EL CAMPELLO. En un principio se podía pensar que se trataba de un gobierno con sus más y sus menos, pero lo cierto es que el malestar en el tripartito campellero es palpable. La pugna interna entre PP y Cs sigue. Durante poco menos de dos meses, la Concejalía de Contratación ha estado en manos del alcalde, Juanjo Berenguer (PP), quien cogió sus riendas cuando el exedil naranja Javier Martín la dejó huérfana al renunciar a su cargo y a la política por cuestiones de salud. Sin embargo, el primer edil se negó a cederla cuando el sucesor de Cs, Javier Giner, tomó posesión, alegando que la jornada parcial de este nuevo integrante no sería suficiente para dicha área.
Es ahora cuando la la formación naranja ha recuperado Contratación, concejalía que era suya por pacto de gobierno firmado al inicio de la legislatura 2019-2023. Una devolución a la que también instó la cúpula autonómica de Cs. Pese a esta ofrenda de paz, los movimientos no dejan de sucederse. Parece que la devolución del área ha sido un regalo envenenado, pues el mismo día en que el alcalde firmó el decreto de delegación de las competencias, también firmó otro ordenando que las mesas de contratación pasaran a estar formadas íntegramente por técnicos municipales, eliminando de ellos a los políticos. Un movimiento que Cs ha interpretado como un "si el PP no ostenta Contratación, los políticos salen de las mesas".
Según ha declarado el portavoz naranja, Julio Oca, en un comunicado, esta decisión ha sido "unilateral y sin mediar diálogo", comunicada el mismo día en que se notificó al grupo municipal, vía WhatsApp, que se le devolvía Contratación. Con este decreto, "se priva de la posibilidad de presidir las mesas" al nuevo edil de Cs, Javier Giner, quien "intentó dialogar con el alcalde sobre esta cuestión. La negativa a revocarla fue la única respuesta", aseguran desde la formación afectada.
Es cierto que, en octubre de 2015, el PP presentó una moción desde el bando opositor pidiendo que se eliminara a los políticos de las mesas de contratación. Propuesta que fue rechazada por once votos en contra. Sin embargo, Oca ha recordado que "pudiendo haber ejecutado esta moción desde el principio de nuestro mandato, el PP ha esperado a verse obligado a devolver la competencia de Contratación a Cs para decretar la salida de los políticos de las mesas".
Esta no es la primera vez que saltan chispas entre PP y Cs. En capítulos anteriores destaca la subida de la factura del agua por el uso de la desaladora de Mutxamel, propuesta en la que la formación naranja se alió con la oposición (PSOE, Compromís, EUPV, Podem y RED) para tumbarla en primavera de 2021. El portavoz de Cs y primer teniente de alcalde calificó en su día esta revisión de precios como un "cheque en blanco" y aclaró que no era el equipo de Gobierno quien lo presentaba, sino el PP.
El edil naranja también denunció "presiones" por parte del alcalde, afirmando que le "intentó quitar de la firma de un informe técnico del Departamento de Infraestructuras y mandó que se hiciera un expediente paralelo para poder seguir la tramitación de este punto" sin la firma de Oca, "como así ha sido". Por su parte, Juanjo Berenguer defendió que no fue presión, sino llamadas "reiteradas" para que Oca "diera el visto bueno o rechazara el informe que ya habían firmado los técnicos y ante el bloqueo de un informe yo hice otro expediente".
En ese momento, ya se habló sobre una posible salida de Cs de la ejecutiva municipal, un rumor que Oca despejó. "¿Por qué tengo que presentar una carta de dimisión? Estoy defendiendo lo que entiendo que me están pidiendo mis afiliados y votantes", declaró. "Que yo tenga que dimitir por hacer mi trabajo bien no es una opción; quien tendría que dimitir es quien no está haciendo bien su trabajo", apostilló.
La tensión entre ambas formaciones también fue protagonista en verano, cuando la portavoz del Partido Popular, Lourdes Llopis, invitó a los ediles de Cs a que abandonaran la coalición, tras un comunicado de la formación naranja en el que Oca criticaba la "decisión unilateral desde la Concejalía de Recursos Humanos y Alcaldía" sobre no renovar el puesto de trabajo del arquitecto municipal y responsable del servicio de Playas.
Acción reacción, ante este comunicado, la portavoz popular manifestó no entender por qué los ediles de Cs permanecían en sus cargos "si tanto les desagrada estar ahí. Por ética política, por coherencia y por dignidad, deberían irse de forma inmediata". Y añadía que "no puede entenderse que un socio del gobierno ataque de esta forma a otro socio, sin otro objetivo que trasladar a la opinión pública una situación de desgobierno que no es real y que a nuestro entender únicamente pone de manifiesto incapacidades personales y políticas para el desarrollo de las funciones que les fueron encomendadas tras las elecciones de 2019".
Después de este roce entre las dos formaciones principales del gobierno campellero, Cs denunciaba en otoño que los populares les habían dejado fuera de la negociación de los presupuestos para 2022. Ante esta situación, el grupo naranja presentó a su socio de gobierno su propuesta de borrador para las cuentas municipales, considerando que algunas de sus áreas habían quedado "infrafinanciadas".
La versión del PP sobre los presupuestos fue distinta a la de Cs. Los populares aseguraron que sí se había contado con todos los grupos que integran el equipo de Gobierno para elaborar el documento presupuestario: "Las nuevas cuentas se han hablado con todos los partidos del gobierno municipal desde hace tiempo. Llevan mucho tiempo preparándose", declararon. Unas afirmaciones que fueron confirmadas por el tercer miembro de la ejecutiva local, VOX, quien dio cuenta de las diversas reuniones sobre el asunto.
El Síndic de Greuges insta al Gobierno campellero a dar acceso a los informes solicitados por EU-UP sobre la reforma del spa.