El cementerio de Alicante. Foto: Ayuntamiento de AlicanteALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, trata de acelerar la contratación de servicios municipales que se prestan sin el respaldo de un contrato en vigor con el lanzamiento de una nueva licitación: la que atañe al servicio de actividades funerarias, limpieza y mantenimiento integral del cementerio municipal. Fuentes municipales confirmaron a Alicante Plaza que la convocatoria del concurso para normalizar la prestación solo depende ya de que se introduzcan las últimas correcciones solicitadas por el departamento de Intervención, por lo que la licitación se aprobará en las próximas semanas en Junta de Gobierno. Se trata de una labor que ya estarían desarrollando los técnicos de la Concejalía de Infraestructuras que coordina el edil José Ramón González (PP), que asume las competencias sobre el cementerio.
El concurso se convocará por un plazo de cinco años de duración y un importe global de 2,6 millones, a razón de 550.000 euros anuales. El último contrato en vigor, en manos de Ferrovial, se extinguió en julio de 2019 tras agotar su plazo de duración inicial, de dos años, sin que se haya ejercitado la posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales. Desde entonces, PP y Cs se ven obligados a aprobar pagos por la prestación del servicio a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito, que ya ha motivado varios informes de advertencia por parte del interventor municipal, en alusión al conjunto de servicios que se vienen desarrollando sin concesión en vigor. De hecho, es lo que sucedió este mismo martes, con el acuerdo de pago de otros 59.370 euros por el servicio prestado en los meses de agosto y septiembre, alcanzado en la Junta de Gobierno.
Lo cierto es que, especialmente en el caso de la contrata del cementerio, no es una situación novedosa. El equipo de Gobierno constituido por PSOE, Guanyar y Compromís tras las elecciones de 2015 también tuvo que recurrir a ese procedimiento durante dos años, después de que venciese la última prórroga concedida al anterior concesionario, Ortiz e Hijos, como informó este diario.
Ahora, con la nueva licitación del servicio, PP y Cs despejan el camino para otra prestación municipal de entre la larga lista de contrataciones pendientes que el bipartito tenía que abordar desde que se produjo su llegada al poder, en junio de 2019. Hasta el momento, ya se ha adjudicado el contrato de señalización viaria y se han licitado el servicio de telecomunicaciones y el de mantenimiento y reparación de aceras. Además, también se ha licitado el contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes, cuya adjudicación sigue bloqueada a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dirima el futuro de la relación de recursos cruzados interpuestos por STV Gestión y Geamur.
Sin embargo, todavía debe abordarse la convocatoria de un nuevo concurso para la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, después de que el bipartito acordase la licitación impulsada el pasado mes de agosto para elaborar un nuevo pliego con modificaciones, después de que se presentasen hasta tres recursos distintos, como también informó este diario.
PP y Cs han licitado ya el servicio de señalización, el de telecomunicaciones, el de reparación de aceras y el de conservación de zonas verdes, pero aún deben afrontar los de limpieza escolar, transportes y limpieza viaria
Por último, también debe impulsarse la contratación de los dos servicios que suponen un mayor coste de los que dependen del Ayuntamiento. Se trata, en primer lugar, del servicio de transporte público en autobús, que vence el próximo mes de julio después de que, en 2018, se concediese una prórroga extraordinaria de dos años de duración a Masatusa (Grupo Vectalia): la empresa que asume su concesión desde hace más de 50 años. Y en segundo término, del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y tratamiento y eliminación, cuyo contrato vence el próximo mes de septiembre. Por lo pronto, el equipo de Gobierno trabaja en la redacción del Proyecto de Gestión del Plan Zonal y en la del Plan Local de Residuos como pasos previos para poder impulsar su nueva contratación, aunque ya se da por asumido que tendrá que acordarse una prórroga para garantizar su prestación.
En ese proceso, PP y Cs continúan velando por el cumplimiento del contrato, ahora en manos de una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica. De hecho, como también ha avanzado este diario, el bipartito aprobó este martes en Junta de Gobierno una propuesta de sanción por un importe de 123.000 euros (hasta ahora desconocido) al considerar que la concesionaria ha incurrido en una falta muy grave por el hecho de no haber facilitado la auditoría anual prevista en el pliego de condiciones correspondiente al ejercicio de 2016. En realidad, la UTE sí aportó un informe relativo a ese ejercicio que, no obstante, el ayuntamiento no consideró validó. De hecho, en 2018 ya se requirió para que subsanase la falta de información respecto a esa auditoría.
