ALICANTE. El miércoles de la semana anterior, en plena vorágine de las renuncias de los dos diputados de Ciudadanos, la Intervención de la Diputación de Alicante hacía publico un informe sobre la ejecución presupuestaria en la institución con motivo de la liquidación de las cuentas de 2022. Se trata de un informe exhaustivo, de más de 500 páginas, en el que se analiza la situación contable de la institución, a 31 de diciembre. Y el dato que más llama la atención es la ejecución presupuestaria, y ahí es donde la Intervención pone el acento, pues la Diputación de Alicante: sólo se ejecutó el 52% de los presupuestado en gastos. Y dentro de este destaca el de inversiones reales y transferencias de capital (ayudas, subvenciones, pagos a ayuntamientos), que es del 24%.
Estos dos epígrafes corresponden a los apartados que concentran la inversión de la institución, los denominados capítulos 6 y 7. De 83 millones contemplados en las cuentas para inversiones, sólo se han ejecutado 16 millones; y de los 143 millones previstos para transferir, sólo se han gastado 39 millones.
Para poner en valor estos porcentajes, el área de Intervención lo compara con el resto de diputaciones de España y de la Comunitat Valenciana.
El mayoría de las comparaciones la Diputación de Alicante no sale bien parada, en cuanto a ejecución se refiere, a excepción de las transferencias de capital que, en el caso de la Comunitat Valenciana, en 2022, es ligeramente superior al resto, según se desprende del informe.
Respecto al año 2021, sí que es verdad que la Intervención destaca la mejora en la inversiones reales y transferencias de capital: la institución presidida por Carlos Mazón ejecutó dos millones más en inversiones reales -de 14 a 16 millones- y transfirió más recursos económicos -de 29 a 39 millones-. En total, en 2022, la institución ha comprometido pagos por unos 20 millones respecto a 2021.
En el lado positivo, el informe destaca que la cancelación de duda a largo plazo, en 2015, ha permitido un ahorro neto, lo que permite a la institución tener más capacidad de autofinanciación.
Así que la institución sólo mantiene la deuda que le corresponde ingresar a la Administración General del Estado. El resto de los datos que presenta el informe también pone de manifiesto que la Diputación de Alicante genera datos en positivo (acumula remanentes -cantidades sin gastar- de unos 300 millones=, que, a su vez, evidenciaría la dificultad por llevar a cabo la ejecución de los gastos contemplados. Por citar algunas cifras: el el resultado ajustado del presupuesto es de 89 millones de euros en positivo. En resumen, la Diputación de Alicante tiene unos remanentes de 236 millones, de los que 138 millones están comprometidos y 98 millones, no.
Esta situación explicaría que el presidente Carlos Mazón anunciara el pasado diciembre para que este 2023 se destinarían 160 millones para ayudas a municipios y diferentes sectores económicos.
El equipo de gobierno alega que la ejecución es baja porque hay muchos convocatorias de ayudas y inversiones que están por concluir y por tanto por justificar. Auguran que esa cifra puede mejorar considerablemente al cierre del ejercicio de 2023.
Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, arremeten directamente contra la gestión de Carlos Mazón. El portavoz del grupo socialista, Toni Francés, ha declarado que "en esta Diputación hay un problema de dirección, un presidente ausente sólo preocupado por su futuro, con convocatorias improvisadas, que no se pueden ejecutar, con plazos que asfixian a los ayuntamientos de la provincia. Carlos Mazón solo busca anunciar planes, sin importar su ejecución, y pretende vivir de los anuncios. Ese es su modelo de gestión, pura fachada".
El portavoz de Compromís en la institución, Gerard Fullana, ha acusado a Mazón de haber “llevado a la Diputación a las peores cifras de gestión que se recuerdan”
