ELCHE. Hace casi dos semanas el equipo de gobierno daba a conocer que Intervención, figura encargada de fiscalizar las cuentas económicas y que está ocupada de forma temporal y no con plaza fija como señaló la Sindicatura de Comptes, había presentado hasta 31 expedientes económicos procedentes de reparos de 2019. En ellos hay bastantes facturas que omiten algunos procedimientos de contratación, pagos a proveedores de hasta 2-3 años sin contrato, o directamente algunos fraccionamientos. Situación que viene desde mucho tiempo atrás este caso, y de los que el bipartito defiende que está trabajando para redactar pliegos para estos servicios y suministros y cumplir con la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP). Unos reparos de los que por primera vez se ha hecho informe para presentar al pleno, y de los que como señaló este medio, no se tramitaron como contratos menores servicios por valor de 530.000 euros. Pero, ¿qué contratos son estos?
En relación con uno de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, señala el informe que está integrado por la relación de gastos efectuados por diferentes departamentos municipales, por un importe total de 2.100.113,93€, y debidamente conformados por los responsables de los mismos, ha quedado acreditado que las citadas obligaciones pendientes fueron debidamente adquiridas, y son exigibles. Sin embargo, señala la Interventora que la existencia de determinados servicios o suministros no se han adquirido de acuerdo con las normas establecidas. En ese sentido, las bases de ejecución del presupuesto señalan que la tramitación de los gastos se podrá realizar como compras simplificadas si su importe es inferior a 3.000 € más IVA o si supera este importe deberá tramitarse el correspondiente expediente de contratación.
Pero ha habido determinados proveedores que sin contrato facturan periódicamente servicios al Ayuntamiento solicitados por diferentes departamentos municipales o a veces por el mismo departamento, superando la acumulación de las distintas facturas el importe de los 3.000 euros (IVA no incluido) establecido en las Bases de ejecución del Presupuesto e incluso los 15.000 euros (IVA no incluido), importe máximo establecido para los contratos menores. "Esta circunstancia se ha advertido de forma reiterada por esta lntervención, tanto verbalmente como por escrito, a los responsables correspondientes, indicándoles que debe elaborarse un pliego técnico para tramitar dichas compras y servicios mediante la formalización de un contrato".
Una referencia a la que tanto la actual edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià ha aludido, al igual que su compañera de gobierno Esther Díez. Resumidamente, que se están realizando pliegos de condiciones en la medida de lo posible y que hay pagos de suministros que se deben realizar sí o sí para cuestiones del día a día de instalaciones y dotaciones públicas. Si bien es cierto que ahora mismo hay licitaciones en marcha —paralizadas por el estado de alarma— para cuestiones de este tipo, como suministro de bolardos, grupos electrógenos o material de oficina, son pocos para la larga lista de estos gastos de 2019. Y además es una situación, como mínimo anómala, de la que ya advirtió la Sindicatura de Comptes antes de que estuviera en vigor la LCSP. Este demostró que hubo fraccionamientos de contratos en 2015 y 2016, en la parte final del Ejecutivo popular y en el inicio del entonces tripartito, que por otra parte, se justificó el año pasado aseverando que la situación "lleva años instaurada". En su momento el PP había advertido ya de reparos por 154.000 euros.
Por ejemplo, para el alquiler de vestuarios portátiles de la piscina de Palmerales, se han presentado facturas siendo un gasto mensual que se repite desde febrero de 2018 sin contrato, ya que finalizó el contrato del año 2017 —informe realizado en 2019—, "y no se ha tramitado un pliego nuevo, pero se sigue prestando el servicio sin contrato, facturando anualmente el importe de 11.993,52€". En el departamento de Servicios Logísticos se presentan facturas de una agencia para el reparto de correspondencia local por valor de 8.000 euros. La empresa en cuestión tenía contrato adjudicado por un importe de 40.000 euros anuales, "habiéndose agotado el total del importe máximo adjudicado sin haber tramitado un nuevo pliego, y por lo tanto prestarse el servicio actualmente sin contrato".
También se incluyen facturas correspondientes a los servicios de Correos del mes de diciembre, por importe de 6.200 euros. "Se lleva prestando sin contrato desde el 20 de octubre del año 2017, ya que venció el contrato que tenía adjudicado sin haberse tramitado su posible prórroga ni un nuevo contrato" —en 2016 se sacaron a licitación servicios postales pero el concurso quedó desierto—. En Educación y Deportes tramitan mensualmente facturas por el suministro de gas para la calefacción de las distintas instalaciones deportivas y educativas con varias comercializadoras. En dicho expediente se incluyen por por importe de 16.000 y 10.000 facturas sin que haya contrato con ninguna de ellas.
