PP y Vox garantizan la estación del tranvía en Renfe pero rechazan instar al Consell a acelerarla

ALICANTE. El debate sobre la construcción de la estación del tranvía en Renfe, como avance de la futura terminal intermodal en los terrenos de la denominada Operación Integrada número 2 (OI/2), se ha trasladado este jueves al pleno del Ayuntamiento de Alicante a partir de dos iniciativas hasta cierto punto similares, formuladas por PSOE y Compromís, en las que se instaba al Consell a mantener dicho proyecto en su integridad, en función de la propuesta trazada durante la anterior legislatura, y a acelerar la adjudicación de su contrato de obra para que la construcción pueda iniciarse en el primer semestre de 2024. No obstante, ninguna de las dos iniciativas ha prosperado, después de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y Vox, hayan sumado sus votos -como ha sucedido en buena parte de los asuntos sometidos a votación a lo largo del pleno- para defender la actuación del actual ejecutivo autonómico, compuesto por esos dos mismos partidos, y hayan reprochado las carencias en la tramitación del proyecto hasta ahora.

En esta línea, después de que la portavoz del PSOE, Ana Barceló, y la edil de Compromís, Sara Llobell, hayan recriminado las dudas suscitadas tanto por el alcalde, Luis Barcala, como por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el desarrollo de esa infraestructura, y de que hayan alertado sobre su posible retraso después de más de 20 años de reivindicación de algún avance sobre la futura intermodal, ha sido el edil de Movilidad, Carlos de Juan, quien ha insistido en reseñar que la ejecución de la estación de tranvía sigue pendiente del acuerdo de cesión de los terrenos propiedad de Adif en los que quedará posicionada dicha estación de tranvía.

Además, ha incidido en que el proyecto se construirá de forma íntegra tal como fue definido, aunque ha lamentado que en los ocho años precedentes de gobierno del Botànic no llegase a ponerse en marcha. De igual modo, ha emplazado al PSOE a instar al Gobierno a aportar fondos para el desarrollo de la futura estación intermodal prevista en el convenio de constitución de la sociedad Avant en 2003 para agrupar en un mismo ámbito la llegada del tranvía, del ferrocarril y de los autobuses interurbanos. 

En todo caso, el alcalde, Luis Barcala, también ha incidido en esa aclaración para insistir en dos argumentos. Primero, que la estación intermodal del Tram no existe, y que, en realidad, la estación del Tram formará parte de la terminal intermodal en la que el tranvía confluirá con el ferrocarril, los autobuses y los taxis. Y segundo, que el planteamiento en el que abogó por repensar la configuración de la intermodal aludía a la necesidad de encajar todas las piezas en el momento de redacción de la ordenación pormenorizada de la OI/2, cuya ordenación estructural quedó aprobada de forma inicial el pasado mes de abril. De igual modo, también ha deslizado la existencia de carencias en cuanto a la definición de los plazos del proyecto de la estación del Tram, al margen del "olvido" de la obtención del suelo necesario para su construcción.

Con carácter previo, el edil de Vox, Óscar Castillo, también había defendido la actuación del Consell de coalición aunque ha apuntado que las manifestaciones formuladas por Mazón seguían generando "dudas" respecto a las condiciones en las que se ejecutará el proyecto. Sobre todo, después de que se haya apuntado que será necesario la aplicación de ajustes en la confección de los presupuestos autonómicos de 2024, según ha recalcado.

La gestión de las infraestructuras también ha copado parte del protagonismo de la sesión a cuenta de una declaración institucional de urgencia promovida por el PP para manifestar el rechazo del Ayuntamiento a la propuesta contemplada en el pacto de gobierno suscrito entre PSOE y Sumar para reducir los vuelos cortos de ámbito doméstico para los recorridos que ya dispongan de conexión por ferrocarril con trayectos de menos de dos horas y media de duración. 

