El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Limpieza, Manuel Villar, en la presentación de los últimos vehículos incorporados al servicio.ALICANTE. Ahora sí: el Ayuntamiento de Alicante encuentra el camino despejado para poder licitar el servicio que supone un mayor coste para las arcas municipales. Se trata de la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos, que saldrá a concurso por un precio de 43,2 millones anuales y ocho años de duración. Es decir, por un montante global de 346,2 millones, en función de los cálculos incorporados en la estructura de costes del contrato elaborada por los técnicos del departamento de Limpieza.
El espaldarazo definitivo a esa contratación se produce a partir de la resolución favorable ya confirmada por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana respecto a esa estructura de costes. La autorización de dicho organismo, adscrito a la Conselleria de Hacienda, quedó notificada hace dos semanas y representa el último trámite administrativo pendiente para que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) pueda aprobar la convocatoria del concurso, según apuntaron fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza.
A partir de ahora, el departamento de Limpieza solo tendrá que recopilar toda la documentación relacionada con la nueva planificación del servicio para poder remitir el expediente al área de Contratación con el fin de que puedan aprobarse los pliegos del concurso en Junta de Gobierno en el menor plazo posible. La fecha concreta para que eso suceda todavía es una incógnita, aunque todo parece indicar que se demorará al menos hasta el mes de enero, dada la acumulación de varios días festivos durante el mes de diciembre.
Con esa hipotética programación, el contrato quedaría adjudicado a principios de 2023. Entre tanto, la prestación seguirá en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) en virtud de la prórroga aprobada el pasado mes de agosto con una duración máxima de dos años, hasta septiembre de 2023. En todo caso, la nueva concesionaria que resulte seleccionada en el proceso podría tomar las riendas del servicio de manera anticipada, en el momento en el que se pueda formalizar la adjudicación.
Al tiempo, también parece quedar postergada hasta el próximo año la modificación del contrato vigente para incorporar la recogida selectiva de los residuos orgánicos (restos de comida) que se había anunciado con la intención de que pudiese entrar en vigor desde inicios de 2022 al menos con dos primeras rutas. Por el momento, no se ha llegado a fijar una fecha definitiva para que pueda instaurarse esa separación de origen y solo se mantiene el compromiso de que pueda aplicarse a lo largo del nuevo ejercicio. Lo cierto es que no será una implantación sencilla, en la medida en que requiere de la incorporación de maquinaria específica, además de la disposición de los contenedores destinados para el depósito de esa facción de los desechos urbanos.
Como ya ha informado este diario, el suministro de 2.000 primeros contenedores se ha adjudicado a la empresa Contenur por un importe de 1.778.700 euros con la previsión de que puedan entregarse a corto plazo. No obstante, todavía no se ha tramitado la revisión de precios del servicio que resulta necesaria para incorporar esa nueva prestación, no contemplada en el contrato que se adjudicó en 2012. En principio, se estima que esa prestación adicional suponga un incremento de costes de 1,1 millones anuales.
