El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en la presidencia del pleno.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha vuelto a eludir este jueves, en el transcurso del pleno ordinario de mayo, la toma de decisiones respecto a las manifestaciones ofrecidas por el comisario principal de la Policía Local, José María Conesa, durante su comparecencia ante la comisión de fiscalización de las oposiciones a la Policía Local bajo sospecha del denominado caso enchufes.
La portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, ha respondido a la pregunta formulada por el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, sobre qué medidas había adoptado el alcalde, Luis Barcala, después de que Conesa apuntase a la existencia de un complot contra él, supuestamente orquestado por mandos subordinados suyos con el fin de forzar su destitución. De España ha insistido en que Conesa ya había presentado una denuncia ante la Comisaría de Policía Nacional en relación a esos hechos y que, por tanto, no cabía adoptar ninguna decisión adicional puesto que "el asunto está judicializado" y ya está siendo objeto de investigación, según ha recalcado.
Así, De España -y no Barcala, a quien se había dirigido la pregunta en realidad- ha emplazado a Bellido a "dejar de jugar a los detectives" y a no tratar de buscar rédito político "sobre todo", instigado por la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2023. En esta línea, De España ha recalcado que el equipo de gobierno actuará en consecuencia en cuanto se conozca cuál es el resultado de las investigaciones policiales y judiciales sobre la denuncia registrada por Conesa, y otros mandos policiales, respecto a la distribución del escrito anónimo en el que se apunta la existencia de irregularidades en el desarrollo del proceso de selección, en beneficio de determinados aspirantes con supuestas vinculaciones familiares con mandos policiales, otros agentes, concejales y expolíticos, representantes sindicales y responsables de empresas que prestan servicios municipales.
La respuesta facilitada por De España ha sido, así, la misma que ya ofrecieron tanto los portavoces del equipo de gobierno, Antonio Manresa y Manuel Villar, como el mismo alcalde, Luis Barcala, días después de que se produjesen la intervención de Conesa ante la comisión. En ese momento, el primer edil ya señaló que no se actuaría al respecto al existir diligencias en curso.
Las manifestaciones de Conesa también han motivado una segunda propuesta, en forma de declaración institucional promovida por el PSOE, con el fin de que el alcalde "abra una investigación interna para esclarecer las acusaciones" formuladas por el comisario principal ante la comisión de fiscalización de las oposiciones. La edil socialista Llanos Cano ha defendido que se trata de una oportunidad para que el alcalde "rompa su silencio" y decida intervenir ante "la gravedad de los hechos" puestos de manifiesto por Conesa. A su juicio, no se puede permitir que no se adopten decisiones cuando el máximo responsable de la Policía Local ha denunciado la existencia de una trama protagonizada por "delincuentes" con la intención de apartarle de su puesto.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha avanzado su rechazo a la declaración con el argumento de que las manifestaciones de Conesa ya son objeto de una investigación y que están judicializadas. Además, ha incidido en que "no se puede dar credibilidad solo a las palabras formuladas por una persona". Así, ha insistido en que "Vox no va a participar en ningún circo". Por parte de Compromís, su portavoz Natxo Bellido ha considerado "inaceptable" que, ante las palabras del comisario principal, "el alcalde no haya mantenido una reunión con él y que haya adoptado medidas al respecto". En esta línea, ha apremiado al equipo de gobierno a mantener el compromiso de transparencia que anunció cuando transcendieron las presuntas anomalías en el desarrollo de las oposiciones y ha vuelto a conminar a Barcala y al edil de Recursos Humanos, José Ramón González, a solicitar su comparecencia voluntaria ante la comisión creada para dilucidar si existieron esas irregularidades.
PP y Cs también suman a Vox para rechazar la apertura de una investigación interna sobre las acusaciones sobre la existencia de un 'motín' formuladas por el comisario principal de la Policía
Por Unides Podem EU, su portavoz Xavier López, también ha considerado necesario actuar para esclarecer las acusaciones de Conesa "que pueden haber sido el origen de la denuncia" sobre las supuestas irregularidades en el desarrollo de las oposiciones, y ha anticipado que su formación promoverá una iniciativa en un próximo pleno para que se constituya una comisión de fiscalización específica sobre la denuncia formulada por el comisario principal respecto a la trama urdida contra él. "Ustedes tendrán que votarla y retratarse si se plantean rechazarla", ha señalado.
Por el equipo de gobierno, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha vuelto a insistir en que Barcala y González se ofrecieron a comparecer ante la comisión de forma voluntaria y los grupos de la oposición se negaron a votar su aceptación. Además, ha abundado en que, con esta nueva iniciativa, "vuelven a hacer el ridículo". Así, ha sostenido que, "cuando se les acaba el discurso, porque las cosas no les salen como les hubiera gustado, salen con las acusaciones de obstruccionismo y de falta de transparencia". Por último, no ha dudado en apremiar a Bellido a ofrecer explicaciones sobre las subvenciones concedidas a Escola Valenciana durante el pasado mandato, y ha recordado el episodio del caso micro, también protagonizado durante el pasado mandato, tras la ruptura del extinto tripartito. Así, en el momento de la votación, la declaración institucional del PSOE ha quedado rechazada con los 16 votos de PP, Cs y Vox, frente a los 13 votos a favor de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
En la sesión también se ha debatido otros asuntos como la suspensión de licencias en el entorno de la Plaza de Toros o el rechazo a la reprobación del alcalde y del edil de Urbanismo por bloquear el funcionamiento de la comisión sobre el Valle de Fontcalent.