En Bienestar Social también se encontraban servicios con facturación sin que existiera contrato durante tres años, en el caso de la factura presentada por el servicio de Programación de Animación Socio-Cultural, si bien existía contrato, los servicios facturados excedían el importe del contrato anual, Intervención incidió en que en un servicio de Facebook live ya se puso de manifiesto por parte de esta lntervención que dicho servicio debía ser contratado puesto que no era algo puntual sino que se facturaba mensualmente en eventos, llegando a 29.000 euros en 2018 (más 11.000 hasta verano de 2019). Casos diversos que se encontraban también en otros departamentos como Juventud, Protocolo, servicio médico, Cultura...
Del importe total de los gastos presentados existía consignación a nivel de vinculación jurídica por un importe de 1.855.144,58 euros, no existiendo para 244.969,35 €. Según se hace constar en el informe de Intervención que se incluye en el expediente de modificación presupuestaria, "dichos gastos se financiarán con el Remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del presupuesto de 2018". La interventora señaló pues que "debo poner de manifiesto mi reparo con la forma en la que se han realizado estos gastos, al haberse omitido en la tramitación de tos mismos requisitos o trámites esenciales como es este caso la omisión del procedimiento de contratación correspondiente". También que la omisión de los trámites de aprobación de los expedientes de contratación en todo caso no deben afectar al proveedor que ha realizado el servicio o suministro y que deben cobrar por los servicios prestados.
Sigue en este informe relatando de nuevo que Deportes tramita habitualmente facturas de gas para la calefacción de instalaciones deportivas sin que exista contrato para ello o que en Bienestar Social finalizó algún contrato mientras se prestaba un servicio "sin que se tramitase con la antelación suficiente un nuevo contrato para seguir prestando el servicio dentro de la legalidad". Se puede tratar de otro caso paradigmático en los que desde el bipartito se ha señalado que se está trabajando para hacer pliegos, pero el pragmatismo o el servicio necesitaba liquidez. Con todo, Intervención esgrime que "deben tramitarse con antelación los pliegos con el fin de que no se presten los servicios o suministros sin la cobertura legal necesaria".
Otra anomalías se encuentran por ejemplo para una reparación del vallado de una piscina del Polideportivo Carrús, se dictó el encargo de un contrato menor para un mes a partir del acta de replanteo ni de recepción de la obra. La figura fiscalizadora señala que transcurrido el mes sin que se hubiese ejecutado debería haber anulado el contrato, y en su caso tramitar uno nuevo con un plazo superior para no continuar con un contrato ya caducado, y tramitar la factura con un retraso de casi un año. Señala que el mismo técnico se incluyó otra factura en la que no tramitó ningún contrato y presentó un informe "exponiendo una serie de cuestiones que no justifican para nada la no tramitación del contrato preceptivo".
En otros casos como en Educación y Deportes al detectarse que se tramitan mensualmente facturas por suministro de carburante y gas, sin existir contrato, dadas las advertencias de la irregularidad, se empezó a redactar pliego para su licitación. No obstante, esas irregularidades, sea por falta de previsión, por causas mayores o por costumbre, tienen reflejo en la actividad diaria. Por ejemplo en el extenso informe Intervención señala irregularidades en la adquisición de las papeletas electorales de 2019. Para el festival de Jazz, por suministros de sonidos y luces, se justificó desde el departamento que no hace falta contrato con su adquisición, con lo que la Intervención discrepa. Y en resumidas cuentas, diversas facturas de distintos departamentos municipales cuyos importes acumulados superan el límite de 3.000 euros más IVA previstos en las bases de ejecución del Presupuesto para las compras de tramitación simplificada sin que se haya tramitado contrato para su adquisición. Son servicios de todo tipo. En general, algunos proveedores acumulan 40 o 50 expedientes de gasto.
Con todo, posteriormente la Junta de Gobierno, ha ido solventando los expedientes. Así, el informe apunta que "dado su carácter excepcional, corresponde al Ayuntamiento en Pleno la aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de obligaciones, siempre que no exista consignación presupuestaria, previa habilitación de los créditos correspondientes en el Presupuesto al que habían de ser imputadas". Por otra parte, en Fiestas, por ejemplo, se superaron también las cifras permitidas para no elaborar contrato con los gastos para las carrozas y Cabalgata de Reyes, por valor de 15.300 euros y 12.100, pero el departamento justificó que intentó elaborar un contrato menor pero no se pudo por la saturación de Intervención en estas fechas, ya que era necesario porque faltaba el informe de esta figura.
