartito frente a las primeras fricciones internas que ya han comenzado a desatarse entre las dos fuerzas. Así lo señalaron los grupos de la oposición, que incluso llegaron a vaticinar a medio plazo la ruptura del pacto de gobierno suscrito entre las dos formaciones del centro-derecha en sus respectivas intervenciones.  

Lo cierto es que, como mínimo, el debate dejó varias conclusiones. La primera y más evidente es que, en propiedad, no pudo considerarse un debate como tal. Los seis partidos representados en el pleno coincidieron en que el formato no permite el intercambio de propuestas ni la posibilidad de alcanzar acuerdos que obliguen a su cumplimiento, como señaló el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López.

Como ha venido sucediendo desde 2016, cuando se reinstauró su celebración (o quizá esta vez más que nunca), todos los intervinientes se limitaron a hacer balance del último año con la consiguiente atribución de méritos (según el equipo de Gobierno) o fracasos (según la oposición) y a ofrecer pactos o formular anuncios sin garantía de eficacia ejecutiva alguna. Y, además, todos lo hicieron sabedores de ello, sin ninguna fe, básicamente para cubrir el expediente en un ejercicio de masoquismo que duró más de cuatro horas y media, con dos turnos de palabra encorsetados. Todo, al margen de los discursos extra del propio alcalde, el popular Luis Barcala, que cuenta con el privilegio de ofrecer los discursos de apertura y cierre y, por tanto, de copar gran parte del protagonismo con el anuncio de próximas acciones de gobierno. Está por ver si el bipartito y el conjunto de la corporación recogen el guante que lanzó el líder de Unides Podem EU para tratar de modificar el desarrollo del próximo debate anual para que realmente se debata y se adopten decisiones sobre las necesidades de la ciudad.

La segunda conclusión que se pudo extraer del debate es que nadie dispone de iniciativas nuevas que no se hubiesen expuesto en la campaña de las municipales de mayo. De hecho, casi todos los asuntos que se plantearon durante la sesión ya se recogieron en los sucesivos debates (más o menos todos sí lo fueron) que se celebraron en la antesala de la convocatoria electoral. Hubo pocos reproches inéditos (al margen de los que se refirieron a episodios como el retraso de las luces de Navidad y los fallos en la programación de actividades, con los que la oposición zarandeó al PP; o el de la condena, recurrida, del exalcalde socialista Gabriel Echávarri por el caso Comercio, con el que los populares replicaron al PSPV-PSOE). Prácticamente se repitieron en sentido literal los mismos proyectos que ya se desgranaron en mayo como parte de la hoja de ruta que manejaba cada partido para lograr a medio plazo una transformación económica y social que mejorase las condiciones de vida de la ciudadanía. 

Por parte del PP, no faltó la referencia a su iniciativa Alicante Futura como "paraguas" para organizar otros proyectos como el Distrito Digital, el centro europeo de investigación sobre Inteligencia Artificial o el Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA). Tampoco el anuncio sobre la creación de nuevas líneas de autobús; la ya citada redacción del nuevo PGOU (aunque, según Barcala, se impulsarán modificaciones puntuales para acelerar cuestiones prioritarias como la creación de suelo industrial); o la insistencia en formar bloque sin partidismos para reivindicar la llegada de inversiones e infraestructuras pendientes ante el Gobierno Central y la Generalitat. Entre ellas, las ya clásicas que siguen sin ejecutarse tras el paso de varios gobiernos de distintos colores políticos: la finalización de la Vía Parque; la construcción de los centros de salud de Playa de San Juan, Garbinet y PAU 2; el Parque Central en terrenos de Renfe o la estación intermodal. Todo, sin olvidar la propuesta para la recuperación del distrito escolar único para que los padres pudiesen elegir el centro en el que estudiasen sus hijos sin zonificación por proximidad, ya rechazado por la Conselleria de Educación, puesto que la regulación de la adscripción de centros es una competencia autonómica.

Sobre los proyectos que sí competen en exclusiva al Ayuntamiento, varias de las iniciativas esbozadas por el bipartito en su balance provisional ya se han ejecutado. La mayoría procedían de 2018 (sino de antes) como la renovación de aceras y de juegos infantiles en varios barrios de la ciudad. Otros proyectos están en licitación (o lo estarán en breve), como la remodelación de la avenida Padre Esplá o el nuevo acceso ciclo-peatonal desde la carretera de Urbanova hasta la Euipo. Y otros deberían ejecutarse en el horizonte de la próxima década como parte de la estrategia Alicante 2030, ya anunciada por el equipo de Gobierno en otros foros. PP y Cs los presentaron como instrumento para vertebrar los barrios y para asentar un modelo de ciudad capaz de atraer inversiones ligadas al emprendimiento, el desarrollo tecnológico y la nueva economía digital. 

