Hasta la primera quincena de julio no se sabrá si el Hércules cambia de dueño 

ALICANTE. Hasta la primera quincena del mes de julio no se cerrará la subasta que debería permitir un cambio de accionista mayoritario en el Hércules.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) convocará la celebración de la misma la próxima semana, después de fijar una condiciones entre las que destacará el precio de salida, una vez ha concluido la tasación de tanto el 15,07% de los títulos del club que están en manos del banco del Consell, tras la subasta de bienes y derechos de Aligestión Integral, como del derecho de crédito que ostenta contra la Fundación, cuyo importe asciende a 18 millones de euros y en virtud del que se mantiene embargado el paquete de acciones propiedad de esta y que representa un 72,69% del capital social del club blanquiazul.

Precisamente esta semana ha finalizado el trabajo del auditor externo contratado por el IVF para llevar a cabo la valoración tanto del lote a subastar, como del Hércules (una SAD en causa legal de disolución) y de su Fundación (su nula solvencia).

Publicidad y concurrencia

Tras la convocatoria que se realizará mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abrirá un plazo de 15 días para presentar ofertas que el banco del Consell luego habrá de puntuar; de ahí que parezca harto complicado que se pueda saber si hay un 'ganador' antes de la segunda semana de julio y siempre que no ocurra nada excepcional: el proceso no es exactamente el mismo que se puso en práctica por el IVF en relación con el Elche (subasta notarial en el portal electrónico del BOE), pero de haber la concurrencia que tanto anhela Manuel Illueca, podrían producirse impugnaciones que dilaten todo.

Hasta la fecha, Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz son los únicos que han mostrado públicamente interés por concurrir a una subasta en la que el primero ha manifestado en varias ocasiones que no están dispuestos a desembolsar más de 300.000 euros, de hecho en alguna ocasión ha llegado incluso a apuntar que había un principio de acuerdo con el IVF al respecto. Pero el precio de salida no está ni mucho menos decidido, tal y como ya manifestaba el propio Illueca meses atrás a Alicante Plaza y reiteraba este mismo jueves en sendas entrevistas concedidas a la Cadena COPE y Onda Cero, en las que hizo referencia al informe de tasación encargado y con el que decía esperaba contar ya este viernes. El director general del IVF no se mostró especialmente preocupado con la situación del club blanquiazul (ayer precisamente vinculaba Ramírez una solución al problema de la deuda con la Agencia Tributaria a que resulte adjudicatario en la subasta de las acciones), es más, se esforzó en recordar que el organismo que dirige es más bien 'víctima' del club y más concretamente de los incumplimientos de su Fundación. 

Decisión de recuperación

Respecto a la decisión de recuperación dictada hace un año por la Comisión Europea y los 6,9 millones de euros que en virtud de la misma ha de abonar el Hércules al banco del Consell, Illueca dejaba entrever que puede darse a conocer en los próximos días, un avez ha finalizado la competición, el auto por el que el Tribunal General de la Unión Europea estimará o no la suspensión cautelar de la obligación de pagar la citada suma solicitada por la entidad de Foguerer Romeu Zarandieta que busca esquivar el pago hasta que el citado órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el recurso de nulidad también interpuesto.

Aunque Juan Carlos Ramírez incluyó el abono de la citada suma en su "última oferta" a la Agencia Tributaria, planteando un pago fraccionado y condicionado a que el Hércules milite en el fútbol profesional, la realidad es que no está nada claro que en primer término sea el fisco quien tenga que cobrar la suma que se le reclama al Hércules, además de que, como hemos recordado en este medio en numerosas ocasiones, la política de recuperación de la Comisión solo contempla el pago "inmediato y efectivo" o la liquidación como alternativa, al tiempo que la propia Ley General Tributaria establece expresamente que no es posible el fraccionamiento/aplazamiento de cantidades correspondientes a decisiones de recuperación y tampoco que tengan la naturaleza de crédito contra la masa, como es el caso de los 6,9 millones de euros que Bruselas entiende que ha de pagar el Hércules.