La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha señalado que ese planteamiento vuelve a ser una ocurrencia y una medida efectista, más que efectiva, puesto que en el conjunto del país solo hay un 0,9% de vuelos calificados como cortos, aunque ha incidido en que esa medida sí afectaría a los vuelos entre Alicante y Madrid, con el consiguiente perjuicio para el sector turístico, en la medida en que impediría que los viajeros procedentes de vuelos internacionales pudiesen proseguir viaje hasta Alicante tras hacer escala en Madrid.

Los 'populares' también suman a Vox para rechazar la hipotética reducción de vuelos domésticos en El Altet que la izquierda da por descartada

Los portavoces de Esquerra Unida Podem y Compromís, Manolo Copé y Rafa Mas, han considerado que la propuesta carece de sentido en la medida en que el acuerdo firmado por PSOE y Compromís establece que esa reducción de vuelos no afectaría a las conexiones con aeropuertos internacionales, por lo que no tendría ninguna consecuencia sobre el aeropuerto de El Altet. En ese discurso ha coincidido la portavoz del PSOE, Ana Barceló, quien ha apuntado que "posiblemente esta declaración anticipada el miércoles obedecen a la necesidad de tapar las declaraciones del señor Feijóo sobre el reconocimiento del Consell de la República de Cataluña", ha dicho. Así, ha recalcado que no se va a suprimir ningún vuelo, como ya había manifestado el subdelegado del Gobierno, Carlos Sánchez, este miércoles y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, este jueves. 

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha recriminado que las explicaciones facilitadas por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, propiciasen pérdidas millonarias a Aena en Bolsa. Y, por último, el alcalde, Luis Barcala, también ha tomado la palabra para apuntar que la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, también tuvo que aclarar en la noche del miércoles "que ya veríamos que futuro tendría esa medida", lo que, a su juicio, daría cuenta de la improvisación contenida en el acuerdo PSOE-Sumar. Así, en el turno de la votación, la declaración ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox (18) frente a los 11 en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Violencia de género, festivos, vivienda... 

Entre el resto de declaraciones institucionales, PP y Vox han votado en contra de la iniciativa conjunta pactada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con motivo de la celebración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y manifestar el compromiso del Ayuntamiento con las víctimas. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha argumentado su voto en contra al incidir en la posición política de su partido: que la violencia no es una cuestión de género. Por su parte, la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha tildado la iniciativa de partidista y de sesgada al no haberse pactado con el resto de formaciones.

Sí se ha aprobado por unanimidad la declaración institucional conjunta promovida por PP, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem por la que se acuerda desarrollar un Plan de Salud Mental para la ciudad en el año 2024. También se ha aprobado, con los votos del equipo de gobierno y de Vox, la iniciativa registrada por el PP para instar al Gobierno de España a que modifique la Ley de Costas en defensa del litoral de Alicante. El conjunto de los partidos del eje progresista se han posicionado en contra, al considerar que, en realidad, la propuesta planteaba mantener situaciones irregulares preexistentes en la costa alicantina.

En el transcurso de la sesión, también se ha debatido hasta dos declaraciones distintas relacionadas con la configuración de los días festivos: una promovida por el PP, por la que se plantea instar al Gobierno central a modificar la legislación que regula los días no laborables para que se amplíen a 15 los días festivos en el calendario nacional, con el fin de garantizar que el 24 de junio pueda ser festivo autonómico; y otro registrada por el PSOE, por la que se pide a la Generalitat que declare el 24 de junio como festivo autonómico en 2024 y en los años sucesivos.

Finalmente, la única propuesta que ha prosperado ha sido la planteada por el PP, que ha sumado 28 votos a favor y la abstención de Esquerra Unida Podem. La edil de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado que la propuesta plantea la solicitud de modificación del artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores para ampliar un día el máximo legal de catorce, pasando a ser quince las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable. Y también la modificación del artículo 45 del Real Decreto sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos para proveer a las comunidades autónomas de un día de libre disposición para fijar un festivo autonómico a su libre elección. "Sin esta modificación previa, cualquier requerimiento al Consell -para que el día 24 de junio, San Juan, sea festivo autonómico- será inútil, un mero brindis al sol", recoge la declaración institucional.

