Los vicepresidentes Héctor Illueca y Aitana Mas en la rueda de prensa de este viernes. Foto: GVAVALÈNCIA (EFE). El decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales supondrá un incremento de los precios al mejorar las condiciones, que será asumido íntegramente por la Generalitat en el caso de las residencias públicas y concertadas.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, en el que se ha aprobado este decreto que actualiza, moderniza y unifica la normativa de los servicios sociales.
La norma actualiza las ratios de personal de todos los recursos incluidos en el sistema, y apuesta por nuevos modelos de atención convivenciales y un número máximo de plazas más reducido para crear centros lo más parecidos a un hogar, en un sistema centrado en la persona como principio inspirador general.
La incorporación de nuevas figuras profesionales es otra de las cuestiones que incluye el texto, junto con la regulación para que los centros se sitúen en entornos urbanos con acceso a todos los recursos socio-comunitarios habituales.
El decreto también garantiza una cobertura mínima de servicios y recursos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, fomentando un mayor equilibrio entre las zonas de costa e interior, de manera que con cada tipología de centro se indica la implantación territorial.
Mas ha destacado que además de mejorar las condiciones de las personas residentes, poniendo fin a las "macrorresidencias", el decreto favorece la creación de empleo, ya que se prevé la creación de algo más de 4.600 puestos de trabajo.
La implantación de este nuevo sistema supondrá un aumento de los precios de las plazas residenciales derivada de la mejora de las condiciones, pero, según ha destacado Mas, ese aumento "nunca repercutirá sobre la persona usuaria", puesto que lo asumirá la Generalitat.
La vicepresidenta se ha referido así a las advertencias tanto del Consell Jurídic Consultiu (CJC) como de la patronal de las residencias, Aerte, de que el decreto no evalúa adecuadamente el impacto económico para las personas usuarias ni la situación del sector.
Ha asegurado que desde la Conselleria han hecho una memoria económica del coste que tendrá el servicio en los centros públicos y concertados, que son los que paga la Generalitat, y que alcanza los 137 millones hasta 2027, pero no puede hacerlo sobre los centros privados, que son los que representa Aerte.
Ha señalado que nadie pregunta a la Conselleria de Educación "qué cobra un colegio privado a un alumno o alumna" o a la de Sanidad qué cobra un hospital privado a sus pacientes, por lo que no entiende por qué se cuestiona en el caso de los servicios sociales.
"Garantizamos que los usuarios estén atendidos en mejores condiciones", ha defendido la vicepresidenta, quien ha señalado en que la parte púbica puede garantizar que no habrá copagos y que a los usuarios no les costará un euro más, si bien, no puede regular lo que hagan las empresas privadas.
Le gustaría que éstas aplicaran las mejoras que contempla el decreto y no incrementaran los precios, pero ha indicado que "pueden tomar sus propias decisiones" y son ellas "las responsables de sus decisiones, no el Consell".
Mas ha dicho entender que Aerte defienda sus beneficios empresariales, y que próximamente presente un recurso a este decreto, pues es "la tónica habitual" de esta patronal, pero ha pedido "tranquilidad a los usuarios y a las familias" porque con este decreto mejorarán "las condiciones y calidad de vida" de personas en estos centros.
Sobre las observaciones del CJC, ha explicado que ya respondieron que no se puede hacer una valoración económica sobre la parte de una empresa privada y aportaron los informes externos, por lo que todo lo planteado está solventado y explicado, y se puede seguir la tramitación de la norma.
Según Mas, la empresa privada puede decidir no tocar sus beneficios y subir el precio al usuario o no subir los precios a costa de su beneficio, pero en todo caso es "una decisión de la empresa, no de este Consell", ha insistido.
La secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, ha considerado "satisfactoria" la aprobación de una norma trabajada en el marco del diálogo social, que establece "los pilares básicos para una verdadera ordenación y regulación del Sistema de Servicios Sociales" en la Comunitat.
Ha celebrado "un cambio de modelo que prima el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales" y ha denunciado que las asociaciones empresariales "intenten sembrar alarma social entre las personas usuarias de los centros, amenazando con subidas de precios de las plazas por el mero hecho de tener que cumplir con su obligación de mantener unos mínimos de calidad"
