González ante los medios este martesELCHE. El Mercado Central sigue trayendo cola. Y lo seguirá haciendo durante los próximos meses, porque después de la resolución judicial que condena al Ayuntamiento a pagar una indemnización del 3% a Aparcisa del proyecto no realizado, en el seno del equipo de gobierno dan por hecho que habrá una nueva vía judicial. A colación precisamente de la cantidad con la que se tendrá que resarcir económicamente a la mercantil gallega. El bipartito ha adelantado que va a recurrir ese pago, aunque la sentencia indica que tiene que elaborar un expediente con la propuesta de rescisión de ese 3%, pero entiende que esto podría acarrear otra contestación de la empresa exigiendo una mayor cantidad.
En cualquier caso, el primer paso es el recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJCV) para evitar tener que pagar ese porcentaje del proyecto no ejecutado. Se tendrá que presentar pronto porque hay un plazo de tan solo dos semanas para hacerlo. No obstante, como el juzgado ha establecido que se ha de compensar a Aparcisa, o bien habría que esperar a que el TSJCV resuelva sobre si procede o no la indemnización, o elaborarlo paralelamente. Como la ya exadjudicataria del proyecto de Mercado Central pidió una compensación económica en base a otro articulado de la Ley de Contratos, desde el Ejecutivo local se presupone que agotarán las vías judiciales para obtener una mayor compensación.
En cualquier caso, para el bipartito lo primordial de este asunto es que la sentencia considera la ruptura del contrato ajustada a derecho. "Algo que había sido cuestionado por Aparcisa, por la representación de los placeros y por la oposición", señala el alcalde Carlos González. Ha sido el primer gran obstáculo sorteado por el equipo de gobierno, y no exento de las críticas tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Eso sí, sobre la base argumental del juzgado en la sentencia, evita valorar que la misma desinfle los motivos del Misteri d'Elx y el informe de Icomos o el refugio de la Guerra Civil para la rescisión. "No me corresponde valorar los argumentos de la jueza", declaraba el edil, si bien es cierto que entienden que lo que sí es un argumento judicial de peso favorable a la rescisión y que respalda la sentencia es que la alteración del proyecto en más de un 10% (lo que permite la legislación) para amoldar el aparcamiento al refugio era inviable.
Asimismo, González rechaza la postura del PP, en la que advierte de que ese 3% es lucro cesante, y lo califica de "irresponsabilidad" porque a su juicio "ataca los intereses municipales porque se posiciona en contra del interés general al auspiciar ese derecho al lucro cesante que la sentencia no recoge en sus 22 folios". Considera que "están al lado de los intereses particulares de una empresa" y carga contra la formación popular por sus declaraciones acerca de exigir responsabilidad patrimonial de los concejales. Algo que ha molestado al primer edil, este martes declaraba ante los medios que "en este supuesto no hay lugar a la responsabilidad patrimonial, es un disparate jurídico plantearlo por la rescisión".
De hecho no se ha quedado ahí y ha aprovechado para responder con otras sentencias de tiempos del PP "y que no he visto que vaya a exigir a su gobierno y a sí mismo responsabilidad patrimonial", decía el alcalde, en relación a la condena del antiguo funcionario de empleo del PSOE (Joaquín Martínez) en tiempos de gobierno de Mercedes Alonso por no otorgarle la plaza de asesor. "De casi 100.000 euros con los intereses de demora", asegura. También añadía "prácticamente 300.000 euros de la Estación Phoenix por una decisión arbitraria tomada por el gobierno del que formaba parte Ruz", tras el cierre y el despido de la plantilla, y sumaba una condena en costas de 120.000 euros "sobre el legado del archivo de Miguel Hernández". El alcalde arguye que son en total casi medio millón de euros por estas decisiones: "¿Ha pedido Ruz o asumido decisiones o responsabilidad patrimonial? Nadie se lo ha pedido; sí responsabilidad política".
Aunque preguntado sobre que la sentencia del Mercado Central también es precisamente una condena al Ayuntamiento de una indemnización que podría ser de 300.000 euros, González se limitaba a responder que "es una reflexión sobre esta cuestión y la no responsabilidad patrimonial, es una falta de coherencia palmaria. Si el señor Ruz la pide, que empiece él asumiendo sus propias responsabilidades patrimoniales". A partir de ahí, continuaba, "esta es una sentencia que no es firme y que no nos condena a millones de euros como había dicho, ayer ya rebajaba a cientos de miles de euros la indemnización. Lo dejaré claro, el 3% de lo dejado de realizar es el 3% de los 10,4 millones que costaba el proyecto, es decir, unos 300.000 euros".
Así pues, un nuevo desencuentro a colación de un tema que ya se alarga tres legislaturas y que llegará a una cuarta. Ahora queda esperar a los próximos pasos, la presentación del recurso para evitar la indemnización, insistiendo de nuevo en que no se ha tenido en cuenta la cláusula "por riesgo y ventura" que el juzgado nº1 de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado.
A este respecto, según fuentes del ámbito jurídico urbanístico, el famoso porcentaje del 3% es una indemnización estándar como penalización por no cumplir el contrato y puede ser que ese porcentaje sea sobre el presupuesto de licitación. En este caso, esos 10,4 millones de euros; el 3% de la parte que quedaba por cumplir del contrato. Y apuntan a que posiblemente el lucro cesante es un concepto que difícilmente se paga en estos casos.