El propio alcalde, Luis Barcala, subrayó que ese paquete de actuaciones permitían desarrollar labores de mantenimiento que "hacía mucho tiempo que esta ciudad necesitaba". Y tanto Barcala como la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, reconocieron que muchos de esos proyectos que ahora estarían comenzando a convertirse en realidad derivan de la anterior etapa de gobierno, bajo el mandato de PSOE, Guanyar y Compromís. Así que los dos tampoco fueron originales en subrayar su discurso habitual -que aquel tripartito no fue capaz de desarrollarlos- con el fin de arrogarse el mérito de haberlos desbloqueado "tras tres años en los que no se hizo nada". 

Por reiterar, Barcala también volvió a sacar pecho de la bajada lineal de impuestos y de la cancelación del Plan de Ajuste aprobada en 2018 (gracias al remanente dejado por el tripartito), hasta el punto de que representantes del equipo de Gobierno y de la oposición apuntaron al término de la sesión que, en el pleno, se habían reproducido los mismos argumentos que ya se utilizaron en el debate del estado de la ciudad del año pasado.   


Con todo, sí hubo espacio para que se planteasen algunos argumentos novedosos, fruto de circunstancias acontecidas en el último medio año. Algunas de ellas, programadas, y otras, imprevistas. De ahí derivaría la tercera conclusión que deparó el debate: que seis meses han sido suficientes para que las dificultades que entraña el funcionamiento de la administración y que afectan a la gestión pública hayan desestabilizado la acción de gobierno de PP y Cs, frente a la ausencia de ruido a la que ambos aspiraban para no incurrir en los errores del extinto tripartito

Entre esas circunstancias que han roto la dinámica de la estabilidad, se encontraría la sentencia que condena al ayuntamiento a acordar la declaración del Centro Tradicional como Zona Acústica Saturada (ZAS). Barcala insistió, al respecto, en que se implantarían las medidas de control que conlleva esa figura (sin precisar cuándo ni qué medidas específicas y concretas incluiría) aunque se haya recurrido. Y volvió a acusar al extinto tripartito de no haber hecho nada por facilitar la convivencia entre el descanso vecinal y el desarrollo de la actividad hostelera durante sus tres años de mandato. En contraposición, Barcala volvió a citar la recuperación de la Unidad Fox, detalló las actas de infracción levantadas a veladores por exceso de ocupación de superficie (447 en más de 10.000 inspecciones), y aseguró que se había conseguido erradicar el botellón en puntos como Canalejas o Gabriel Miró.

También se estrenó en el debate la imposición de las primeras minoraciones en los pagos mensuales por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura: 150.000 euros no abonados a la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica) por servicios no prestados, frente a los "cero euros" en penalizaciones que, según Barcala, aplicó el tripartito. De nuevo, en contraposición, el primer edil confirmó que, además, ya se había comenzado a planificar la renovación de maquinaria utilizada en la prestación del servicio, de modo que se pudiese mejorar en la calidad de la limpieza que a su juicio ya ha comenzado a percibirse.

Entre el resto de nuevas pinceladas apuntadas por el bipartito, la vicealcaldesa y edil de Turismo avanzó la convocatoria del tercer concurso para cubrir la plaza del gerente del Patronato. Barcala citó el avance en la licitación de la contrata de parques y jardines, como ejemplo de mejora en la prestación de servicios. Y destacó el avance en la captación de nuevas subvenciones europeas, a través de la oficina específica creada en 2018, además de resaltar la progresión en el desarrollo del plan de reurbanización del área de Las Cigarreras, cofinanciada por la Unión Europea, como estrategia DUSI, para subrayar que se habría conseguido adjudicar proyectos por 6,7 millones (el 30% del total).

La cuarta conclusión que pudo percibirse es que, en solo estos seis primeros meses de andadura conjunta, PP y Cs sienten la necesidad de reafirmar su alianza y de trasladar a la opinión pública que tienen un plan trazado para diseñar el futuro de Alicante. Para Barcala y Sánchez, todo ese bagaje que desgranaron en sus respectivas intervenciones, así como el paquete de próximas iniciativas en ciernes, demostrarían que "Alicante está en marcha". Ambos coincidieron en que "pese a que falta todavía mucho por hacer", y aunque "se han cometido errores" por los que se ha pedido perdón, "vamos en la buena dirección" y "sabemos donde queremos ir". Así, los dos líderes del bipartito (y también la portavoz del PP, Mari Carmen de España), trataron de trasladar una imagen de unidad, de que constituyen un bloque político estable, en torno a un proyecto de gobierno compartido. Todo pese a que todavía no se ha conseguido cerrar una propuesta de presupuestos definitiva (una tarea que se ha complicado aún más ante la necesidad de devolver 2,4 millones al Ministerio de Hacienda), en cuya negociación Cs ha tenido que reivindicar un refuerzo de personal para poder cumplir los objetivos de las concejalías que gestiona. La propia Sánchez se refirió a esas carencias, al señalar la imposibilidad de crear dos parcelas específicas dedicadas a la mujer y al área LGTBI en la Concejalía de Igualdad al no disponer de recursos suficientes.

