Francisco Gómez y Salvador Navarro se saludan, en mayo, en la sede de Coepa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Fin a 39 años de historia. La patronal alicantina, Coepa, fundada en 1978, no llegará a celebrar su 40º aniversario. El comité ejecutivo de la confederación empresarial alicantina acordó ayer por la tarde, a propuesta de su presidente, Francisco Gómez, iniciar el proceso de liquidación de la entidad. El motivo, como ha venido contando este diario, es que el embargo de sus cuentas ejecutado por el Servef para recuperar 1,9 millones de euros en subvenciones impide a la patronal cumplir el convenio de acreedores que le permitió salir del concurso hace un año.
El proceso de liquidación ordenada que propuso Gómez (presidente en funciones desde hace 20 meses, cuando dimitió Moisés Jiménez para intentar facilitar un acuerdo con el Consell que evitase este escenario) asomaba desde hacía meses como algo más que una posibilidad. El pasado mes de octubre, el presidente de la patronal ya daba por sentado en privado (y en algunas ocasiones en público) que el Servef iba a forzar la liquidación de la organización empresarial, al llevar a la vía ejecutiva la reclamación de las subvenciones. Solo faltaba saber el cuándo. De ahí que, junto al presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, activase la creación del Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante (Cepal), concebido como una plataforma que unificase la representación empresarial de la provincia y que, con el tiempo, ocupase el lugar de Coepa.
Gómez, de hecho, ya negocia con el presidente de la nueva patronal autonómica, Salvador Navarro, la entrada de Cepal (y no Coepa) en la CEV. Así lo desveló el propio dirigente empresarial en un comunicado este jueves, en el que informaba de una nueva reunión con su homólogo valenciano para abordar la operación. Como sucedía con Coepa, el principal escollo es la representatividad territorial: la nueva CEV no quiere ni oír hablar de cuotas territoriales en la asamblea que permitan una 'pinza' Alicante-Castellón; desde Alicante no quieren renunciar a la personalidad jurídica propia y la libertad de acción (de ahí la apuesta por Cepal, para poder agrupar a las asociaciones sectoriales, federaciones y empresas de la provincia, más allá de que formen parte de CEV).
Por eso es tan importante que la nueva patronal alicantina exista cuanto antes, de forma que no se genere un vacío de poder en la provincia. Como ha contado Alicante Plaza, la Generalitat ha pedido a sus promotores que aclaren si su ámbito de actuación es provincial o autonómico, al encontrar contradicciones entre los artículos 2 y 6 de los estatutos en este sentido. Una objeción que retrasará los trámites para constituir la nueva organización.
Con esta estrategia sobre la mesa, el presidente de Coepa mantuvo en la mañana del jueves una reunión con Salvador Navarro para avanzar en las negociaciones sobre la posible integración de Cepal en la patronal autonómica. El presidente de Coepa señaló en el citado comunicado que "se han fijado los primeros meses de 2018 como fecha máxima para formalizar la integración de Cepal en CEV". En este sentido, insistió en que "seguimos avanzando para buscar la mejor fórmula de integración", y destacó "la buena sintonía y la actitud posibilitadora por ambas partes" para alcanzar un acuerdo.
En cuanto a la liquidación de Coepa, el presidente de los empresarios de Alicante lamentó desenlace "tras más de 20 meses de lucha", desde que accedió al cargo tras la dimisión del anterior presidente, y admitió que la liquidación es consecuencia de "errores propios del pasado", pero también "por una actuación directa e indirecta de los últimos gobiernos autonómicos dirigidas a hundir la entidad, a acabar con ella". Una situación que, criticó, "deja a los empresarios, y al conjunto de la provincia de Alicante, más empobrecida, con menos voz, con menos fuerzas e indefensos ante las decisiones de Valencia y Madrid".
Acostumbrado a no morderse la lengua, Gómez recordó que "había soluciones para que la administración, los extrabajadores y la patronal no perdieran, y se prefirió saltar todo por los aires a cambio de centralizar las voces empresariales en Valencia". En este sentido, cabe recordar que con el embargo de las cuentas y la consecuente liquidación de la patronal, el Servef recuperará una parte ínfima de los 1,9 millones de euros que reclama, y los exempleados se quedarán sin cobrar las cantidades que se les adeudan por el último ERE. Antes del embargo, Coepa había cancelado los créditos ordinarios (la gran mayoría eran con la extinta patronal autonómica Cierval, también liquidada) y los subordinados.
Para Gómez sí había otro camino. "Lo intentamos con el concurso de acreedores, al que llegamos en parte por errores propios heredados, que tenía solución con el plan de viabilidad que aceptó el juzgado". Así, recordó que "la dación en pago a la Administración autonómica del centro de oficios habría permitido saldar la deuda, abrir un centro de formación importante para la Comunitat Valenciana, y hubiéramos podido seguir pagando a los extrabajadores y resto de acreedores". Como ha contado este diario, el centro de oficios se ofreció por primera vez por burofax al IVF, que había concedido la hipoteca para levantarlo, en enero de 2017, tras la aprobación del convenio, hace casi un año. A día de hoy sigue en manos de la patronal.
"La provincia de Alicante está sufriendo un proceso de desmantelamiento, que tuvo su punto más grave con la pérdida de la CAM, pero que se ha ido acelerando con la pérdida de grandes proyectos como Ciudad de la Luz, el parque temático de Benidorm, el abandono del puerto y la reducción de las inversiones. También sobraba Coepa y hasta terminar con su vida a los casi 40 años han puesto todos los esfuerzos". La situación vivida demuestra, a su juicio, que no hay interés en "coser la Comunitat, sino en desgarrar lo que sea necesario para centralizar la toma de decisiones, controlar con menos actores posibles las reivindicaciones y someterlas voces críticas al silencio".