Por su parte, la iniciativa promovida por el PSOE solo ha sumado el voto favorable de sus ocho concejales y el de los dos de Compromís. PP y Vox han votado en contra y Esquerra Unida Podem también se ha abstenido. En cualquier caso, con carácter previo, en el transcurso del pleno ya había quedado aprobada la propuesta de declaración de los dos festivos locales para 2024, establecidos en las fechas del 11 de abril (día de la Romería de Santa Faz) y el 24 de junio (día de San Juan).

También se ha aprobado la declaración registrada por el PSOE para que se acuerde la apertura inmediata de la lista de espera del programa municipal de vivienda pública de arrendamiento general y la del Casco Antiguo (un acuerdo pendiente desde 2016, según sostenía la iniciativa) y que se lleve a cabo la convocatoria del concurso de adjudicación de vivienda pública de alquiler. En este caso, la iniciativa ha sumado los votos del conjunto de la izquierda (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem), así como los cuatro ediles de Vox. De hecho, su portavoz, Mario Ortolá, ha incidido en que el Patronato de la Vivienda debe mejorar su funcionamiento si se mantiene su existencia, aunque ha invitado al PP a plantear la propuesta de supresión para anticipar el respaldo de su partido, en ese caso. El edil de Vivienda, Carlos de Juan, por su parte, ha reprochado al PSOE que no aprobase la apertura de la lista de espera durante su etapa de gobierno.

El debate sobre la disponibilidad de vivienda se ha reproducido también a cuenta de una declaración institucional promovida por Compromís por la que se planteaba acordar la declaración de Alicante como ciudad tensionada, en virtud de lo previsto en la Ley de Vivienda, con el fin de regular el mercado del alquiler ante las dificultades de acceso a la vivienda existentes en la actualidad. El edil de Vivienda, De Juan, ha apuntado que el Gobierno ha frenado la aplicación de esa posibilidad hasta poder determinar una regulación de precios equitativa. Así, la propuesta ha quedado descartada con los votos de PP y Vox, mientras que el PSOE se ha decantado por la abstención (después de presentar una enmienda que no ha quedado incorporada a la propuesta original).

Sí ha prosperado la declaración institucional promovida por Vox para que se amplíe personal en el Ayuntamiento con el fin de crear una unidad específica de atención al comerciante y al hostelero en la Concejalía de Comercio y Hostelería. La iniciativa ha recabado el apoyo del PP, aunque la edil del área, Lidia López, ha subrayado que ya se está prestando ese servicio.

Por último, no ha salido adelante la declaración institucional promovida por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem por el que se planteaba la adhesión del Ayuntamiento a la Xarxa de Gobernança Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana para mejorar la participación ciudadana en la ciudad. Los ediles de PP y Vox han señalado que se trata de una propuesta ya debatida y rechazada hace un año, después de que la edil de Participación Ciudadana, Cristina García, haya manifestado que el Ayuntamiento forma parte de una red similar constituida por la FEMP.

En la sesión, entre otros puntos, ya se había debatido y aprobado con carácter previo la propuesta de urgencia registrada por el PP para aprobar las retribuciones que permitirán desplegar la reorganización de la estructura municipal con el nombramiento de dos coordinadores generales y diez directores generales. El acuerdo ha prosperado -entre protestas de los funcionarios, que han reivindicado la implantación de la carrera profesional- previo pacto con Vox, por el que se habría suspendido la designación de al menos cuatro de los diez directores generales previstos inicialmente. 

PP y Vox han coincidido, además, en la mayor parte de los puntos sometidos a debate y votación, aunque los representantes del partido de Santiago Abascal también han tratado de distanciarse del equipo de gobierno al votar junto a la izquierda en asuntos como la constitución de una comisión de estudio de medidas de apoyo al comercio frente a los posibles perjuicios generados por las obras o para rechazar la revisión formal de la ordenanza fiscal reguladora del IBI planteada por el PP.