Por su parte, los tres grupos de corte progresista, PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís, trataron de desmontar esa imagen de unidad arguyendo todo lo contrario. Las tres formaciones apuntaron al flanco de las discrepancias planteadas entre los dos partidos y llegaron a reprochar a Cs su irrelevancia tras asegurar que sus cinco ediles habían quedado absorbidos por el PP. 

Así, subrayaron la falta de coherencia del bipartito, sus fracasos acumulados en solo medio año, la inexistencia de un modelo de ciudad definida y, sobre todo, la ausencia de credibilidad tras la reiteración de promesas incumplidas. Y ahí se encontraría la quinta conclusión: la oposición ya tiene un discurso en común en torno a la idea del descrédito del bipartito.

En orden de menor a mayor número de votos, el primero en apuntar la pérdida de confianza en las promesas del bipartito fue el líder de Compromís, Natxo Bellido, quien tildó esos incumplimientos de "Barcalanuncios". El representante de la coalición enumeró los retrasos en la instalación de la iluminación navideña, en la aprobación del catálogo de protecciones y en la elaboración del presupuesto para hablar de "fracaso" y de ausencia de un proyecto de transformación de la ciudad. Y recriminó a Cs su escasa aportación: "Señora Sánchez, asuma que usted es la vicealcaldesa y que esos es algo más que hacerse fotos", apuntó.

En esta línea, acusó al bipartito de volver al modelo de los anteriores alcaldes del PP al favorecer "el eterno pelotazo de Ortiz en Rabasa" después de que no se haya interpuesto recurso frente a la sentencia del TSJCV que levanta las restricciones al gran comercio en ese sector "y, sin embargo, sí se recurren la sentencia del ruido para proteger al lobby de la hostelería". Además, reclamó la dimisión o el cese de la edil de Educación y Acción Social, la popular Julia Llopis, a quien tildó de ser la tercera concejal de Vox, y a quien dijo que no merecía ser concejal tras unas declaraciones en las que había sostenido que la mayoría de las ayudas sociales que concede el ayuntamiento son para inmigrantes, "cuando sabe que no es cierto, y que el 80% de los receptores son españoles".

El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, recriminó que el bipartito haya bloqueado la capacidad de ejercer la oposición en los plenos y denunció que en el último año y medio "no se haya hecho nada para reducir los índices de pobreza", ni se haya avanzado en proyectos de empleo  ni se haya facilitado soluciones a la emergencia habitacional. Igualmente, criticó el retraso en la redacción del nuevo PGOU y en la aprobación del catálogo de protecciones, del que, según dijo, se tienen noticias de la desprotección del suelo del entorno de las torres de la huerta, "algo que habrían pedido los promotores". También volvió a plantear que se municipalizase la contrata de limpieza y, tras incidir en la repetición de propuestas de movilidad "de las que no se ha hecho nada", planteó que se crease un empresa metropolitana de transportes. Por último, también subrayó las diferencias entre PP y Cs y dudó de que pudiesen "comerse el turrón el año que viene".

Su homólogo de PSPV-PSOE, Paco Sanguino, incidió en el argumento de los fracasos del bipartito y reiteró su denuncia de purga de funcionarios para proteger la responsabilidad de los concejales en cuestiones como el control de la contrata de limpieza de colegios o la instalación del alumbrado navideño. Asimismo, abundó en "la canibalización constante de Cs" y hurgó en la desconfianza que se habría generado entre los dos socios del bipartito. Después, aludió a una larga lista de incumplimientos sobre promesas que calificó de "fanfarronerías de Barcala" sin que se haya tomado ninguna medida en cuestiones como la peatonalización del centro, la instalación de los depósitos de combustible del puerto o el conflicto al problema del ruido, entre otros. Y por último, insistió en la falta de un proyecto de ciudad que permita combatir el desempleo. "En Alicante ha caído un 1,8% cuando en ciudades como Elche se ha reducido un 3,8% y en la media de la Comunitat un 2%", dijo.

Y la sexta y última conclusión es que Vox continúa siendo una molestia para el bipartito con la que, en cuanto resulta posible, tratan de guardar distancias. Por lo pronto, su portavoz municipal, Mario Ortolá, debutó en su primer debate de estado de la ciudad con un discurso crítico con el bipartito en el que reivindicó mejoras en todos los barrios, "también más allá de la Plaza de Toros", así como en las partidas rurales. Cargó contra el reparto de subvenciones a entidades ligadas a la izquierda y conminó a PP y Cs a no dejarse arrastrar por "la dictadura de lo políticamente correcto según los postulados izquierdistas" en referencia a la planificación de los presupuestos de 2020. En este sentido, llegó a señalar que ese proyecto de planificación económica "está más cerca de ser aprobado por la izquierda que por nosotros". 

Después, en sus turnos de réplica, tanto la vicealcaldesa, Sánchez, como la portavoz del PP, De España, emplazaron a Ortolá y a su compañero de filas José Juan Bonet a aterrizar en el siglo XXI para admitir la igualdad entre género y a instalarse de una vez en Alicante sin seguir las directrices de Madrid "puesto que no son diputados nacionales".

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