El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, reunidos en Murcia. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA (F. V. / EFE). Las administraciones públicas del Levante se movilizan ante el recorte del Trasvase Tajo-Segura, cuyo plan hidrológico del Tajo supondría una merma del 40% de los envíos de agua hasta 2027. La Región de Murcia y la Diputación de la Provincia de Alicante, tal y como ya han hecho en otras ocasiones, volverán a unir a sus fuerzas para plantar cara al recorte y presentarán alegaciones conjuntas contra el plan de cuenca, recientemente aprobado en el Consejo Nacional del Agua.
Reunidos en Murcia, el presidente murciano, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (ambos líderes del PP regional y valenciano), han escenificado el frente común con la firma de un acuerdo por el que pelearán para que el Consejo de Ministros, que tiene la última palabra, no confirme la disminución de los cuadales. La Región y Alicante se apoyarán en un informe técnico que señala que cada hectómetro cúbico que no acaba en el río Segura a través del acueducto del Tajo acarrea un impacto económico bruto para la economía del Levante de unos 4 millones de euros y una repercusión de 86 puestos de trabajo.
El estudio, elaborado por el catedrático Joaquín Melgarejo, director del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales (IUACA), recoge que desde junio de 2018 hasta 2022, el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera ha decidido en 20 ocasiones recudir los caudales a pesar de estar en nivel 3 "no suficientemente justificado". Se trata de un cálculo "estático, no dinámico", explicó el experto, que señaló que la cantidad de recursos que se dejaron sin trasvasar se elevó a 147 hm3 a pesar de contar con el informe positivo de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, produciendo unos "efectos negativos sobre el valor añadido bruto de la cuenca del Segura de unos 590 millones de euros", de los que 180 repercutirán en la provincia de Alicante.
El catedrático analizó además los efectos del cambio en las reglas de explotación que se aprobó para el último año hidrológico, de julio de 2021 a septiembre de 2022, que supuso que en el nivel 2 de explotación el trasvase se rebajaba de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes, lo que equivale a una reducción de volúmenes de 13 hectómetros cúbicos al año.
La media histórica de transferencias durante los últimos 43 años, mencionó, fue de 320 hectómetros cúbicos, y en el último año se han autorizado 235 hectómetros cúbicos, siendo el regadío "el gran perjudicado", pasando de una media histórica de 200 hectómetros cúbicos a una transferencia de 141,5 hectómetros cúbicos en el último año hidrológico. Asimismo, el experto abordó los efectos del incremento de los caudales ecológicos tal y como se acordaron el pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del Agua sobre la cuenca del Segura a través de un mecanismo de implantación progresiva pasando de los 6 metros cúbicos por segundo actuales a los 7 en 2025; los 7,93 en 2026 y 8,65 en 2027.
Con esa previsión, subrayó, habría una merma en los caudales trasvasables para el regadío de 105 hectómetros cúbicos, lo que significaría la pérdida del 15,62% de la superficie actual de regadíos de la cuenca (unas 27.000 hectáreas), con pérdidas patrimoniales valoradas en 5.692 millones de euros y la pérdida de 15.322 empleos.
El presidente murciano se expresó con dureza en la rueda de prensa. A su juicio, los datos de estos informes constatan el "menoscabo, desprecio y maltrato" del Ministerio hacia la cuenca del Segura, que "roza límites insoportables" no solo para la Región de Murcia y Alicante, sino para el conjunto de España, puesto que el trasvase "riega el 70%de las frutas y hortalizas que exporta" el país. Por eso, lamentó que se cuestione esta infraestructura cuando no hay ningún tipo de debate sobre la "vertebración territorial" del estado ni se cuestiona, por ejemplo, que todos los ciudadanos tengan acceso a la electricidad, independientemente de dónde se produzca ese bien.
Por su parte, Mazón puso el acento en que que la estrategia del Gobierno central para recortar el trasvase ha "generado artificialmente una deuda histórica del agua" al "hurtar” de la economía de la zona 590 millones de euros a través de esa merma del agua". El líder del PP valenciano también recriminó el "silencio cómplice" del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de los socialistas murcianos que hacen, apostilló, "un daño irreparable" en este frente común de defensa del agua.
Ambos mandatarios remarcaron que todas las decisiones relacionadas con los recortes del trasvase se han hecho sin ningún criterio o informe técnico o científico, como tampoco se han justificado desde ese punto de vista el aumento de los caudales ecológicos. Por ello, ambos presidentes harán un frente común para presentar de manera conjunta alegaciones al plan de cuenca del Tajo en el Consejo de Estado, con el objetivo de que su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros no incluya los recortes anunciados hasta ahora. Y si finalmente se aprueba el recorte, han asegurado que acudirán también unidos a instancias jurídicas para garantizar el agua necesaria para los regadíos.
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