Sin embargo, la propia Intervención señala que:
- No cabe realizar un contrato menor para este servicio por un lado porque el importe total es de 27.569,13 euros, no cabe fraccionarlo en dos proveedores como se ha hecho
- Por otro porque ya se hizo un contrato menor el año anterior
- Además señalar que, en cualquier caso, el contrato menor se debe utilizar para atender prestaciones singulares u ocasionales, no repetitivas como es la Cabalgata de Reyes que se realiza todos los años
A este respecto, Intervención asevera que "existe en este expediente una falta total de previsión por parte del departamento proponente, ya que según su propio escrito se envió a Intervención el 19 de diciembre con la intención de tramitar un contrato menor, cuando no era en absoluto lo correcto como ya he indicado, incumpliendo todos los requisitos para ello, el importe servicio repetitivo y fraccionado. Se advierte que este servicio debe ser objeto de una licitación con la antelación suficiente para su tramitación". A lo largo de sus informes, Intervención señala que la no planificación de los departamentos no es excusa para fraccionar el objeto de la actividad y eludir las normas de contratación.
También en el departamento de Vía Pública se presentaron varias facturas de material de ferretería, ya que se compraba habitualmente material de ferretería con el mismo proveedor, "no tramitando ningún pliego para su adquisición. El total facturado en 2018 por este departamento asciende a 26.702,47 euros". Intervención apunta que la no planificación del departamento no es excusa para fraccionar el objeto de la actividad y eludir las normas de contratación, recordando que la LCSP pretende garantizar los principios de libertad de acceso a licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores".
Hay también reparos en obras, como las dos facturas de la obra realizada en la rotonda de la Carretera del León, una por el suministro de hormigón y otra para el césped artificial, en total, 25.943,66 euros. Ambos suministros se han realizado sin contrato, aunque el técnico justificó que intentó tramitar dos contratos menores. Si bien se intercambiaron las escrituras de las empresas, y se detectó que no tenían en su objeto social el suministro que se proponía, además se trataba de empresas del mismo grupo, tampoco justificándose por qué no se tramitó por lotes, al ser una obra completa.
Respecto al último reparo, señalado por el incremento de 75 euros al mes por el plus de nocturnidad de la Policía Local, el coste de la propuesta planteada, teniendo en cuenta el número de policías adscritos actualmente al turno de noche es de 66 policías por un incremento de 75 euros al mes por 14 mensualidades (incluyendo las pagas extras), con un total de 69.300 euros. La interventora puso de manifiesto su discrepancia con el fondo de la propuesta planteada, al no ajustarse la misma a las disposiciones legales aplicables al efecto. De forma resumida, porque la consignación prevista en el expediente de presupuesto para el año 2019 no aprobado en el capítulo 1 referente a incrementos salariales ascendía a 74.832.033,78 euros, "y el importe prorrogado es tan sólo de 69.742.122,81 euros por lo que se deberá tramitar una modificación presupuestaria para atender nuevos gastos".
Entre otras cuestiones, señalaba que había partidas que son deficitarias respecto a los servicios prestados —más gasto del presupuestado—, así como otros problemas con la normativa porque el concepto retributivo que se proponía incrementar "afectaría a 183 agentes, por lo que no puede considerarse que se trate de una adecuación retributiva de carácter singular y excepcional, ya que supone una subida generalizada de todo el colectivo de la policía local que presta sus servicios en el turno de noche y proporcionalmente al turno de tarde".
Finalmente, todos los pagos en estas condiciones se han venido aprobando en la Junta de Gobierno al reconocer los gastos referidos con cargo a las consignaciones como el reconocimiento extrajudicial de crédito. Son una muestra de las situaciones que día a día se dan en el Consistorio en los diversos departamentos, unas veces tirando de pragmatismo y flexibilizando la situación para hacer frente al pago de servicios necesarios, otras no anticipando con antelación los pliegos en los que Intervención ha ido incidiendo en el tiempo —cada vez se van haciendo más—, cuando no algún fraccionamiento. Son prácticas instauradas que no se solucionarán de un día para otro. En cualquier caso, el informe de estos expedientes se enviará al Tribunal de Cuentas para que lo valore, como se señaló en el último pleno. Una cuestión relativamente espinosa que en un contexto como el actual puede pasar desapercibida.
Intervención repara en 31 facturas de Elche: no se tramitaron como contrato menor servicios por 530.000 euros
