Local de Macson en Maisonnave, cerrado tras el decreto del estado de alarma. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Uno de los primeros sectores afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, y el que la está viviendo de forma más intensa, es el comercio minorista y la hostelería. Exceptuando aquellos comercios que se dedican a la alimentación o que realizan envíos a domicilio, la mayoría está cerrado desde el viernes 13 de marzo, y con la previsión de no volver a abrir al menos hasta mayo. El nuevo decreto de este fin de semana obliga, además, a cerrar también despachos profesionales.
¿Qué sucede con el alquiler de los locales que ocupan dichos negocios, la gran mayoría de los cuales no es el propietario de su comercio? El Gobierno ha articulado toda una serie de medidas excepcionales para mitigar el cierre forzoso de infinidad de sectores, pero este caso es un punto oscuro. Sin solución general, la situación particular de cada negocio ha quedado en manos de una negociación, caso por caso, con los propietarios. Y el marco en el que se está realizando es el Código Civil vigente.
Según explican fuentes del sector consultadas por Alicante Plaza, muchos comercios, incluso grandes franquicias de moda, están negociando (y en muchos casos, consiguiendo) una exención del mes de abril. "La renta de marzo ya se había pagado, por lo que muchos propietarios están aceptando eximir del pago de abril y, en mayo, decidir qué se hace según esté la situación". En muchos casos, todo apunta a que para mayo se podrá pactar una rebaja hasta del 50%, en función de cómo evolucionen la pandemia y el confinamiento.
La misma situación se está dando en los comercios y franquicias que operan en centros comerciales. Cada negocio tiene que pactar directamente con la gerencia la posible exención o rebaja del alquiler. "En términos generales, los propietarios están siendo bastante sensibles a la situación", explican desde la federación de comerciantes de Alicante, Facpyme. Hay que tener en cuenta que las ventas de la segunda quincena de marzo han sido de cero euros, y que los negocios tienen además otros varios costes fijos (autónomo, declaración del IVA, pago fraccionado a proveedores...) que no han podido aplazar.
El Código Civil permite suspender el pago de la renta, según explica una fuente del sector de la intermediación inmobiliaria especialista en retail, cuando se justifica por causa de fuerza mayor, como es el caso. No obstante, se precisa de un acuerdo entre arrendador y arrendatario para no terminar con el asunto en los tribunales. De hecho, algunos grandes propietarios de locales comerciales ya han avisado a sus inquilinos que no van a suspender el pago del mes de abril, y que en cuanto se acumulen dos meses de impago iniciarán acciones legales para desahuciar, según explica también esta fuente.
En el lado contrario, grandes retailers con suficiente fuerza como para negociar por razón del número de locales que gestionan en toda España ya han anunciado que no van a pagar la renta del próximo mes, y que tienen intención de renegociar a la baja los actuales contratos una vez superada la crisis sanitaria. "Ya es evidente que el coronavirus nos va a sumir en una profunda crisis económica, por lo que los precios que se pactaron antes de la pandemia se van a quedar probablemente fuera de mercado", indica en este sentido otra fuente del sector.
